El gobierno de Gran Bretaña presentará este lunes una profunda reforma de su política de asilo, que incluirá cambios en la interpretación de las leyes de derechos humanos para facilitar la expulsión de migrantes que lleguen de manera irregular al país.
La ministra del Interior, Shabana Mahmood, será la encargada de detallar la nueva estrategia, que modificará la forma en que los tribunales aplican el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Según el Ejecutivo, el objetivo es “bloquear apelaciones interminables, detener reclamaciones de última hora y aumentar las expulsiones de quienes no tienen derecho a permanecer en el país”, en palabras del primer ministro Keir Starmer.
La reforma, calificada por el gobierno como la más radical en la política de asilo moderna, también incluye la conversión del estatus de refugiado en temporal y cuadruplicar el tiempo de espera para obtener la residencia permanente.
Con esta iniciativa, el Partido Laborista adopta una postura más firme frente a la inmigración clandestina, especialmente la que llega en pequeñas embarcaciones, una de las principales preocupaciones de los votantes según las encuestas.
Enfoque en artículos clave del Convenio
Entre los cambios planteados, el gobierno busca restringir el uso del artículo 8 —derecho a la vida familiar—, que, según afirma, ha sido utilizado indebidamente para retrasar deportaciones. La nueva legislación precisará que el vínculo familiar se refiere únicamente a la familia inmediata.
Asimismo, se revisará la aplicación del artículo 3, que prohíbe la tortura, al considerar que la definición de «trato inhumano y degradante» ha sido ampliada “más allá de lo razonable”. Pese a estas reformas, el gobierno ha descartado abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, como reclaman algunos sectores políticos.
Críticas de organizaciones humanitarias
Estas medidas han generado rechazo entre organizaciones de defensa de los derechos humanos. Sile Reynolds, de Freedom from Torture, advirtió que las propuestas “castigarán a personas que ya lo han perdido todo” y eliminarán protecciones esenciales para quienes huyen de la tortura.
Frente a estas críticas, Starmer —antiguo abogado de derechos humanos— defendió que Gran Bretaña es un país “justo, tolerante y compasivo”, pero subrayó que, en un mundo más volátil, “la gente necesita saber que nuestras fronteras son seguras”.
La reforma también incluirá agilizar el sistema de apelaciones, acelerar la deportación de delincuentes y prevenir el uso indebido de las leyes contra la esclavitud moderna para evitar expulsiones.