La Provincia está a un paso de recobrar la totalidad de los terrenos de la Reserva Natural de La Angostura. Los responsables del conocido Camping Hatem tienen como fecha tope el 9 de enero para restituir al Estado las cuatro hectáreas que ocupaban sin autorización.
Este episodio pone en evidencia la escasa vigilancia que existió durante años sobre los bienes fiscales en El Mollar y otras zonas turísticas de la provincia. Sin fundamento aparente, mediante un decreto, la comuna de Tafí del Valle otorgó ese predio a José Hatem a comienzos de la década del 80. De acuerdo con la iniciativa, cuyo funcionario autorizante no trascendió, el beneficiario habilitaría un camping para su explotación por un plazo de cuatro décadas.
Según los datos a los que accedió este medio, «la concesión expiró el 31 de diciembre de 2020 sin que existiera una prórroga formal o tácita, lo que fue seguido por un pedido de extensión ante la Dirección de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, que fue denegado el 2 de diciembre de 2024. Es de destacar que los antiguos concesionarios conservaron la posesión del lugar desde el vencimiento del permiso hasta la actualidad».
Frente a este escenario, la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, instruyó a su equipo legal para que analizara la situación. Con las pruebas reunidas, los profesionales interpusieron una demanda de desalojo contra los ocupantes. En el transcurso del litigio, las partes alcanzaron un acuerdo que fija el próximo 9 de enero como límite definitivo para la entrega de las tierras.
Los poseedores habían intentado postergar la devolución para después de la temporada estival, pero la Provincia desestimó la solicitud. Conforme al convenio firmado, el Gobierno provincial se hará cargo de los terrenos y «de todo lo plantado, construido, cercado y demás bienes adheridos al suelo».
Este conflicto representa el anteúltimo resuelto por el Estado dentro de su estrategia de recuperación de la Reserva La Angostura. En este momento se encuentra en plenas tratativas con los ocupantes del denominado Club Náutico. Se trata del primer barrio privado edificado en El Mollar sobre un terreno que originalmente se había cedido a una asociación de pescadores para su sede social, pero donde finalmente se construyeron viviendas.
En la actualidad, según confirmaron fuentes cercanas al caso, los dueños de las casas de ese lugar y la Fiscalía de Estado negocian un plan de regularización dominial. A cambio de conservar sus propiedades, entregarían un inmueble en la capital a la Provincia, cederían una porción del terreno para uso público y se comprometerían al cuidado de la zona.
Historia y ocupaciones
La Reserva fue creada por una ley sancionada en 1972, pero en 1996, durante la gestión de Antonio Domingo Bussi, se dictó un decreto para proteger alrededor de 1.148 hectáreas. «El objetivo es preservar el hábitat de aves acuáticas y migratorias, ya que se encuentra en la denominada ruta migratoria andina y constituye el espacio de asentamiento y nidificación de numerosas especies en su trayecto hacia climas más cálidos», se argumentó.
En noviembre pasado, durante una inspección de rutina, empleados estatales descubrieron que integrantes de la Comunidad Indígena El Mollar habían ocupado terrenos para instalar una galería de artesanos. Este hallazgo motivó a las autoridades a realizar un relevamiento más exhaustivo.
El diagnóstico fue contundente. Se verificó que dentro del área protegida existían cuatro barrios («Juana Azurduy», «El Lago», «Náutico» y «Loteo Gaucho Castro»), un emprendimiento turístico («Pesca El Pelao»), la estructura de un boliche en la orilla del lago, el club de fútbol El Sauce, el «Loteo Monroy», la sede del Tucumán Yacht Club y una confitería con comercio.
Desidia y escándalos
El llamado «Loteo Monroy» es un ejemplo claro de la desidia estatal que existió durante años para controlar el patrimonio público. En los años 80, la Provincia le cedió las tierras al Automóvil Club Argentino para que edificara una hostería y una playa de expendio de combustible. Luego de más de una década, la entidad confirmó que no ejecutaría el proyecto y devolvió los terrenos. El acto se oficializó, pero nunca se inscribió en la oficina correspondiente.
Durante más de veinte años, la titularidad de ese terreno quedó en un vacío legal. La familia Monroy ocupó el predio de más de cinco hectáreas alegando derechos ancestrales. Tras recibir un informe de especialistas de las direcciones de Flora y Fauna, Catastro y Recursos Hídricos, la fiscal de Estado Gilda ordenó iniciar los trámites para inscribir el bien a nombre de la Provincia en el Registro Inmobiliario. Una vez completado el procedimiento, logró que la Justicia dispusiera el desalojo del lugar, medida que se concretó en agosto pasado.
El «Loteo Gaucho Castro» generó un escándalo. Decenas de personas compraron lotes en lo que suponían un emprendimiento privado. Sin embargo, se trataba de tierras fiscales que habían sido usurpadas y luego comercializadas por un grupo en el que figuraban empleados de la secretaría de Regularización Dominial y de Hábitat. Por este caso, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió eliminar esa repartición y suspender en sus funciones al comisionado de El Mollar, Jorge Cruz, por su posible vinculación con los hechos.