La Justicia de Tucumán rechazó nuevamente el pedido de cese de prisión preventiva o, en subsidio, arresto domiciliario para Justina Gordillo, la secretaria judicial de 48 años imputada por encubrimiento en el marco de la investigación por el femicidio de Érika Antonella Álvarez.
La decisión fue adoptada este miércoles 25 de marzo por la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci durante una audiencia solicitada por la defensa técnica de la acusada. Gordillo permanece detenida desde el 10 de febrero en el penal de Delfín Gallo.
La auxiliar de fiscal Carolina Brito se opuso al planteo al argumentar que los riesgos procesales “no solo se encuentran vigentes, sino que se van acrecentando”. Según la representante del Ministerio Público Fiscal, el delito de encubrimiento implica la posible ocultación, alteración o desaparición de rastros y evidencias vinculadas al hecho principal. De recuperar la libertad, señaló, la imputada podría obstaculizar la investigación.
La querella adhirió a esos argumentos y también se manifestó en contra de la modificación de la medida coercitiva.
No se trata del primer rechazo: hace tres semanas otro magistrado ya había denegado un planteo similar.
Al fundamentar su resolución, la jueza Apás Pérez de Nucci subrayó la gravedad del caso. “Este es un hecho sensible. Es un hecho de femicidio, la calificación penal más grave, sancionada con una pena perpetua. Por supuesto, esa pena no incide en quien encubre, pero sí en la valoración de la conducta. No es un encubrimiento con una actividad pasiva. Acá hay una participación activa de encubrimiento”, afirmó.
La investigación, a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios I que dirige el fiscal Pedro Gallo, sostiene que Gordillo colaboró activamente en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, de la camioneta utilizada en el crimen y en la desaparición de otros elementos de prueba. Además, habría asistido en la fuga de su pareja, el principal imputado Felipe Sosa, hacia la provincia de Buenos Aires, y actuado con ánimo de lucro al concretar la compra de una motocicleta a su nombre y recibir poderes para operaciones bancarias y administrativas sobre empresas vinculadas al acusado.
El cuerpo de Érika Antonella Álvarez, de 25 años, fue hallado el 8 de enero en un basural de Manantial Sur, tras haber sido asesinada en la madrugada del 7 de enero de 2026. La joven estudiaba enfermería y vivía sola en San Miguel de Tucumán.
En este contexto, la causa incorporó elementos de particular relevancia sobre el estado emocional de la víctima en los días previos a su muerte. Mensajes de WhatsApp enviados por Antonella Álvarez a su madre revelan el miedo que la joven experimentaba y su percepción de estar siendo perseguida. “Mamá, yo te voy a decir algo, tengo miedo, a mí me persiguen”, le escribió, según el relato familiar. En otro intercambio, confirmó el temor ante un auto que se acercó y que asociaba con “los de esa casa”. Su último mensaje fue: “Mamá mañana voy a comer”.
Estos intercambios, junto con una carta o expresiones adicionales en las que la joven anticipaba su intención de quitarse la vida, fueron incorporados a la investigación y resaltados por la querella. Reflejan un cuadro de profunda angustia y alarma previa que, según la familia, Antonella no profundizaba para no preocuparlos, en un intento por protegerlos.
La familia de la víctima ha manifestado públicamente su dolor y exigido justicia, señalando que la joven sabía de injusticias y vivía con temor.
Gordillo, quien en un primer momento negó conocer a la víctima, enfrenta una imputación provisoria por encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado: por la gravedad del hecho precedente (femicidio), por ánimo de lucro y por su condición de funcionaria pública. Junto a ella permanecen detenidos Felipe Sosa (50 años), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40).