El oficialismo avanza hacia la sanción en el Senado del proyecto de Presupuesto para 2026, en el marco de un extenso debate que ya supera las seis horas y que se prevé que se prolongue durante la discusión detallada de sus puntos más conflictivos.
A pesar de que aún existen interrogantes sobre algunos artículos controvertidos, en el espacio que lidera Patricia Bullrich (Capital) hay confianza y esperanza de lograr la aprobación de la iniciativa, intentando que el texto que llegó de Diputados hace diez días no sufra modificaciones. Cualquier alteración implicaría que el proyecto deba regresar a la Cámara baja para una segunda revisión, cuando restan apenas dos días hábiles en el calendario.
Hasta ahora, la propuesta del Ejecutivo cuenta con el respaldo en su conjunto de casi todos los espacios políticos con representación en la Cámara alta, a excepción del núcleo kirchnerista del interbloque Popular, que agrupa a distintas expresiones del peronismo.
Sin embargo, queda confirmado que, por primera vez desde el inicio de la presidencia de Javier Milei, no habrá unidad en el bloque justicialista del Senado. Al menos tres senadores de Convicción Federal, Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), apoyarán en general el Presupuesto 2026.
Será la ocasión inicial en que el peronismo emitirá su voto dividido en el Senado, lo que refleja la rápida merma de influencia de Cristina Kirchner en el Congreso.
Tras la intervención del jefe del bloque radical, Eduardo Vischi (Corrientes), el debate general se acercaba a su final con los discursos de cierre de los líderes de las bancadas kirchnerista, José Mayans (Formosa), y oficialista, Bullrich.
Las incertidumbres que permanecen se centran en si el Gobierno logrará los apoyos necesarios durante la votación específica del artículo 30, que suprime los montos mínimos de inversión establecidos por ley para ciencia y tecnología, calculados en relación con un porcentaje del Producto Bruto Interno.
Al comienzo de la sesión había 47 senadores presentes de todos los bloques. Luego de entonar el Himno Nacional, la vicepresidenta Victoria Villarruel tomó juramento a Enzo Fullone, el libertario rionegrino que ocupa el lugar de Lorena Villaverde, quien no pudo asumir su banca debido a impugnaciones por sus antecedentes judiciales vinculados a una causa por narcotráfico.
La primera parte de la discusión se centró en la cantidad de votos requeridos para definir si el tratamiento del proyecto sería por capítulos, como pretendían los libertarios, o artículo por artículo, como buscaba el kirchnerismo. El oficialismo consiguió imponer su criterio pese a los reclamos de Mayans. Tras esa definición, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), expuso en defensa del presupuesto.
La definición final se mantiene abierta. «Los números son muy ajustados. Están buscando abstenciones», reveló a LA NACION uno de los participantes de la reunión de jefes de bloque de la oposición dialoguista convocada por la flamante presidenta de la bancada de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich (Capital).
Horas más tarde, la situación seguía pendiente de un hilo. El oficialismo tenía asegurados 37 votos, es decir la mayoría absoluta del Senado, pero procuraba conseguir al menos un apoyo adicional o reducir los rechazos.
La reunión fue convocada por Bullrich para evaluar el ánimo en los bloques dispuestos a colaborar con sus votos para que el Gobierno cuente por primera vez con un presupuesto desde que Javier Milei asumió la primera magistratura.
El artículo 30 genera en el radicalismo una resistencia suficiente como para comprometer su aprobación en la votación en particular.
Las negociaciones, que continuaron durante el debate del proyecto, apuntan a transformar los rechazos en abstenciones, pero tampoco esta estrategia garantiza el éxito. En el Senado las abstenciones se computan como ausencias al momento de votar, por lo que la sesión podría perder el quórum.
El oficialismo no tiene mucho margen para equivocarse, ya que necesita una ley de Presupuesto 2026 para mostrar a los mercados y, fundamentalmente, para negociar con el Fondo Monetario Internacional los vencimientos de deuda del próximo mes.
El temario de la sesión incluye también el proyecto de ley de Inocencia Fiscal, que flexibiliza los parámetros para el delito de evasión impositiva y facilita el blanqueo de dólares mantenidos fuera del sistema financiero. Por eso también se lo conoce como el proyecto de los «dólares bajo el colchón».
