En Tucumán se consolida una peligrosa tendencia totalitaria: importantes funcionarios y operadores políticos con poder recurren a la Justicia para obtener medidas rápidas que obligan a eliminar críticas y a abstenerse de publicar nuevas, sin necesidad de un juicio de fondo. José Hugo Saab, secretario general de la UNT y histórico operador de la casa de altos estudios, acaba de sumarse a esa moda con una demanda de tutela autosatisfactiva contra el portal El Tucumano.
En su escrito, Saab exige el cese inmediato y la eliminación de todas las publicaciones que lo vinculan al desvío de fondos de YMAD o lo califican con apodos como “La Gorda Impunidad” o “monje negro”, además de la prohibición expresa de futuras notas críticas. Saab argumenta daño irreparable al honor y pidiendo que la medida se dicte con habilitación de días y horas. En la demanda, casi risible, Saab asegura sentirse ofendido por referencias peyorativas a su apariencia física. Sin embargo, él mismo se autodenomina “gordo” en forma risueña durante entrevistas en los medios.
Este caso no es aislado. Ayer, el gobernador Osvaldo Jaldo obtuvo una resolución judicial que obliga a la diputada nacional Soledad Molinuevo a borrar todos sus tuits en los que lo acusaba de actuar como una “mafia” y responsabilizaba a su gestión por las inundaciones en La Madrid. La medida también le impone abstenerse de expresiones similares en el futuro, bajo apercibimiento.
La lista de precedentes recientes en la provincia es elocuente. En noviembre de 2025, el ministro fiscal Edmundo Jiménez logró que el juez Lucas Taboada prohibiera por seis meses a todo el grupo de medios CCC criticar a fiscales, jueces o al sistema de justicia provincial. La resolución fue calificada como censura previa por FOPEA, el Colegio de Abogados de Buenos Aires y la Asociación de Periodistas de Tucumán.
La intendenta Rossana Chahla presentó una tutela autosatisfactiva contra el tiktoker Alan Paredes exigiendo el cese inmediato, eliminación y prohibición futura de todos los videos generados con IA que usaran su imagen. Aunque la Justicia rechazó la eliminación total, impuso límites estrictos y obligó a advertir el uso de inteligencia artificial en cada publicación.
Por otro lado, El Tucumano y El Federalista han sido blanco recurrente de demandas y presiones judiciales por parte de abogados y empleados bancarios cercanos al diputado Carlos Cisneros, con pedidos de ceses de publicaciones, rectificaciones y amenazas de astreintes.
Ahora se suma una nueva causa que refuerza el mismo patrón. Juan Federico Petraglia, ladero y brazo ejecutor de Cisneros, inició una demanda de daños y perjuicios contra Germán García Hamilton, titular del diario digital El Federalista, y contra la sociedad propietaria de El Tucumano. Petraglia reclama una suma de dinero por los perjuicios ocasionados a su persona en las publicaciones, pese a que todo está acreditado en los tribunales. Petraglia es el más comprometido en la causa que se investiga por trata de personas en la causa Vélez, por la que en Diputados se analiza el posible desafuero de Cisneros.
Antes de él, Lourdes Parache, la joven utilizada en el armado de la causa contra los deportistas, había demandado también a El Tucumano y El Federalista, por, supuestamente, difundir información secreta de la causa. La demanda, iniciada por la presunta víctima de abuso, asegura haber sido afectada por estas revelaciones. Por supuesto, su representante legal era Patricia Neme, la abogada cercana a Cisneros.
El grave antecedente de Brandt
Todas estas acciones son posteriores a un grave antecedente. En enero de 2025, el juez civil Pedro Yane Mana dictó una resolución en la que ordenó a El Tucumano eliminar todas las publicaciones referidas a la ex jueza de Familia Valeria Brandt, y prohibirle cualquier futura mención sobre su persona, argumentando “difusión abusiva” de información. La medida, basada exclusivamente en la percepción subjetiva de la ex magistrada, incluía multas diarias de $200.000 y el pago de más de $3.240.000 en costas, sin haber evaluado la veracidad de los hechos publicados.
Este fallo representa un claro ejemplo de censura previa, ya que el juez sostuvo que “no resulta necesario evaluar el grado de exactitud o falsedad de la información” si afecta los derechos personalísimos de la actora, anteponiendo la autopercepción de la ex jueza por sobre el artículo 14 de la Constitución Nacional, que prohíbe expresamente la censura previa. El caso ha sido criticado como un peligroso precedente que utiliza la perspectiva de género para justificar la supresión de críticas a funcionarios públicos.
Lo que une todos estos casos es el uso de herramientas procesales de urgencia o de demandas civiles directas para obtener, en pocos días y sin debate pleno sobre la veracidad de los hechos, la eliminación de contenido crítico y la prohibición de futuras publicaciones. Se trata de una estrategia que invierte la lógica constitucional: en lugar de probar en un juicio ordinario que la información es falsa y maliciosa, se busca silenciar primero y discutir después.
Saab, con el peso institucional de la UNT y recursos derivados de fondos públicos como los de YMAD, se suma ahora a esta ola. Si su tutela prospera, cualquier operador político con influencia en Tucumán sabrá que tiene a mano un atajo judicial para borrar de internet lo que le moleste.