Cuatro fiscales pasaron en la causa por el crimen de Erika Antonella Alvarez y aún no fueron revelados los nombres de las dos personas, de sexo masculino, que ingresaron a la casa la noche del asesinato. Sí se supo que Justina Gordillo -novia de Felipe Sosa, el principal sospechoso-, y José Luna, propietario de la vivienda, estuvieron allí. ¿Pero quiénes son los otros dos y por qué la Justicia no revela sus nombres?
El gobernador Osvaldo Jaldo, no es ajeno a esta situación por lo que fue categórico al afirmar que no se trata de un homicidio simple, sino de un hecho complejo en el que hubo cómplices y más personas involucradas, cuyos nombres —con excepción del de Luna— todavía no fueron hechos públicos por la Justicia.
En una entrevista concedida a LV12, Jaldo abordó distintos hechos de violencia ocurridos recientemente en la provincia, entre ellos episodios registrados en Tafí del Valle y Concepción, y marcó con claridad la postura del Gobierno provincial frente a este tipo de delitos. En ese marco, incluyó el caso de Érika como uno de los ejemplos más graves que deben ser esclarecidos “hasta el fondo”.
El mandatario recordó que desde el inicio de su gestión, el 19 de octubre de 2023, el Gobierno asumió con lineamientos claros en materia de orden, seguridad y paz social. “Llegamos a gobernar Tucumán con políticas muy claras: poner orden en la provincia y garantizar la paz social”, afirmó.
En esa línea, Jaldo sostuvo que una de las decisiones centrales de su gestión fue terminar con la impunidad y respaldar el accionar del sistema judicial. “La impunidad se terminó en la provincia de Tucumán. Hoy hay personas que antes se paseaban libremente y ahora están detenidas en Benjamín Paz”, expresó.
Al referirse puntualmente al crimen de Érika, el gobernador fue contundente: “Para mí no es un homicidio simple. Hay cómplices y más personas involucradas. Vamos a ir hasta el fondo para que los culpables caigan y el caso sea esclarecido”. Hasta el momento, el único nombre que trascendió públicamente, además del principal acusado, es el de José Luna, propietario del inmueble que alquilaba Felipe “El Militar” Sosa.
De acuerdo con lo que fue documentado en el expediente judicial, la noche del crimen Érika Álvarez ingresó a la vivienda que Sosa alquilaba en Yerba Buena. Las cámaras de seguridad incorporadas a la causa registraron movimientos durante la noche y la madrugada, entre ellos el ingreso de al menos dos hombres adultos que permanecieron varias horas en el interior del domicilio y luego se retiraron. Esas personas fueron detectadas en los registros fílmicos, pero aún no fueron identificadas públicamente por la Justicia.
La reconstrucción realizada por los investigadores indica que Érika fue vista con vida durante la madrugada, cuando se registró su última comunicación, y que posteriormente se produjo el hecho violento dentro de la vivienda. Durante el día siguiente, siempre según las constancias judiciales, se registró un intenso movimiento de personas en la casa, en lo que el propio Ministerio Público Fiscal describió como un despliegue destinado a ocultar el crimen.
En ese contexto aparece la figura de Justina Gordillo, pareja de Sosa, quien se encuentra actualmente detenida e imputada por encubrimiento. La Justicia sostiene que habría participado en maniobras posteriores al homicidio, entre ellas las vinculadas al ocultamiento del cuerpo y a la fuga del principal acusado, aunque no está imputada como autora del asesinato.
Finalmente, la investigación estableció que el cuerpo de Érika fue retirado de la vivienda y trasladado hasta un basural de Manantial Sur, donde fue hallado al día siguiente. Para el gobernador, estos elementos confirman que hubo más de una persona involucrada y refuerzan su reclamo de que la Justicia avance, identifique a todos los responsables y haga públicos los nombres de quienes estuvieron en la casa la noche en que Érika Antonella Álvarez fue asesinada.