La empresa tucumana San Miguel, reconocida a nivel mundial por su producción de limón y derivados como aceites y jugos, ha presentado una propuesta de reestructuración de su deuda que ha generado inquietud en el mercado financiero y descontento entre sus acreedores minoristas. Según información del portal especializado Bichos de Campo, la compañía busca modificar los términos de sus obligaciones negociables, extendiendo los plazos de vencimiento y reduciendo las tasas de interés.
La iniciativa apunta a reemplazar una parte de los títulos que vencen en octubre del año próximo con nuevos instrumentos que tendrían una vida útil más larga y un rendimiento anual menor, pasando del 9,5% actual al 8%. Este movimiento ha sido calificado por algunos inversores como una medida perjudicial, que erosiona la confianza en un momento en que la firma proyecta un futuro favorable.
La operación afecta a las series X, XI y XII de obligaciones negociables, por un valor de hasta 120 millones de dólares, que serían intercambiadas por las nuevas series XIII, disponibles en pesos (clase A) o dólares (clase B). Ambos tipos compartirían la tasa de interés reducida y un vencimiento a 42 meses desde su colocación.
Una situación paradójica
Este anuncio llega en un año complejo para las finanzas de la citrícola. En junio, la empresa necesitó un préstamo de emergencia de 15 millones de dólares de sus propios accionistas para afrontar un vencimiento de deuda, una ayuda que evitó la cesación de pagos pero que reveló vulnerabilidades en su liquidez a corto plazo.
Curiosamente, esta presión financiera coexiste con una fase de expansión industrial. La compañía, controlada por los grupos Miguens-Bemberg y Otero Monsegur, ha fortalecido su perfil productivo, firmado acuerdos con clientes clave e inaugurado plantas en Uruguay y Sudáfrica. Este crecimiento contrasta con la crisis que afecta más duramente al segmento de fruta fresca, alimentando el reclamo de los tenedores de bonos, quienes recuerdan que fue el mercado de capitales el que financió este desarrollo, con captaciones que rondan los 250 millones de dólares.
«Cuando las cosas empiezan a ir bien y ya no requieren el respaldo del mercado, dan la espalda», manifestó uno de los inversores consultados, resumiendo el malestar entre los acreedores más pequeños. El descontento no solo se debe a la baja de la tasa y la extensión de plazos, sino también al carácter forzoso de la oferta: si el 70% de los tenedores la acepta, el resto quedará obligado a sumarse, para evitar quedar con papeles de menor liquidez y condiciones de negociación más desfavorables.
La decisión final se tomará en una asamblea de tenedores, con un plazo de adhesión que vence el 7 de enero de 2026. A diferencia de otros procesos de reestructuración, San Miguel no enfrenta un quebranto operativo. Más bien, elige aliviar su caja aún a costa de una degradación en su calificación crediticia, una señal de que no planea volver a financiarse en el mercado en el corto plazo. De hecho, la calificadora FIX SCR ya ha rebajado la nota de emisor a largo plazo de la empresa y de sus obligaciones negociables.
Desde la perspectiva de los acreedores, esta «optimización financiera» beneficia principalmente a los accionistas, quienes evitan contraer nueva deuda para cumplir con vencimientos inmediatos. Un aspecto positivo del esquema es que, al momento de emitirse las nuevas ON serie XIII (previsto para el 14 de enero de 2026), se pagarán los intereses acumulados y no abonados de los títulos canjeados, un punto que suele ser más restrictivo en otras reestructuraciones.
Hasta su vencimiento final, fijado para el 14 de julio de 2029, los intereses se abonarán semestralmente. El plan de amortización incluye un 15% al momento de la emisión, pagos escalonados del 4,25%, 4,5%, 8,5% y 8,5% entre los meses 18 y 36, y un 59,5% concentrado al final del período.
Deudas locales y contradicciones estructurales
El canje de deuda se enmarca en un escenario más amplio de tensiones financieras. San Miguel mantiene un pasivo de $1.658 millones con la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC), que forma parte de los aproximadamente $7.000 millones que cuatro grandes citrícolas adeudan desde 2015 en el marco de la Ley 5.020, que establece aportes obligatorios para investigación y desarrollo. Esta mora, confirmada por fallos judiciales adversos, limita la capacidad de la EEAOC para sostener proyectos científicos vitales para el sector.
Mientras el CEO de la compañía, Manuel Suárez Altuna, proyecta un futuro de crecimiento apoyado en la estabilidad macroeconómica y en la reconversión hacia ingredientes naturales —»San Miguel es el procesador número uno a nivel mundial», afirmó, señalando que concentra el 16% del mercado global—, la realidad muestra una empresa que debió recurrir a sus accionistas para evitar el default y que enfrenta cuestionamientos por su deuda local. «Tomamos la decisión de salir del negocio de fruta fresca para focalizarnos en la producción de ingredientes naturales», sostuvo el ejecutivo, proyectando alcanzar el 20% del mercado mundial en los próximos años.
Este optimismo choca con el impacto que la expansión en Uruguay y Sudáfrica tiene sobre la producción tucumana y con el desfinanciamiento de la EEAOC, institución clave para la competitividad del sector. Así, el canje de deuda anunciado por San Miguel no solo reaviva el descontento de sus acreedores financieros, sino que también pone nuevamente en evidencia las tensiones entre su estrategia global y los compromisos económicos que mantiene en su provincia de origen.