El Gobierno nacional formalizó este lunes la salida definitiva del Estado de Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD), a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 2/2026 en el Boletín Oficial. La norma ratifica el acuerdo que modifica el histórico Acta del Farallón Negro y realiza ajustes en la Ley 14.771, que rige el funcionamiento de esta entidad minera.
Según el texto oficial, el decreto convalida el «Acuerdo Modificatorio del Acta del Farallón Negro», suscripto el 15 de diciembre del año pasado por el Estado nacional, la Provincia de Catamarca y la Universidad Nacional de Tucumán. Mediante este pacto se dispuso el fin de la participación del Estado nacional en la gestión de YMAD y su desvinculación de toda responsabilidad futura que pudiera afectar fondos del Tesoro Nacional.
El Estado Nacional abandona su lugar en YMAD
Como resultado de la reforma, YMAD quedará integrada en un 60% por la Provincia de Catamarca y un 40% por la Universidad Nacional de Tucumán, sin injerencia del gobierno central. El decreto también establece que ambas partes podrán pactar en el futuro su salida del organismo o la entrada de nuevos miembros mediante la cesión total o parcial de sus participaciones.
En este sentido, se alteró la composición del directorio: el presidente y dos vocales serán nombrados por la Provincia de Catamarca, mientras que los otros dos vocales quedarán a cargo de la Universidad Nacional de Tucumán, suprimiéndose la potestad que hasta ahora tenía el Poder Ejecutivo Nacional de designar al titular de la entidad.
El decreto también redefine el marco legal de la empresa al establecer que, en sus relaciones con terceros, YMAD se regirá por el derecho privado, y actualiza los procedimientos de compras y contrataciones, que deberán ajustarse a principios de publicidad y competencia de precios.
En sus fundamentos, el Gobierno justificó la medida en la necesidad de reducir el déficit fiscal, evitar posibles compromisos financieros del Tesoro Nacional y avanzar en la racionalización del Estado, al considerar que «han dejado de existir» las razones que motivaron la participación nacional en la empresa minera.
La norma entró en vigencia con su publicación en el Boletín Oficial y será girada a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá expedirse sobre la validez del DNU, de acuerdo a lo establecido por la Ley 26.122.