Mientras Susana Trimarco reveló un llamado anónimo que asegura ubicar a Marita Verón con vida en Paraguay, la fundación que preside enfrenta una grave denuncia judicial por el alquiler irregular de propiedades del Estado y recibe cuestionamientos por el manejo de millonarios subsidios oficiales.
En un nuevo giro del caso que conmociona a la Argentina desde 2002, Susana Trimarco, madre de Marita Verón, anunció este miércoles que recibió un llamado desde Paraguay que le daría una pista sobre el paradero de su hija. La información, sin embargo, llega en un contexto de extrema vulnerabilidad para su credibilidad pública, acosada por denuncias penales y señalamientos por el manejo opaco de fondos millonarios que recibió del Estado durante años.
A través de una entrevista en el programa El Avispero, Trimarco detalló que en la madrugada del miércoles recibió una comunicación desde Asunción del Paraguay. «Anoche la 1:30 de la mañana recibí una noticia de Asunción del Paraguay, de un pueblo, donde apareció una persona que está perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales, que supuestamente es mi hija», relató con visible conmoción. La fundadora de la Fundación María de los Ángeles describió haber recibido una fotografía que decidió no hacer pública por lo «horrorosa» de la situación. «Para mí, como madre, es como que me clavaron un puñal en el pecho», afirmó. Ante esto, aseguró que sus abogados ya elevaron el caso a la Justicia Federal para cotejar las pruebas con los registros de ADN y huellas dactilares de su hija.
Mientras Trimarco se presenta ante los medios como la incansable luchadora, el Poder Judicial recibe una contundente denuncia que pinta un cuadro muy diferente. Comerciantes tucumanos presentaron ante un Juzgado Federal pruebas que la acusan de estar involucrada en el alquiler fraudulento de propiedades estatales. La denuncia incluye comprobantes de transferencias bancarias a nombre de la propia Susana Trimarco por un total de 3 millones de pesos, supuestamente por alquileres de locales que no le pertenecían. Además, se presentaron audios reveladores donde una voz, identificada como la de Trimarco, ejerce presión sobre los inquilinos. En uno de ellos, supuestamente pide a una comerciante que «mienta sobre los locales alquilados». En otro, exige pagos y amenaza con allanamientos, llegando a afirmar que «sujeta al fiscal» para realizarlos. Incluso menciona tener «la orden de allanamiento» y amenaza con desalojos. Los querellantes acusan a Trimarco de alquilar propiedades del Estado –destinadas a asistir a víctimas de trata– para beneficio privado, utilizando métodos de coerción y amenazas.
Estas acusaciones no surgen en el vacío. Por años, Trimarco y su fundación han sido señaladas por organizaciones pares y legisladores de la oposición por ser receptoras de fondos estatales desproporcionados y con escasa rendición de cuentas. Investigaciones periodísticas y pedidos de informes parlamentarios, particularmente de la senadora tucumana Silvia Elías de Pérez, demostraron que los subsidios a la Fundación María de los Ángeles se dispararon exponencialmente a partir de 2012, año en que Trimarco alineó su discurso públicamente con el gobierno kirchnerista. Mientras entre 2009 y 2011 los fondos nacionales no superaban los $500.000 anuales, para 2012 la fundación recibió $1,2 millón, cifra que escaló hasta los $23,3 millones en 2015, con depósitos millonarios en los últimos días del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La fundación también recibió un polémico terreno de cuatro hectáreas del Ejército en Tucumán y un subsidio de $2,4 millones de la provincia de Córdoba que generó rechazo en otras ONG. Alicia Peresutti, de Vínculos en Red, cuestionó en su momento: «Parece que todo esto responde a medios extorsivos. Después de un discurso violento, (siempre) aparece el dinero». Incluso Gustavo Vera, referente de la Fundación Alameda, fue contundente en 2016: «Se está lavando dinero a través de esta señora y no solamente del gobierno propio, sino del norteamericano».
El contraste no puede ser más marcado: la mujer que anuncia una esperanzadora –aunque trágica– pista sobre su hija desaparecida es la misma que debe responder ante la Justicia por presuntas prácticas extorsivas y de enriquecimiento irregular. La revelación sobre Marita Verón en Paraguay se convierte así en un episodio más de una historia pública compleja, donde la lucha legítima por una hija se entrelaza con serias acusaciones de corrupción, opacidad en el manejo de fondos y una cercanía con el poder político que le valió jugosos beneficios. La Justicia Federal tiene ahora dos caminos por delante: investigar la nueva pista sobre el secuestro de Marita Verón y, de forma paralela, determinar la veracidad de las acusaciones que podrían cambiar para siempre la imagen de una de las figuras más emblemáticas en la lucha contra la trata en Argentina.
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