Además, asumió su banca el libertario rionegrino Enzo Fullone, suplente de Lorena Villaverde, quien debió renunciar a su lugar como senadora ante el rechazo que generaron en la Cámara alta sus antecedentes penales, uno de ellos vinculado a una causa por narcotráfico en Estados Unidos.
El temor en la votación en particular reside en que un error de cálculo del oficialismo podría dar un giro total a la situación. El peor escenario para el Gobierno sería que el texto deba volver a la Cámara de Diputados en revisión.
Si el proyecto se aprueba exactamente como salió de la Cámara de Diputados hace una semana, tal como aspira Bullrich, este será el primer Presupuesto elaborado íntegramente por la administración libertaria de Milei. En los dos últimos ejercicios, la administración nacional gobernó con presupuestos prorrogados, sin la aprobación del Congreso.
Los artículos complicados
Pese al trabajo incansable de Bullrich, aún persisten dudas sobre el destino que tendrán algunos artículos polémicos y de difícil aceptación para ciertos sectores de la oposición dialoguista, que es la que debe aportar los votos para que el Presupuesto 2026 se convierta en ley, ya que el oficialismo por sí solo no alcanza.
Por el momento son dos los puntos que podrían generar conflicto en el tratamiento en particular y que obligarán a Bullrich y a la Casa Rosada a manejar con sumo cuidado el conteo de votos al momento de votarse esos artículos.
Se trata de los artículos 12 y 30. El primero, quizás el más crítico, autoriza a la Secretaría de Educación a suspender el envío de fondos a una universidad si considera insuficiente la información remitida por la casa de estudios sobre la asignación y el uso que se dará a ese dinero.
El artículo 30, por su parte, elimina los pisos vinculados a porcentajes del PBI establecidos por diversas leyes para el financiamiento de distintos niveles y especialidades de la educación, como las escuelas técnicas.
Desde el oficialismo, y también en algunos despachos de la oposición, reconocieron que se trata de metas declarativas que nunca se cumplieron en los hechos, pero el tema genera recelo en algunos bloques, como la UCR, y podría restar votos al tratarse esos artículos.
Tal vez la solución que acuerde el oficialismo sea la aprobación por capítulos del proyecto. Pero aún está fresco el recuerdo de lo sucedido en Diputados, donde los libertarios aplicaron el mismo criterio y por eso perdieron todo el Capítulo XI del proyecto.
Impulsado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por Javier Milei, en este capítulo el Gobierno había incluido la derogación del financiamiento de las universidades nacionales y del sistema de atención a la discapacidad, leyes que el Presidente vetó pero que el Congreso logró insistir con el voto de los dos tercios en ambas cámaras.
El traspié oficialista provocó malestar en la Casa Rosada, al extremo de que sus voceros dejaron trascender que Milei podría vetar el presupuesto si el Senado no reinstauraba el capítulo eliminado en la Cámara baja.
Al parecer, esa presión se disipó y actualmente el Gobierno pretende tener sancionado el Presupuesto 2026 antes de embarcarse en una guerra sin cuartel por el equilibrio fiscal que podría costarle la pérdida del todavía frágil apoyo de algunos de sus aliados, cuyo desenlace es incierto.
«No lo vamos a modificar, no puede volver», confirmaron a LA NACION allegados a Bullrich, quien ya tuvo que resignar el tratamiento de la reforma laboral como consecuencia de la polémica generada en torno al presupuesto en la Cámara baja.
La pelea por el Capítulo XI del presupuesto dejó en un cono de sombras los números macro del proyecto de Presupuesto 2026, que contempla gastos totales por $148 billones y un cálculo de recursos por $148,2 billones.
En su articulado, el Gobierno prevé un superávit primario equivalente al 1,2% del PBI y un superávit financiero (descontado el pago de intereses de la deuda del superávit primario) del 0,3% del PBI.
La previsión de inflación anual asciende al 10,1%, es decir menos del 1% mensual en promedio, y un aumento del producto bruto del 5%.
Otro dato llamativo del proyecto es que estima la cotización del dólar en $1423 para diciembre de 2026, una cifra más baja que la actual, y proyecta un aumento del 10,6% en las exportaciones y del 11% en las importaciones.