Una maniobra judicial sin precedentes sacudió la causa por el crimen de Érika Antonella Álvarez. Felipe «El Militar» Sosa habría intentado silenciar al resto de los procesados a través de su abogado, ofreciéndoles defensa legal gratuita a cambio de que lo desligaran del caso. La denuncia, presentada por una de las víctimas de esta estrategia, destapó una operación que involucra a todos los acusados y que ahora será investigada por la justicia.
La escena se produjo justo antes de que comenzara una ronda de declaraciones indagatorias en la fiscalía a cargo de Pedro Gallo. El acusado Nicolás Navarro Flores sorprendió a todos al denunciar que había recibido una visita inesperada: Gustavo López Peña, el actual defensor de Sosa, se le acercó con un ofrecimiento que definió como «insólito».
«Se presentó y me dijo que quería que desplazara a mis abogados, Candelaria Hernández y Patricio Char, para que él me representara», declaró Navarro Flores ante el fiscal. Según su relato, López Peña fue explícito en cuanto al origen de la propuesta: Sosa le había pedido personalmente que hiciera el ofrecimiento. «Él se haría cargo de los honorarios y plantearía una nueva estrategia para que yo quedara libre», completó el imputado, quien aseguró haber rechazado la oferta de inmediato por no tener problemas económicos.
Pero lo que parecía un hecho aislado se convirtió rápidamente en un escándalo de proporciones mayores. Horas después, Juan Pablo Bello, defensor de Jorge «Chicho» Díaz —otro de los procesados en la causa—, se presentó en la fiscalía con una denuncia similar. El abogado reveló que López Peña había utilizado «engaños» para convencer a su defendido de que lo contratara, logrando que Díaz accediera al cambio de representación legal.
«Estuvimos con la esposa de mi representado para informar que, mediante engaños, el colega habría convencido a Díaz de que lo contratara», explicó Bello, quien además anunció que presentarán una denuncia ante el Colegio de Abogados para que se analice la conducta del letrado.
Después fue el turno de María Florencia Abdala y Camilo Atim, defensores de Justina Gordillo —la empleada judicial también imputada—, confirmaron que López Peña se había contactado con los familiares de su clienta. En esa ocasión, el abogado de Sosa se habría presentado como un especialista en «enfriar» casos mediáticos, ofreciendo sus servicios para hacerse cargo de la representación de Gordillo. Los familiares, al igual que Navarro Flores, decidieron rechazar la propuesta.
Beneficios carcelarios
El nombre de Gustavo López Peña no apareció en la causa hasta principios de la semana pasada, cuando Sosa decidió reemplazar a sus anteriores abogados, Marcelo Cocianci y Rubén Flores, para nombrarlo como su nuevo defensor. Según trascendió, la decisión habría estado motivada por los beneficios que el profesional logró conseguirle a «El Militar» dentro del penal de Benjamín Paz.
Los abogados salientes venían denunciando públicamente el trato que recibía su cliente y habían señalado que el aislamiento al que estaba sometido respondía a una estrategia para quebrarlo emocionalmente y lograr que confesara todo lo que sabía del caso. «Todo el aislamiento que sufría era para que se quebrara y contara todo lo que sabía del caso», habían advertido Cocianci y Flores en declaraciones previas.
La situación cobra ahora una nueva dimensión, ya que Sosa tiene prohibido expresamente todo contacto con los otros imputados de la causa. Fuentes judiciales no descartan que se inicie una pesquisa para determinar cómo pudo articularse esta operación desde el interior del penal, y se sospecha que podría estar recibiendo algún tipo de beneficio por parte del personal del Servicio Penitenciario para comunicarse con el exterior.
El fiscal Pedro Gallo ya tiene en su poder las denuncias de Navarro Flores y del abogado Bello, y se espera que en los próximos días cite a declarar a todos los involucrados, incluido el propio López Peña, para determinar el alcance de la maniobra y si existió una red de complicidades para desviar la investigación. El Colegio de Abogados, por su parte, deberá analizar si la conducta del letrado viola las normas éticas de la profesión.