En el marco de una profunda convulsión institucional que afecta al Poder Judicial de Tucumán, se aproxima un recambio en la máxima conducción de la Corte Suprema provincial. Hoy, 25 de noviembre, vencerá el mandato del actual presidente Daniel Leiva.
En un portal provincial dejaron trascender que las negociaciones están avanzadas para que la vocal Eleonora Rodríguez Campos sea consagrada como la nueva presidenta. Sin embargo, otros más veteranos en los pasillos creen que sucederá algo similar a lo de 2023, cuando fue reelecto el actual presidente.
Hay una cuestión particularmente sensible que hace pensar que se repetirá lo que sucedió hace dos años, y es que quien presida el máximo tribunal es automáticamente el Presidente de la Junta Electoral de la Provincia. Es decir que quien resulte favorecido será quien tendrá a su cargo la organización y supervisión de las próximas elecciones a gobernador en 2027.
Parece difícil que el gobernador Osvaldo Jaldo modifique el plantel que tan buenos resultados le dieron, incluso antes de llegar a la gobernación, cuando Leiva le puso el pecho a las balas en el escándalo por los audios del ex juez Enrique Pedicone.
Pero además esta elección se produce en un escenario judicial particularmente complejo, caracterizado por una serie de controversias que han tensionado las relaciones internas y puesto en evidencia las fracturas existentes dentro del sistema de justicia, pero también en sus relaciones con los otros poderes.
Además de elegir al Presidente, también se «lotearán» distintos espacios de poder en la Justicia. Según versiones, el Consejo Asesor de la Magistratura quedaría en manos de Daniel Posse y la titularidad de la JUFEJUS (Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia) será para Antonio Estofán, ya que su pareja se encuentra el Buenos Aires y este cargo le permite viajar con frecuencia.
Rodríguez Campos se quedaría con el control de la Oficina de la Mujer y la Oficina de Violencia Doméstica, además de los juzgados de Paz que ya dependen de ella. Leiva, en tanto, también mantendrá el control de las OGA, pero a través de la titular de la Oficina de Coordinación Estratégica Josefina Sánchez, la llamada «Sexta Vocal de la Corte» por el crecimiento de su poder en la Justicia. Claudia Sbdar mantendría todo lo conseguido hasta ahora, que no es poco. Ella antecedió a Leiva en la Presidencia.
Por un lado, persiste la aguda controversia generada por la medida cautelar que prohíbe a un medio de comunicación local emitir contenidos críticos hacia fiscales y jueces provinciales, resolución que ha motivado cuestionamientos de reconocidos constitucionalistas sobre su impacto en la libertad de expresión y el equilibrio republicano. Lo que no dicen los portales es que la medida judicial fue en respuesta a una ofensiva mediática del diputado Carlos Cisneros -acusado por asociación ilícita-. Además de él, su cuñado Hugo Ledesma, por desvío de fondos públicos que han alcanzado notoria repercusión mediática.
Además, la elección no solo determinará la nueva conducción del máximo tribunal, sino que también implicará la designación de representantes en órganos clave como el Consejo Asesor de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento y la representación ante JU.FE.JUS, configurando una redefinición integral del mapa de poder dentro del sistema judicial.
Y es que Leiva también debe cuidar el frente interno dentro de la propia Justicia, no dentro de la Corte, sino de quienes aspiran a integrarla. Este clima de tensión se ha visto agravado por recientes controversias internas, donde un grupo significativo de jueces, fiscales y defensores ha presentado formalmente pedidos de información sobre el funcionamiento de la Asociación de Magistrados de Tucumán, organismo presidido por Marcela Ruiz. Los firmantes han expresado abierto descontento con la conducción actual, señalando opacidad en la gestión y falta de rendición de cuentas durante la última década, malestar que se exacerbó tras los resultados de las recientes elecciones para representantes ante el Consejo Asesor de la Magistratura.
Un episodio particularmente irregular ocurrido durante esos comicios judiciales ha contribuido a alimentar el clima de desconfianza institucional. El titular del Ministerio Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro, se presentó a votar acompañado de la presidenta de la Asociación de Magistrados, solo para descubrir que su nombre no figuraba en el padrón electoral. La situación requirió una resolución expresa del Consejo Electoral que, de manera excepcional, permitió su incorporación manuscrita al final del listado, habilitándolo así a ejercer su voto. Ni los vocales de la Corte Suprema ni el titular del Ministerio Público Fiscal concurrieron a emitir su sufragio, ausencia que no ha pasado desapercibida en el ambiente judicial.
Pero, además, las tensiones entre la presidenta de la Asociación de Magistrados y el actual presidente de la Corte se han hecho evidentes en los últimos tiempos, especialmente después de que Ruiz organizara una reunión con el gobernador Osvaldo Jaldo junto a varios candidatos a jueces, evitando la intermediación del actual Presidente. Este movimiento político fue interpretado como una clara señal de distanciamiento entre ambas figuras relevantes del poder judicial, más aún con la versión de que el lugar que ahora ocupa Leiva en el máximo tribunal le había sido prometido por el ex gobernador Juan Manzur a esta jueza de la Cámara Civil.
Por ese tiempo -cuando se realizó el encuentro del gobernador con candidatos a jueces- comenzó a circular en los grupos de Whatsapp de tribunales una fotografía que mostraba a Ruiz junto a la empresaria Caty Lonac y la decana de la Facultad de Derecho, Adela Seguí, momentos antes de embarcar en el avión privado de la titular de Los Balcanes con destino a un congreso de Derecho Civil en Corrientes (foto a continuación).
La apariencia de conflicto de intereses se vio reforzada semanas más tarde, cuando en la Cámara Civil y Comercial la propia Ruiz solicitó para «estudio» un expediente de particular sensibilidad para la provincia y la compañía de Lonac: una causa que enfrenta al Instituto Provincial de la Vivienda con la sociedad Los Balcanes (Ver abajo).
De esta forma, en los nunca transparentes pasillos de la más poderosa de las instituciones republicanas de la provincia y a espaldas de la gran mayoría de los tucumanos, se elegirá a las autoridades para sostener toda la estructura de poder exactamente como está. ¿Será Leiva el máximo protagonista en la añorada continuidad de Jaldo?