La Justicia tucumana ordenó este lunes la liberación inmediata de Máximo Carreras, el segundo imputado en la causa por la golpiza que sufrió Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle. La resolución fue dictada en el Centro Judicial de Monteros, luego de una audiencia en la que se revisó la prisión preventiva que Carreras cumplía en la Unidad Penitenciaria de Benjamín Paz.
Carreras había sido trasladado especialmente desde el penal para la audiencia en la que su defensa solicitó la modificación o revocación de la medida de coerción. Tras escuchar los planteos, el juez Javier Núñez Campero dispuso la revocación de la prisión preventiva y ordenó su inmediata libertad, imponiendo una serie de condiciones procesales que deberá cumplir mientras continúa la investigación.
Con esta decisión, los dos jóvenes que habían sido enviados a una cárcel de máxima seguridad bajo prisión preventiva recuperaron la libertad, aunque permanecen vinculados a la causa. El expediente seguirá su curso para determinar eventuales responsabilidades penales en el hecho de violencia.
La situación de Carreras se suma a la ya resuelta respecto de Santiago Bagne, cuya prisión preventiva había sido revocada días atrás por el juez de impugnación Edgardo Sánchez. En ese fallo, el magistrado consideró que la medida original carecía de fundamentos suficientes y ordenó su libertad bajo condiciones de menor intensidad, decisión que en su momento no había sido extendida al segundo imputado.
Con la liberación de Carreras, la Justicia completa el repliegue de las prisiones preventivas dictadas en una causa que, desde sus inicios, estuvo marcada por una exposición pública inusual y por decisiones adoptadas en un clima de fuerte conmoción social.
Marcha atrás
El episodio ocurrido el 29 de enero, hace poco más de una semana, derivó rápidamente en una respuesta punitiva de alto impacto: dos jóvenes fueron detenidos y enviados a una cárcel de máxima seguridad en una etapa inicial de la investigación. Las prisiones preventivas se dictaron en un contexto de pronunciamientos públicos del Poder Ejecutivo, encabezados por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien reclamó mano dura, habló de “patoteros” y exigió castigos ejemplares cuando aún no se habían consolidado los elementos probatorios.
Ese marco político generó fuertes cuestionamientos institucionales. El intendente de Concepción, Alejandro Molinuevo, denunció que se estaba utilizando la prisión preventiva para “dar un mensaje” y advirtió que no se puede encarcelar personas sin pruebas firmes para satisfacer una demanda de castigo inmediato. En la misma línea, la diputada Soledad Molinuevo alertó sobre el riesgo de convertir a Benjamín Paz en un espacio de castigo anticipado y estigmatización, cuestionando el rol del Ejecutivo en causas judiciales en trámite.
La liberación sucesiva de ambos imputados, primero Bagne y ahora Carreras, expone con claridad la fragilidad de las decisiones originales y refuerza las críticas sobre el uso extensivo de la prisión preventiva en contextos de presión social y política. En apenas días, la Justicia debió revisar y dejar sin efecto medidas que habían sido presentadas como necesarias e inevitables.
La causa sigue abierta y los imputados continúan sujetos a reglas de conducta. Sin embargo, el giro completo del expediente deja una señal institucional contundente: cuando el poder político interviene de manera explícita en investigaciones en curso, el sistema judicial queda forzado a responder a expectativas ajenas al proceso, para luego corregir bajo escrutinio público decisiones adoptadas en un clima de condena anticipada.
