La Justicia Federal con sede en Tucumán profundiza la pesquisa sobre un esquema delictivo que se replica en varias jurisdicciones del país, conocido como «testaferros de armas».
El expediente, llevado adelante por el fiscal federal Agustín Chit, se originó como un desprendimiento de una investigación de mayor envergadura radicada en Mendoza. Este trabajo permitió develar operaciones destinadas a derivar armamento y municiones de origen legal hacia bandas criminales, algunas con nexos en el exterior.
La investigación se enmarca en un fenómeno que llevó a la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, Explosivos y demás Materiales Controlados (Ufiarm), a cargo de Gonzalo Da Silva.
Este funcionario distribuyó recientemente un informe de alcance nacional para alertar a los fiscales sobre estas prácticas, que ya no son hechos aislados sino circuitos reiterados y coordinados con múltiples participantes.
Según precisó Da Silva en el documento elaborado junto a la auxiliar fiscal Paulina Gómez, estas maniobras no se restringen al simple comprador que presta su identidad. También pueden incluir a dueños o trabajadores de armerías, gestores, apoderados y organizaciones delictivas que consiguen armas mediante vías formales, explotando fisuras y falencias en los sistemas de control estatal.
En la causa detectada en Tucumán, el fiscal Chit consiguió individualizar varios de estos componentes, que habrían funcionado de manera coordinada.
El informe subraya que el uso de testaferros produce un efecto de «blanqueo de legalidad», al incorporar un intermediario formalmente autorizado que complica el rastreo penal del arma y socava los mecanismos de prevención. Uno de los mayores desafíos para la prueba, remarcó Da Silva, es demostrar que quien entregó el arma sabía que el receptor final no estaba habilitado para tenerla, un aspecto crucial para tipificar el delito.
En este contexto, también se han registrado situaciones en las que personas aparecen como titulares registrales de armas que aseguran no haber comprado. Estos casos suelen terminar en denuncias posteriores por supuestos robos o hurtos, presentadas con el fin de justificar ante el Estado la falta del arma, que en realidad habría sido dirigida desde un comienzo al mercado negro.
La normativa actual prevé penas de uno a seis años de cárcel para quienes cedan armas a personas que no acrediten su condición de usuarios legítimos, sin importar si la operación fue gratuita o pagada. La ley abarca compraventas, alquileres, donaciones, préstamos o cualquier otra forma de entrega.
Además, estas operaciones pueden conllevar delitos conexos, como falsificación de documento público, asociación ilícita o contrabando, en especial cuando el armamento es movilizado fuera del país, como sucedió en pesquisas que mostraron el abastecimiento a bandas criminales en Chile.
La causa permanece en etapa de investigación y forma parte de una estrategia más amplia del Ministerio Público Fiscal para desbaratar redes que, bajo una fachada legal, facilitan el acceso a armas de fuego a organizaciones delictivas, con una incidencia directa en la seguridad pública.