El triple homicidio de tres jóvenes conmocionó en septiembre por la crueldad y el ritual narco. Las agresiones fueron transmitidas en vivo, como parte de un método de represalia contra adversarios y adoctrinamiento interno. Así operaba la organización de Pequeño J, quien hoy aguarda en una cárcel de Perú su extradición a la Argentina. Este grupo delictivo, que intentaba apoderarse de puntos de venta de drogas, demostró su ferocidad con los asesinatos de Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez. Ahora, el magistrado que desarticuló esa estructura, procesó y encarceló a una decena de implicados, se siente intimidado por la banda tras sufrir dos robos con características extrañas en los últimos meses. La tensión aumentó en Navidad, cuando regresó con su familia a la vivienda que ocupan y la encontró completamente desordenada. Para el juez Fernando Pinos Guevara, no fue un hurto común, sino una advertencia por su labor en la causa del triple crimen.
“Con mi familia estamos evaluando la posibilidad de abandonar el país”, manifestó el juez de Garantías de La Matanza al relatar a LA NACION las circunstancias peculiares del robo ocurrido en la casa de su suegra, donde reside desde hace algunos meses después de vender su propiedad.
“Me encuentro sumamente intranquilo. Es complicado acostarse a descansar sin pensar que me despertaré a las tres de la madrugada con un arma apuntándome. He conversado con mi esposa y debemos hallar una salida urgente porque esto puede terminar muy mal”, expresó al destacar aspectos que le llamaron la atención sobre el ingreso de los delincuentes al domicilio. Por un lado, narró que quienes irrumpieron encontraron dólares que él guardaba, una caja de seguridad portátil, una alhaja familiar y los dejaron esparcidos por el suelo, algo ilógico si se tratara de un robo convencional. Incluso, relojes de considerable valor económico tampoco fueron sustraídos, pese a estar a la vista. Los intrusos únicamente se llevaron una consola de videojuegos. Para el magistrado, aquello fue un mensaje. Y él lo interpretó como una amenaza grave.
El pasado 2 de noviembre, Pinos Guevara ya había experimentado otra situación de extrema violencia cuando ladrones lo sorprendieron al abrir la puerta del garaje de la vivienda de su suegra para estacionar su camioneta. Contó que le pusieron una pistola 9mm en la cabeza y que también apuntaron de igual forma a uno de sus dos hijos y a su esposa. Esto sucedió el 2 de noviembre, alrededor de las 18 horas, y aunque podría tratarse de un riesgo que enfrentan todos los vecinos de La Matanza, el juez aseguró que los cinco delincuentes –tres de ellos armados con pistolas 9 mm nuevas– intentaron ingresar con la familia al interior de la casa, algo que fue impedido por los bocinazos de alerta de los conductores de dos autos que presenciaron la escena. Luego vino algo más inquietante.
La propia víctima era en ese momento el juez de turno en La Matanza y, a pesar de ello, casi no logró la colaboración de la policía bonaerense. Los rastreadores satelitales de su camioneta y de los teléfonos celulares que le arrebataron a la familia habían permitido seguir el rastro de los ladrones hasta el complejo de monoblocks conocido como Fuerte Apache, en Tres de Febrero. Los uniformados demoraron varias horas en concretar allanamientos de urgencia.
“Este robo se produjo en pleno desarrollo de la causa por el triple femicidio, cuando yo debía resolver sobre solicitudes de prisión preventiva. No hay que olvidar que firmé dos pedidos de captura internacional que terminaron con las detenciones de dos acusados en Perú. También llevaron mi firma las órdenes de allanamiento”, declaró el magistrado a LA NACION.
Afirmó el juez que, teniendo a su cargo el expediente sobre Pequeño J y sus cómplices, solicitó protección policial y que solo se le asignó un agente destinado a permanecer entre las 8 y las 14 en la puerta del juzgado.
La sorpresa de Navidad fue, finalmente, la situación que llevó a Pinos Guevara a barajar la posibilidad de dejar su cargo y marcharse del país. “Entraron a mi casa y revolvieron toda la vivienda, pero con la intención de que yo pudiera ver esa imagen, porque daban vuelta todo, sacaban, abrían los armarios y tiraban todo al piso. Y, por ejemplo, se llevaron la consola porque creo que alguno de los que entró dijo ‘me la llevo’ por llevársela, porque había cadenas de oro, un reloj de oro tirado en el suelo, dólares. Dejaron una caja de seguridad portátil, la agarraron y la dejaron sobre la cama”, dijo.
Tras procesar a una docena de implicados en el triple crimen, Pinos Guevara se había declarado incompetente para continuar con la causa debido a las conexiones narco que requerían la intervención de la Justicia Federal. El caso del triple crimen está ahora en manos del juez federal de Morón, Jorge Rodríguez.
“Mi situación era compleja. Vendí la casa para alejarme del lugar en el que vivía porque sabía que algo me iba a suceder y ocurrió. Es necesario que los hechos se investiguen con seriedad. No se trató de episodios comunes de inseguridad. Existen numerosos indicios que fundamentan la sospecha de que fueron sucesos ocurridos por mi labor como juez”, añadió el magistrado, que se desempeña desde hace treinta años en el Poder Judicial bonaerense y, desde hace 15, es juez de Garantías en La Matanza.
Antes de dejar el caso, la investigación encabezada por el juez Pinos Guevara y el fiscal Carlos Arribas procesó a los primeros ocho detenidos, pidió la extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, el narco conocido como Pequeño J, y ordenó la captura de otros dos sospechosos, entre ellos el presunto jefe de la red, un hombre conocido como Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias Señor J. Su caso tiene una particularidad: en el momento del crimen se encontraba recluido en uno de los calabozos más importantes de la Policía Federal Argentina.
Entre los acusados del triple crimen, cuyo móvil habría sido la venganza por el supuesto robo de drogas que habrían cometido algunas de las víctimas o sus allegados, tienen prisión preventiva Celeste González Guerrero, de 28 años; Milagros Florencia Ibañez, de 20; Iara Daniela Ibarra, de 19; Matías Agustín Ozorio, de 28; Maximiliano Parra, de 18; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 25; Víctor Sotacuro Lázaro, de 41, y Ariel Jiménez, de 29, porque, según se sostuvo en la acusación generada por la Justicia provincial “existen indicios vehementes de que los imputados tratarán de eludir la acción de la Justicia, teniendo en cuenta las características y la violencia, frialdad, e impunidad con la que se comportaron a lo largo de la ejecución del hecho, como así la pena en expectativa del delito que aquí se les imputa”. Como se indicó, Pequeño J espera detenido en Perú la decisión sobre su regreso forzoso a la Argentina.
Por su parte, la detención de Cubas Zavaleta –que, como se mencionó, estaba alojado en un calabozo de la sede Cavia de la PFA en el momento de la masacre– se basó en la declaración de un testigo de identidad reservada.
En los últimos días se sumó el arresto de Bernabé Mallón, el primer sospechoso detenido por la intervención de la Justicia Federal.
Tres días después de procesar a los sospechosos del triple crimen y de declarar la incompetencia de la Justicia bonaerense para derivar el caso a la Justicia Federal, se registró el primer robo violento sufrido por el magistrado Pinos Guevara y su familia.