Un nuevo capítulo se suma en Estados Unidos sobre la administración de los recursos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De acuerdo con una investigación del diario La Nación, autoridades norteamericanas iniciaron la recolección de datos y realizaron entrevistas en Buenos Aires y Miami acerca de las operaciones financieras y bancarias de la entidad futbolística en suelo estadounidense. Fuentes de ambos países confirmaron al medio que el interés proviene de agentes que dependen del Departamento de Justicia de ese país.
El centro de estas indagaciones es TourProdEnter LLC, la compañía contratada por la AFA en diciembre de 2021 para centralizar la recaudación de los ingresos provenientes del exterior. Según documentación bancaria confidencial a la que accedió el matutino, esa firma manejó al menos 260 millones de dólares que fueron depositados en cuentas del Bank of America, Citibank, JP Morgan y Synovus.
Las transacciones ejecutadas en el sistema financiero norteamericano podrían permitir el inicio de una pesquisa penal. Entre las figuras jurídicas que se analizan se encuentra la posible infracción a la Sección 1346 del Código de los Estados Unidos, denominada «fraude al deber de servicios honestos», que castiga esquemas que privan a una organización de la lealtad de sus directivos mediante el uso de transferencias bancarias. A este escenario se le añade la participación de varias sociedades comerciales creadas en Florida.
Un especialista argentino en derecho penal económico, bajo estricta confidencialidad, señaló que «cualquier dólar que circule por un banco de Estados Unidos le da jurisdicción al país en materia de corrupción», y estableció una comparación con el caso FIFAgate, que complicó a dirigentes como Joseph Blatter y Michel Platini. En aquella causa se indagaron sobornos por unos 110 millones de dólares; en este, los montos gestionados por TourProdEnter duplican esa suma.
El interés de las agencias estadounidenses no apareció de forma aislada. Según la reconstrucción de la investigación, hubo contactos con el Ministerio de Seguridad argentino, que ya en septiembre de 2024 había alertado a funcionarios de Estados Unidos sobre posibles focos de riesgo ligados a la AFA, tras una reunión con el empresario Guillermo Tofoni, quien impulsó los pedidos de información bancaria que permitieron acceder a datos hasta entonces reservados.
En ese momento, el FBI había considerado que el conflicto entre Tofoni y la conducción de la AFA no reunía elementos suficientes para abrir una investigación criminal. No obstante, el panorama cambió después de las revelaciones publicadas en el informe, que describieron una compleja ingeniería financiera y societaria con epicentro en Florida. Ahora, los agentes estadounidenses recopilan información como paso previo para evaluar si existen méritos para avanzar en una causa formal, en un contexto simbólico: Estados Unidos será la sede central del Mundial que comenzará el 11 de junio.
La investigación periodística mostró que TourProdEnter funcionó como un verdadero «embudo» de ingresos internacionales, canalizando fondos provenientes de multinacionales como Adidas (60 millones de dólares) y Warner (40 millones de dólares) durante el período de cepo cambiario en la Argentina. El contrato firmado con la AFA (encontrado en un allanamiento) estableció que la empresa percibiera el 30% de todos los ingresos del exterior, además del 10% de los egresos vinculados a logística. El acuerdo fue aprobado el 9 de diciembre de 2021 con las firmas de Claudio «Chiqui» Tapia y Pablo Toviggino, apenas un día después de que Erica Gillette, esposa del productor teatral y exdiputado Javier Faroni, enviara la propuesta por correo electrónico.
Aunque parte de esos fondos se utilizaron para gastos operativos de la AFA, los registros bancarios analizados muestran otros destinos que encendieron alarmas. Entre ellos, 109,9 millones de dólares transferidos a una cuenta comitente en Islas Vírgenes Británicas, operada por Adcap Securities, firma regulada por el Banco Central del Uruguay, que defendió la legalidad de sus operaciones.
En paralelo, otros 44,3 millones de dólares fueron girados a cinco sociedades (Marmasch, Soagu Services, Velp, Velpasalt y W Trading) que, según la investigación, no registran empleados ni actividad comercial verificable y funcionan desde un edificio que alquila oficinas por hora. Los titulares de esas firmas presentan perfiles que refuerzan las sospechas: ciudadanos argentinos con antecedentes financieros adversos, empleos en relación de dependencia o incluso beneficiarios de planes sociales.
Más datos que alimentan la sospecha de la Justicia
A esos movimientos se suman 16,6 millones de dólares destinados a gastos suntuarios: aviones privados, yates, alquileres de lujo, vehículos de alta gama, caballos, diseño de interiores, servicios personales y entradas VIP. El informe detalló ejemplos concretos, como alquileres de villas en Ibiza y yates en el Mediterráneo por decenas de miles de dólares.
La ruta del dinero también alcanzó al círculo más cercano de la conducción de la AFA. Dos sociedades vinculadas al secretario ejecutivo Toviggino (SOMA SRL y Cabello SRL) recibieron cerca de 500.000 dólares, y se detectó además una transferencia directa de 40.000 dólares a su pareja, María Florencia Sartirana, a fines de 2024. También aparecen 17 transferencias por 340.000 dólares a Alejandro Ezequiel Almaraz, hijo de José «el Brujo» Almaraz.
Frente a las revelaciones, la AFA emitió comunicados en los que denunció una «campaña de difamación» y defendió su vínculo con TourProdEnter. Sin embargo, tanto Tapia como Toviggino optaron por el silencio. Mientras tanto, el cúmulo de datos reunidos en la investigación comenzó a despertar el interés formal de agencias estadounidenses, que ahora observan con atención un entramado financiero de escala internacional.