El Tribunal Oral Federal 7 se adentra en una fase crucial de la causa Cuadernos al dar lectura a las confesiones de los arrepentidos, un testimonio colectivo que desnuda el engranaje financiero que operó entre 2003 y 2015. En el centro de esta red de sobornos se erige la figura del financista Ernesto Clarens (foto), quien en su declaración ratificó su papel esencial como “cambiador” de divisas. Según se escuchó en la audiencia, la función de Clarens era precisa e insustituible: «Yo estaba en Buenos Aires, tenía que recibir la plata de las empresas y convertirla en dólares».
Clarens detalló que esta actividad constituía su aporte específico a la estructura delictiva. El financista recibía el efectivo en pesos entregado por los empresarios –que representaba un porcentaje del monto cobrado por las obras viales– y posteriormente se encargaba de adquirir dólares en el mercado informal. El destino final de esos fondos se coordinaba con Daniel Muñoz, secretario privado de los Kirchner. El propio Clarens afirmó que Muñoz era quien transportaba el dinero hasta la residencia del matrimonio Kirchner en Río Gallegos o en El Calafate.
La persistencia del sistema tras la muerte de Néstor Kirchner fue corroborada por el ex chofer Oscar Centeno. Ante el tribunal, Centeno relató cómo el esquema se adaptó, asegurando que los bolsos con efectivo siguieron trasladándose a la Quinta de Olivos durante el mandato de Cristina Kirchner. En esos encuentros, la entonces Presidenta, vestida con jogging, se cruzaba con quienes depositaban el dinero, según su testimonio.
Otro testimonio de peso fue el de José López, ex secretario de Obras Públicas, quien ofreció una declaración reveladora sobre el conocimiento que tenía Cristina Kirchner de toda la estructura. López narró que la ex mandataria lo convocó tras el fallecimiento de Néstor y le advirtió que podía ser «parte del problema o de la solución», confesando luego que él le relató «todo el sistema de recaudación con las obras viales». El ex funcionario describió, además, el temor que le inspiraba, calificándola como una «persona muy vengativa».
En el mismo proceso de lectura se incorporó el sobreseimiento del empresario Enrique Pescarmona. Aunque el ex presidente de IMPSA no será juzgado debido a un «deterioro cognitivo» que le impide enfrentar el proceso, su testimonio como arrepentido fue incorporado como prueba contra los demás acusados. También se escuchó a Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, quien admitió haber sido presionado por Roberto Baratta para realizar «aportes» de hasta 200 mil dólares para campañas.
A pesar del cúmulo de evidencias, la ex presidenta mantiene su línea de defensa. En su descargo, leído en la audiencia, reiteró que la investigación es una «persecución» montada en su contra y que los cuadernos no fueron «escritos» sino «fabricados», negando categóricamente cualquier participación en una asociación ilícita. Frente a esto, el Tribunal dispuso un nuevo cronograma intensivo para la lectura del expediente, con sesiones adicionales que se extenderán hasta mediados de diciembre.
La función de Ernesto Clarens no se limitaba al cambio de moneda; también consistía en dar cuenta del mecanismo que generaba el dinero ilegal. El financista relató cómo el sistema de coimas se originó a partir de una reunión con Carlos Wagner, entonces presidente de la Cámara Argentina de Empresas Viales («La Camarita»). Wagner le informó que el Gobierno había decidido obtener fondos de la obra pública y que él debía encargarse de recibir esos «aportes o retornos».
Clarens detalló el funcionamiento interno: las empresas constructoras convocadas decidían en reuniones maratónicas de hasta ocho horas quién ganaría la licitación por «turno». Una vez designado el adjudicatario, se fijaba el precio a ofertar, el cual siempre se situaba alrededor de un 20% por encima del presupuesto oficial. Este sobreprecio se dividía en dos partes: el 10% se destinaba a la coima y el 10% restante era para generar dinero en negro para las empresas.
El financista también expuso la desconfianza que le generaba el manejo de los fondos. Clarens afirmó que en la financiera conocida como «La Rosadita» se cambiaron 60 millones de euros, una suma que consideró imposible de absorber por el mercado informal argentino, lo que evidenciaba una «operatoria extraña». Además, se preguntó cómo era posible que Lázaro Báez estuviera «muerto de plata» pidiendo que le pagaran, mientras simultáneamente realizaba compras de campos o ejecutaba este tipo de operaciones.