La Cámara de Diputados de Tucumán se encuentra evaluando una propuesta legislativa que busca reconocer el derecho a la desconexión digital para todos los empleados de la administración pública provincial. La iniciativa, impulsada por el diputado justicialista Raúl Roberto Moreno y respaldada por los legisladores Roque Argañaraz, Alejandro Matías Figueroa, Tulio Caponio y Maia Vanesa Martínez, apunta a proteger el tiempo de descanso, las licencias, los permisos y la vida familiar de los trabajadores.
Este proyecto surge como respuesta a los cambios en el entorno laboral provocados por la digitalización y la «cultura de la disponibilidad permanente, que borra los límites entre la jornada de trabajo y el tiempo personal». Los fundamentos de la ley indican que la hiperconectividad, facilitada por los teléfonos inteligentes y las aplicaciones de mensajería, ha creado una «exigencia de respuesta inmediata» que «traspasa los horarios laborales, generando una ‘extensión no declarada’ de la disponibilidad del empleado, incluso cuando este se encuentra fuera de su horario de servicio».
El ámbito de aplicación de la norma es extenso, ya que incluye al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y cualquier otra entidad pública provincial, independientemente de su régimen estatutario.
El texto legal define la desconexión digital como «la facultad del trabajador o trabajadora de no atender comunicaciones, pedidos o tareas de carácter profesional a través de dispositivos o plataformas digitales (como correos electrónicos, mensajería instantánea, llamadas telefónicas u otros medios tecnológicos) fuera de su horario laboral, sin que esto pueda considerarse una falta, incumplimiento o motivo de sanción».
La propuesta establece una prohibición expresa: «Se prohíbe a superiores jerárquicos, autoridades o a la institución en sí misma asignar tareas, demandar respuestas o requerir disponibilidad digital fuera de la jornada de trabajo, salvo en los casos excepcionales previstos en esta ley». Asimismo, se garantiza que el ejercicio de este derecho no podrá ser causal de sanción disciplinaria, afectar la evaluación de desempeño, impedir ascensos, conllevar la pérdida de adicionales ni generar ningún otro perjuicio laboral.
Excepciones y marco legal previo
La iniciativa prevé ciertas circunstancias que quedan excluidas del derecho a la desconexión:
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Casos de fuerza mayor o emergencia: Situaciones de fuerza mayor, emergencias, catástrofes o peligro inminente para las personas, el medio ambiente o los bienes del Estado.
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Funciones críticas: Personal que desempeñe funciones esenciales o de guardia activa o pasiva, de acuerdo con sus regímenes especiales.
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Altas responsabilidades: Funcionarios con cargos políticos, autoridades superiores, secretarios, subsecretarios y aquellos que la reglamentación determine de manera explícita.
La propuesta legislativa destaca que la provincia ya tiene un antecedente en esta materia: «A nivel provincial, Tucumán ya ha reconocido este derecho para el personal docente mediante la Ley N.º 9.897». Los legisladores sostienen que, si bien la norma para el sector educativo sentó un precedente importante, la realidad de la hiperconectividad actual impacta a la totalidad de los agentes provinciales, lo que hace necesario ampliar el derecho a toda la Administración Pública.
Consecuencias para la salud y la productividad
La ley se fundamenta en investigaciones que señalan que la «sobrecarga digital» genera «incremento del estrés, problemas para conciliar el sueño, deterioro del descanso efectivo, reducción del rendimiento cognitivo y mayor riesgo de sufrir síndrome de Burnout (agotamiento profesional crónico)».
En este contexto, Moreno hace referencia a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que alerta sobre que «la conectividad constante y la falta de fronteras claras entre el trabajo y la vida privada constituyen una forma de riesgo laboral moderno que requiere regulaciones específicas». También menciona a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que incluyó el burnout en su clasificación de enfermedades como un fenómeno vinculado al ámbito laboral, atribuible en parte a la disponibilidad permanente.
El proyecto subraya que el reconocimiento de este derecho no solo salvaguarda la salud de los trabajadores, sino que «también incrementa la eficiencia institucional, dado que un agente descansado es un agente que realiza mejor sus funciones». Además, se lo visualiza como un «mecanismo de protección integral» y un factor que «contribuye a una distribución más equitativa del tiempo y promueve la conciliación entre la vida laboral y la personal», especialmente para quienes tienen responsabilidades de cuidado, como es el caso de muchas mujeres.
Finalmente, corresponderá al Poder Ejecutivo Provincial designar la Autoridad de Aplicación, la cual tendrá las facultades para la reglamentación, supervisión, difusión, control y recepción de denuncias por incumplimiento de la ley. De igual modo, se invita a los Municipios y a las Comunas Rurales a adherirse a la nueva normativa.