La escena fue tan impactante como inquietante: el presidente estadounidense Donald Trump anunció el ataque directo contra Venezuela, la detención de su mandatario y la decisión de “gobernar temporalmente” el país. Una definición que, lejos de consolidar certezas, abrió un abanico de dudas políticas, jurídicas y estratégicas que con el paso de las horas comenzaron a diluir la euforia inicial de sus partidarios.
El giro resulta especialmente llamativo en un dirigente que construyó buena parte de su capital político criticando las intervenciones extranjeras de Estados Unidos y prometiendo no repetir los errores del pasado. Sin embargo, en una conferencia de prensa al mediodía, Trump dejó en claro que su visión para Venezuela no se limita a un operativo quirúrgico: habló de una administración transitoria, de la posibilidad de nuevas acciones militares, de injerencia directa en la política interna y, sin rodeos, del control sobre la industria petrolera.
“Vamos a gobernar el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y juiciosa”, afirmó el mandatario. Pero evitó precisar hasta dónde está dispuesto a llegar para consolidar ese control en un país donde, pese al arresto del presidente Nicolás Maduro, buena parte de su estructura de poder seguía intacta.
Del discurso de la contención a la acción militar
La contradicción es difícil de disimular. En enero, durante su asunción para un segundo mandato, Trump había prometido medir su éxito no solo por las guerras ganadas, sino por “las guerras en las que nunca nos meteremos”. Desde entonces, sin embargo, Estados Unidos bombardeó objetivos en Siria, Irak, Irán, Nigeria, Yemen y Somalia, destruyó embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico y lanzó amenazas veladas sobre Groenlandia y Panamá.
El ataque nocturno contra Venezuela fue, hasta ahora, la acción exterior más agresiva de su presidencia: bombardeos sobre Caracas y otras regiones, y la captura de Maduro y de su esposa para que enfrenten cargos por narcotráfico en Nueva York. Una escalada que chocó de frente con las expectativas de sectores republicanos que esperaban un foco casi exclusivo en los problemas internos: inflación, sistema de salud y economía.
Trump defendió la intervención bajo el paraguas de “Estados Unidos Primero”. “Queremos buenos vecinos, estabilidad y energía”, dijo, en una referencia directa a las gigantescas reservas petroleras venezolanas. Pero el mensaje no alcanzó para ordenar a sus propias filas.
Fisuras en el corazón del trumpismo
Las dudas se hicieron públicas cuando la congresista Marjorie Taylor Greene, una de las voces más visibles del movimiento MAGA, advirtió que muchos de sus votantes creían haber apoyado a Trump justamente para terminar con este tipo de aventuras. La legisladora, que ya venía marcando distancia, anunció que dejará su banca la próxima semana.
La oposición demócrata, por su parte, no tardó en reaccionar. El líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, cuestionó con dureza la decisión presidencial: calificó la acción como imprudente por haberse lanzado sin autorización del Congreso y sin un plan claro para el “día después”.
Las encuestas previas al ataque ya advertían el riesgo político: solo uno de cada cinco estadounidenses apoyaba una intervención militar para derrocar a Maduro. Con las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre y mayorías republicanas ajustadas en ambas cámaras, la Casa Blanca se enfrenta a un escenario delicado.
Debate interno y viejos fantasmas
Para contener la rebelión interna, el secretario de Estado y asesor de seguridad nacional Marco Rubio llamó a legisladores clave durante el fin de semana. El senador libertario Mike Lee pasó de cuestionar la legalidad de la operación a admitir que, tras hablar con Rubio, podría encuadrarse dentro de las facultades presidenciales.
No todos quedaron convencidos. El representante Thomas Massie advirtió que las amenazas de nuevos ataques no coinciden con la versión oficial y puso en duda la constitucionalidad del operativo, señalando la paradoja de arrestar al presidente de un país soberano bajo leyes estadounidenses.
En paralelo, resurgen comparaciones incómodas. Trump, que suele denunciar a los “neoconservadores” del pasado, empieza a parecerse a ellos. En 1983, Ronald Reagan invadió Granada alegando la ilegitimidad de su gobierno. En 1989, George H. W. Bush ordenó la invasión de Panamá para derrocar a Manuel Noriega, también buscado por narcotráfico, e instaló un sucesor afín.
