La disputa entre dos de los más importantes dirigentes del oficialismo tucumano, el titular del Ministerio Público Fiscal, Edmundo «Pirincho» Jiménez, y el diputado nacional Carlos Cisneros, tuvo hoy una fase decisiva con el terminante pronunciamiento del gobernador Osvaldo Jaldo. «Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”, expresó el mandatario sobre la medida cautelar que impuso el Ministerio Público Fiscal sobre algunos medios de comunicación.
“Son decisiones de tipo judicial que están en el ámbito de otro poder. Por lo tanto, yo, como gobernador, soy respetuoso de las decisiones que toman los poderes. Es una decisión judicial que hay que respetarla. Luego hay instancias para revertirlas”, expresó el mandatario provincial.
⚖️ “Respetar los fallos de la justicia es pilar de la democracia”, afirmó @OsvaldoJaldo.#Tucuman https://t.co/fbtS8IJxdN
— Gobierno de Tucumán (@GobiernoTucuman) November 10, 2025
Consultado sobre el alcance de la medida, señaló: “yo lo que sé es que es una medida judicial y que, nos guste o no nos guste, hay que respetarla. Y hay caminos judiciales para revertir esa medida, si es que alguien entiende que es injusta o que tiende a amordazar la libertad de prensa. Tienen la vía judicial que, como se la implantó, se la sancionó, se la puede revertir. Y esto es lo bueno que tiene la democracia y lo bueno es que hoy los poderes del Estado estén funcionando a pleno”.
La medida judicial que divide aguas
La medida a la que se refirió Jaldo con un respaldo tan explícito es la orden del juez subrogante Lucas Alfredo Taboada, quien –a pedido de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana a cargo de Daniel Esteban Sosa Piñero– impuso una restricción de seis meses a la programación del canal CCC, prohibiendo criticar o cuestionar el accionar de fiscales y jueces provinciales. Esta decisión judicial fue denunciada por el diputado Cisneros como un acto de censura orquestado por el fiscal general Jiménez para «silenciar a los medios».
Al respaldar sin matices la validez de esta medida, el Gobernador no solo avala una acción concreta del Ministerio Público Fiscal que lidera Jiménez, sino que desestima por completo el relato de «censura» esgrimido por Cisneros. Con sus palabras, Jaldo se alinea con la autoridad del Poder Judicial y el MPF, legitimando su actuación en el caso.
Un apoyo estratégico en una guerra total
El pronunciamiento de Jaldo no puede leerse de forma aislada, sino como un posicionamiento clave en la pulseada de poder que sacude al oficialismo tucumano. Por un lado, se encuentra Cisneros, acorralado por una investigación judicial histórica. El juez Bernardo Daniel Lerario Babot lo señaló como «el de arriba» que comandaba una presunta asociación ilícita para fabricar pruebas, luego de que allanamientos y pericias forenses revelaran una red de operadores que incluía a abogados, testigos con empleos sospechosos e incluso a un periodista.
Frente a esto, Cisneros desató un «millonario bombardeo mediático» desde sus portales Contexto y Enterate –y otros tantos que son financiados por la Caja Popular– contra Jiménez, acusándolo a él de liderar la verdadera asociación ilícita y de utilizar la justicia para censurarlo.
Al respaldar la medida judicial que restringe a uno de los canales de esta ofensiva, el gobernador Jaldo corta cualquier ambigüedad: su apoyo es para el fiscal Jiménez y para la investigación que amenaza con desmantelar el poder del sindicalista bancario. Le está diciendo a Cisneros que, en esta batalla, el poder del Estado – tanto el Judicial como el Ejecutivo – no estará de su lado.
Con esta declaración, Jaldo no solo respalda una resolución judicial; está definiendo los nuevos equilibrios de fuerza en el oficialismo tucumano, respaldando la supuesta institucionalidad representada por Jiménez y distanciándose del fuego cruzado que amenaza con consumir políticamente a Carlos Cisneros, en la cuál el diputado ha apostado casi todas sus fichas.