El Tribunal de Impugnación anuló la condena a prisión perpetua dictada contra Nicolás Marcelo Fernández por el homicidio de su pareja, Lidia Vanesa Pérez, ocurrido el 30 de diciembre de 2023 en Simoca, y dispuso la realización de un nuevo juicio oral.
Los jueces Paul Hofer, Jorge Carrasco y Edgardo Sánchez consideraron que el tribunal de juicio incurrió en violaciones al principio de congruencia, al modificar aspectos esenciales de la acusación durante el debate —como el acotamiento del margen horario del hecho y la incorporación de una descripción de la conducta no planteada originalmente—, lo que limitó la defensa. Además, declararon la nulidad de la autopsia practicada sobre el cuerpo exhumado, por no haber notificado a la defensa para que designara un perito de parte.
La decisión, adoptada tras las impugnaciones presentadas por los abogados Cergio Morfil y Guillermo Doods, devuelve la causa a foja cero para un nuevo debate con jueces distintos.
Según la acusación original, a cargo de la fiscal Mónica García de Targa, Fernández habría estrangulado a Pérez con un cable eléctrico en la vivienda que compartían y luego intentado simular un suicidio. La querella, representada por Benjamín Núñez Arévalo, adhirió a esa hipótesis, respaldada en testimonios sobre un contexto de violencia de género y pericias del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF).
Sin embargo, la defensa insistió en que no se valoraron adecuadamente elementos que sostenían la posibilidad de un suicidio. Entre ellos, una carta manuscrita hallada debajo de un horno en la vivienda y, especialmente, mensajes de WhatsApp enviados por la propia víctima** en los que manifestaba su intención de quitarse la vida.
Estos elementos, según los impugnantes, no recibieron la profundidad necesaria en la investigación ni en la sentencia condenatoria del 2 de julio de 2025. La defensa también cuestionó la calidad de las fotografías del lugar del hecho —calificadas incluso por el propio tribunal como “mediocres”— y otras inconsistencias en la valoración probatoria.
El Tribunal de Impugnación admitió parcialmente los planteos, excluyó la pericia de autopsia y los testimonios derivados de ella, y ordenó un nuevo juicio sin esas pruebas. Rechazó, en cambio, otros argumentos referidos a la presunción de inocencia.
El Ministerio Público Fiscal rechazó la impugnación y anunció que recurrirá la resolución ante la Corte Suprema de Justicia provincial, defendiendo la solidez de las pruebas científicas y el contexto de violencia de género acreditado en el debate.
El caso, que generó controversia desde el inicio, se ventiló en el Centro Judicial de Monteros y vuelve ahora a una instancia inicial, con el desafío de reconstruir la acusación respetando estrictamente las garantías del debido proceso.