¿Derrocar es fácil, gobernar no tanto?
El ex enviado especial para Venezuela durante el primer mandato de Trump, Elliott Abrams, sostuvo que la caída de Maduro no necesariamente implicará un costo político interno, siempre y cuando no mueran soldados estadounidenses. Pero reconoció el núcleo del problema: nadie sabe qué significa, en la práctica, “gobernar Venezuela”.
Desde una mirada crítica, el ex asesor de política exterior de Barack Obama, Brett Bruen, advirtió que Estados Unidos podría quedar atrapado en un proceso de transición largo y complejo, con efectos colaterales en toda la región. “No hay una versión corta de esta historia”, resumió.
Con el correr de las horas, el golpe inicial dio paso a las preguntas incómodas. La euforia se diluye y lo que queda es un escenario cargado de riesgos: para Venezuela, para la región y para un presidente que prometió evitar guerras ajenas y hoy parece cada vez más enredado en una.
Alarma global y reclamos de legalidad tras la ofensiva de Estados Unidos
La operación militar provocó una inmediata reacción en cadena de líderes mundiales y organismos internacionales, que coincidieron en expresar preocupación por la legalidad de la intervención y por las consecuencias que podría tener sobre el orden internacional.
El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, fue una de las primeras voces en pronunciarse. Desde la ONU reclamó el respeto estricto a la Carta de las Naciones Unidas, advirtió sobre el uso unilateral de la fuerza y pidió evitar una escalada que agrave la crisis regional. El organismo insistió en que cualquier salida al conflicto venezolano debe ser política, negociada e inclusiva, y respetar los derechos humanos y la soberanía de los Estados.
En Europa, la reacción fue cautelosa pero mayoritariamente crítica. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sostuvo que la estabilidad regional solo puede lograrse mediante una transición pacífica y conforme al derecho internacional. En la misma línea se expresó la alta representante para la Política Exterior, Kaja Kallas, quien remarcó que la legalidad internacional no puede ser relativizada aun frente a regímenes autoritarios.
Francia y España reclamaron moderación y advirtieron sobre los riesgos de una intervención militar directa sin aval multilateral. El gobierno francés subrayó que la soberanía venezolana no puede ser ignorada, mientras que desde Madrid se insistió en la necesidad de evitar un precedente que habilite futuras acciones similares en otros conflictos internacionales. El Reino Unido, si bien mantuvo un tono más prudente, también pidió claridad sobre el marco jurídico que sustentó la operación estadounidense.
En el bloque opuesto, Rusia y China condenaron con dureza la ofensiva. Moscú calificó la acción como una agresión armada ilegítima y una violación flagrante del derecho internacional, advirtiendo que este tipo de decisiones unilaterales socavan los mecanismos multilaterales de resolución de conflictos. Beijing, por su parte, exigió el cese inmediato de la intervención y alertó sobre el riesgo de desestabilización regional y global.
En Medio Oriente, Israel expresó su respaldo político a la acción de Washington, alineándose con la postura de que el régimen de Maduro era ilegítimo y representaba una amenaza regional. Italia también manifestó apoyo, aunque con llamados a que la transición sea rápida y ordenada.
En América Latina, el silencio o la cautela predominaron. Varios gobiernos evitaron pronunciamientos categóricos, conscientes de la sensibilidad del precedente que implica la captura de un jefe de Estado por una potencia extranjera. En privado, diplomáticos de la región admitieron preocupación por el impacto que la decisión podría tener sobre el principio de no intervención, históricamente defendido por los países latinoamericanos.
Más allá de las diferencias políticas, el consenso internacional giró en torno a un punto central: ningún cambio de régimen impuesto por la fuerza garantiza estabilidad ni democracia duradera. Incluso gobiernos críticos de Maduro coincidieron en que la violación de normas internacionales puede debilitar el sistema global que, con todas sus falencias, regula los conflictos entre Estados.