Ignacio Rodríguez Varela será el magistrado de la Cámara que tendrá a su cargo la determinación sobre dónde debe avanzar una de las investigaciones más complejas en torno al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino. La disyuntiva es si el caso sigue en el ámbito de la Justicia federal, de mayor exposición política, o si permanece en el fuero de la Justicia nacional de instrucción, que usualmente maneja delitos comunes con un perfil más bajo.
La presentación judicial que involucra a Tapia y Toviggino fue radicada por el empresario Guillermo Tofoni, quien los imputa por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, al sospechar que hubo desvío de recursos de la AFA en territorio de los Estados Unidos.
Este expediente se suma a otros procesos que pesan sobre la entidad futbolística, los cuales se tramitan en los juzgados federales de Campana, Lomas de Zamora y en el fuero penal económico de la Capital, todos por presuntas maniobras de evasión y lavado de activos.
Rodríguez Varela, de 55 años de edad, es quien resolverá si la denuncia de Tofoni continúa en la Justicia nacional de instrucción o si, tal como dispuso la jueza Paula Petazzi, corresponde que sea el juzgado federal de Lomas de Zamora el que se haga cargo.
Siguiendo su metodología habitual, Rodríguez Varela no se ha interiorizado previamente con los detalles del caso a través de los medios. Opta por asistir a la audiencia sin ideas preconcebidas, escuchar los argumentos de las partes y luego emitir su fallo, lo cual se prevé que ocurra hacia el final de la próxima semana.
La trayectoria de Rodríguez Varela es la de un funcionario judicial con larga experiencia que anheló durante mucho tiempo acceder a un cargo de juez, pero que se topó con la oposición del kirchnerismo, que lo marginó por razones ideológicas. Participó en concursos desde 2005 y, pese a obtener ubicaciones destacadas, su nombramiento siempre fue postergado. Recién pudo integrar una cámara en 2018.
Su padre se desempeñó como ministro de Justicia durante la última dictadura militar y fue abogado defensor de Jorge Rafael Videla. El camarista fue incluido en numerosas ternas, llegando en seis oportunidades a ocupar el primer lugar en los órdenes de mérito. Sin embargo, nunca logró la designación.
Llegó a estar al frente de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE), una dependencia que posteriormente fue disuelta. Rodríguez Varela también formó parte del equipo que, bajo la conducción de Gustavo Beliz en 2003, trabajó en temas de seguridad.
Fue uno de los redactores del Plan Estratégico para la reforma de las áreas de Justicia y Seguridad, documento elaborado junto a los entonces fiscales Norberto Quantín y Pablo Lanusse, y el actual fiscal José María Campagnoli, quienes en ese momento se desempeñaban como funcionarios del Poder Ejecutivo.
Dicho plan de seguridad se puso en marcha en 2004, a raíz del secuestro de Axel Blumberg. Incluyó la sanción de leyes, decretos y resoluciones ministeriales, pero las reformas estructurales quedaron truncas cuando Beliz abandonó el ministerio.
Ante la marginación sufrida, Rodríguez Varela inició acciones judiciales. Si bien una sentencia reconoció que había sido objeto de una proscripción, no fue posible anular el último concurso que había cuestionado.
Finalmente, en 2016, su nombre integró 35 ternas en todos los fueros. Su reivindicación llegó hacia el final del gobierno de Mauricio Macri, cuando fue designado camarista de instrucción. Cristina Kirchner y los senadores de su bloque manifestaron su oposición a este acuerdo.
El magistrado tiene una postura contraria a la legalización del aborto. Es padre de una familia numerosa, con un total de 9 hijos. En 1994 fue nombrado secretario de fiscalía. A lo largo de su carrera trabajó junto al fiscal Campagnoli. También se ha desempeñado como profesor de derecho penal y procesal penal en la Universidad Católica Argentina (UCA).
«Estuve proscripto durante el kirchnerismo. Me lo anunció en 2005 (Alberto) Matarollo, que estaba en la Secretaría de Derechos Humanos. Yo lo había conocido en el Gobierno y luego lo fui a ver porque ya había estado en varias ternas en el primer lugar. Apenas llegué a mi oficina me llamó y me dijo ‘no te van a nombrar nunca'», recordó en una entrevista previa a su designación.
Rodríguez Varela se presentó a concursos para múltiples cargos dentro del Poder Judicial y también del Ministerio Público Fiscal: aspiró a ser juez de instrucción, camarista en el fuero penal económico, juez de la Cámara del Crimen y juez de Tribunal Oral Criminal. En todas esas instancias logró ubicaciones sobresalientes.
En una entrevista rememoró: «En 2015 me presenté para el juzgado federal de La Plata y llegué a las 33 ternas. En 27 de esos casos eligieron al que estaba atrás (en el orden de mérito)». El cargo finalmente fue para Ernesto Kreplak, quien había presidido el tribunal que, sin éxito, procesó a Campagnoli.