La Justicia indaga las circunstancias del deceso de una reclusa en el Complejo Penitenciario de Delfín Gallo. La fallecida es Graciela Margarita Pariente, de 44 años, quien había recibido una condena en 2023 tras la muerte de un niño de diez meses que se ahogó en una bañera bajo su supervisión. La causa de su muerte fue un infarto agudo de miocardio. Familiares y otras internas han realizado denuncias por una presunta falta de asistencia del personal penitenciario. Desde el Servicio Penitenciario rechazaron estas acusaciones, afirmando que la mujer había sido atendida por profesionales médicos en los días previos.
La sentencia contra Pariente, de seis años y medio de prisión, se dictó en septiembre de 2023 luego de que el fiscal Carlos Sale solicitara su imputación por el delito de abandono de persona agravado por el resultado de muerte.
De acuerdo con la investigación fiscal, los hechos ocurrieron el 9 de junio de 2023. Pariente, que estaba a cargo del cuidado del bebé, lo dejó solo en la bañera para atender una necesidad personal. Al volver al baño, encontró al niño sumergido y sin signos vitales. El pequeño permaneció hospitalizado aproximadamente dos meses antes de fallecer.
Tras un proceso que incluyó pericias y negociaciones, el Ministerio Público Fiscal, la querella, la defensa y la propia Pariente acordaron un juicio abreviado, lo que derivó en su condena. Inicialmente cumplió la pena en la comisaría Primera debido a la falta de espacio en la cárcel de mujeres de Banda del Río Salí. Recién en diciembre de 2024 fue trasladada al penal de Delfín Gallo.
“Durante ese año y medio la visitamos todos los días en la comisaría, le llevábamos comida y sus medicamentos porque padecía diabetes, problemas de tiroides e hipertensión”, relató I.H., una allegada. Según su testimonio, Graciela se integró a su familia a los 8 años. Fue criada por la abuela de I.H. y luego se dedicó al cuidado de los niños de varias generaciones de esa familia, hasta que fue recomendada para trabajar en el hogar del bebé.
“Ella era parte de nuestra familia y una persona maravillosa. Cuando sucedió esto, entre los primos juntamos dinero para pagarle un abogado. En ese momento el profesional nos aconsejó que lo mejor era aceptar el abreviado y Graciela estuvo de acuerdo”, afirmó. “Cuando la trasladaron al penal pensamos que sería mejor, que tendría más espacio, podría estudiar o hacer ejercicio. Pero no fue así; bajó mucho de peso y había días en que sólo lloraba durante las llamadas”.
Cambio de alojamiento
Al ingresar a Delfín Gallo, Pariente dejó a su abogado particular y comenzó a ser representada por un defensor oficial. Aseguró a sus seres queridos que estaba recibiendo su medicación, pero también les comentó que su nuevo letrado había presentado varios reclamos para que se le realizaran controles médicos debido a sus problemas de salud. El viernes 5 de diciembre, alrededor de las 5:30, personal penitenciario se comunicó con una prima de I.H. para informarle que Graciela había muerto por un paro cardíaco y que se encontraba en el Hospital del Este.
“Más tarde, dos internas nos llamaron por celular y nos contaron que Graciela se había sentido mal desde el martes y que el jueves 4 su estado empeoró. Pidió que la sacaran de la celda, pero nadie la atendió. Nos dijeron que esa madrugada se despertó entre las 00:30 y la 1:00 gritando pidiendo ayuda y luego murió. Según sus compañeras, habría fallecido dentro del penal, no en el hospital como nos dijeron al principio”, sostuvo I.H.
En paralelo, las reclusas también contactaron a Fernando Korstanje, comisionado civil del Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura (CNPT) en Tucumán, para informarle de la situación.
“El día que murió estuvo toda la tarde y la noche pidiendo auxilio a gritos. Sus compañeras también pedían ayuda porque presentaba todos los síntomas de un infarto. Las penitenciarias estaban celebrando el aniversario del primer año de la cárcel de Delfín Gallo, por lo que no prestaron atención al reclamo desesperado de las presas. Y murió. La sacaron de la celda arrastrándola con una sábana porque no había una camilla disponible”, declaró Korstanje.
“Las personas privadas de libertad tienen derecho a la misma atención médica que la población en general. Hay que ser muy malintencionado y negligente para no asistir a alguien en ese estado. Esta muerte recae fuertemente en la responsabilidad del Estado. Cuando alguien muere bajo custodia estatal, se invierte la presunción de inocencia y existe una presunción de responsabilidad del Estado, que tendrá que demostrar lo contrario”, concluyó el comisionado.