Tras la detención y traslado de Nicolás Maduro, el líder del chavismo derrocado que ahora enfrenta cargos en Estados Unidos por narcoterrorismo y crímenes de lesa humanidad, Venezuela ha entrado en un período de mayor control autoritario, caracterizado por la presencia militar en espacios públicos, la caza de opositores y la restricción de libertades fundamentales.
A partir del lunes se encuentra vigente en todo el territorio nacional el régimen de excepción, oficialmente llamado estado de conmoción exterior, que rápidamente se materializó en un operativo extensivo de fuerzas de seguridad, con controles en diversos sectores de Caracas. En muchos de estos puntos, personal armado interceptó a peatones y conductores, les ordenó bajarse de sus automóviles y revisó de forma coercitiva sus dispositivos móviles, buscando contenidos considerados «desafiantes» hacia el gobierno.
El decreto, difundido en la Gaceta Oficial con fecha del 3 de enero —el mismo día de la captura de Maduro en la capital venezolana luego de una serie de incursiones estadounidenses contra blancos militares— instaura un sistema excepcional por 90 días renovables, ordena la movilización completa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pone bajo custodia castrense infraestructuras vitales como los servicios básicos y la petrolera estatal, y concede poderes especiales al Poder Ejecutivo, incluyendo la requisa de propiedades, el cierre de límites fronterizos y la posible suspensión de protestas.
La situación se agravó después de la medianoche del lunes, cuando el ministro del Interior y figura clave del régimen, Diosdado Cabello, publicó un video acompañado de efectivos con armas largas y anunció el comienzo de patrullajes reforzados en todo el país para «asegurar la tranquilidad». Al mismo tiempo, residentes de Caracas informaron sobre la aparición de tanques de la Guardia Nacional Bolivariana y un monitoreo casi absoluto del tránsito, una imagen que incrementó la sensación de temor y desasosiego.
De acuerdo con relatos obtenidos en la capital, los uniformados retienen a personas en la calle y examinan sus teléfonos buscando cualquier muestra de respaldo a las acciones de Estados Unidos o a la salida del exmandatario chavista. En urbes como Maracaibo y Barquisimeto, el incremento de la vigilancia policial también fue notorio, aunque sin el despliegue de vehículos blindados.
Bajo el nuevo marco excepcional, el Estado queda autorizado a arrestar de manera arbitraria a quienes violen limitaciones de circulación, tomen parte en reuniones no permitidas o sean vistos como «sospechosos» de perturbar el orden público o dañar infraestructuras ahora bajo administración militar. El gobierno provisional argumentó la medida como una reacción ante una presunta «agresión foránea», aunque los acontecimientos muestran una operación de sometimiento interno destinada a acallar cualquier voz disidente.
El decreto cita el artículo 338 de la Constitución de 1999, que permite regímenes de conmoción interna o externa, pero entidades jurídicas y de derechos humanos alertaron sobre graves irregularidades institucionales. La ONG Acceso a la Justicia indicó que el mismo día de la firma del decreto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo declaró la ausencia temporal de Maduro y nombró a Delcy Rodríguez como presidenta interina. A pesar de esto, el texto del estado de excepción aparece firmado por Maduro, lo que genera dudas importantes sobre su legitimidad legal.
Hostigamiento a la prensa
Al ambiente de control intensificado se agregaron acusaciones por acoso contra periodistas. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) comunicó que 14 empleados de medios fueron detenidos y posteriormente liberados durante un operativo realizado cerca del Palacio Legislativo, mientras se juramentaba la nueva directiva de la Asamblea Nacional y Rodríguez asumía como presidenta provisional. Entre los arrestados había corresponsales y colaboradores de medios extranjeros.
Los comunicadores fueron interrogados, forzados a mostrar el contenido de sus teléfonos y se les impidió transmitir en directo, filmar o sacar fotografías. Aunque todos recobraron su libertad horas más tarde, uno fue deportado a Colombia. El SNTP recordó además que 23 periodistas permanecen detenidos de forma prolongada en Venezuela.
Paralelamente, el periodista italiano Stefano Pozzebon, corresponsal de CNN, fue arrestado y expulsado del país al llegar al aeropuerto de Caracas, a pesar de contar con permiso de residencia. Según fuentes citadas por ANSA, estuvo retenido durante varias horas antes de ser enviado a Colombia.
Frente a este panorama, la Asociación de Editores de Medios de Comunicación de la Unión Europea, América Latina y el Caribe (EditoRed) demandó el fin inmediato de la persecución contra la prensa y la restauración de las garantías constitucionales. «La libertad de prensa es el termómetro de la salud democrática de una nación», advirtió la organización, subrayando que sin periodismo independiente «no hay ciudadanos, sino súbditos».
EditoRed denunció además una fractura del orden jurídico internacional, al señalar que las acciones del régimen infringen el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Carta Democrática Interamericana. «Ignorar estos mandatos no es un acto de soberanía, sino una violación deliberada del derecho internacional», concluyó.
Agencias AP y ANSA