En menos de un mes, tres fiscales pasaron por la investigación del femicidio de Erika Antonella Álvarez, un crimen que conmocionó a Tucumán y tuvo repercusión nacional. Ese cambio sucesivo e inusual de responsables provocó demoras en decisiones clave, fricciones internas y conflictos abiertos entre la Policía, el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo, especialmente por la tardanza en autorizar detenciones y allanamientos.
La inestabilidad en la conducción del expediente impactó de lleno en el ritmo de la pesquisa. Pedidos formales de detención y medidas urgentes quedaron en espera durante días, aun cuando la División Homicidios sostenía contar con elementos suficientes para avanzar. La consecuencia inmediata fue la pérdida de tiempo operativo y la dificultad para ejecutar medidas cuando los investigadores lo requerían.
Reclamos de la Policía por pedidos demorados
El jefe de la Policía de Tucumán, Joaquín Girvau, expuso públicamente el malestar de la fuerza. Confirmó que se solicitaron detenciones de otras personas además del principal imputado y que esas medidas no fueron autorizadas en el momento en que se pidieron.
“La Policía va a seguir trabajando porque hay más personas involucradas”, afirmó Girvau, al tiempo que reconoció que algunos pedidos fueron rechazados o demorados, lo que complicó el avance de la investigación.
En el caso puntual de la pareja de Felipe “El Militar” Sosa, Justina Gordillo, los investigadores sostuvieron que el pedido de detención estuvo varios días sin resolución, lo que derivó en allanamientos tardíos y en la imposibilidad de encontrarla en los primeros domicilios. Recién después se autorizó el operativo que permitió su localización y detención.
La intervención de Jaldo y la advertencia por el caso Lebbos
El gobernador Osvaldo Jaldo tomó una posición pública inusual al cuestionar de manera directa a fiscales y jueces por la falta de celeridad. “El Poder Ejecutivo está haciendo todo lo que tiene que hacer, pero no vemos el mismo acompañamiento en la Justicia”, señaló.
Jaldo fue explícito al advertir que no aceptará dilaciones injustificadas en un caso de esta gravedad: “No vamos a permitir que se proteja a nadie. No queremos un nuevo caso Lebbos”, afirmó, en referencia al crimen de Paulina Lebbos, convertido en símbolo de una investigación fallida y eternizada en Tucumán.
El mandatario también remarcó que tres días de demora para resolver pedidos urgentes en una causa de femicidio resultan inadmisibles y perjudican la eficacia de la investigación.
La decisión de Picón y las medidas que no avanzaron
Dentro de ese contexto, quedó bajo cuestionamiento la actuación del fiscal Carlos Picón, quien intervino en una etapa previa del expediente. Picón sostuvo públicamente que la fiscalía tenía “evidencia de sobra”, aunque admitió que aún faltaban más pruebas. Sin embargo, algunas medidas solicitadas por la Policía no avanzaron con la rapidez esperada, lo que alimentó las críticas internas.
Desde el Gobierno provincial y sectores de la fuerza de seguridad interpretaron como extraña la decisión de demorar o no convalidar de inmediato ciertas acciones que, según los investigadores, eran centrales para evitar fugas, preservar pruebas y avanzar sobre posibles responsabilidades de terceros.
Una causa atravesada por tensiones institucionales
La sucesión de fiscales, las demoras en autorizar detenciones, los pedidos rechazados y las críticas públicas del gobernador configuraron un escenario de tensión institucional poco frecuente para una causa penal en trámite. Mientras la Policía insiste en que hay más personas bajo sospecha, el Ejecutivo reclama rapidez y la Justicia defiende la necesidad de cumplir con los tiempos y requisitos procesales.
En el centro de ese conflicto permanece una causa sensible, con una víctima de femicidio y una sociedad que exige respuestas. La advertencia oficial es clara: las demoras no sólo traban la investigación, también erosionan la confianza pública en el sistema judicial.
