El futbolista acusó al parlamentario radical de interferir en la investigación y lo vinculó con una supuesta «organización criminal» que buscaría manipular la causa.
En un nuevo giro dentro de la causa por presunto abuso sexual agravado contra una trabajadora bancaria, el futbolista José Ignacio Florentin Bobadilla presentó este lunes una denuncia contra el legislador radical José Cano, acusándolo de «intromisión de poderes» y de formar parte de una presunta organización criminal que estaría operando para influir en el caso.
La medida judicial surge como respuesta al pedido de auditoría que Cano realizó la semana pasada ante la Corte Suprema de Justicia, donde cuestionaba las «demoras injustificadas» en la tramitación de la causa que involucra a cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield, entre ellos Florentin Bobadilla.
A través de sus abogados Florencia Abdala y Camilo Atim, el futbolista presentó ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos un escrito en el que solicitó medidas investigativas -incluyendo allanamiento y secuestro- contra el legislador. Florentin Bobadilla calificó la acción de Cano como un «inexplicable e indebido acto de intromisión de poderes» y una «grave intromisión funcional».
En la denuncia, el deportista cuestionó el «sospechoso interés» del parlamentario en esta causa específica, señalando que no muestra la misma preocupación en otros expedientes. Además, destacó como «sorprendente» que Cano, siendo una persona «totalmente ajena a la causa», tuviera conocimiento del número de legajo y la carátula del caso.
El escrito judicial establece un vínculo entre Cano y el diputado Carlos Cisneros -también denunciado previamente por el futbolista- describiendo una «estrecha relación» que califican como «pública y notoria». Florentin Bobadilla sostiene que esta maniobra confirma la existencia de la organización criminal que habría denunciado anteriormente, la cual contaría con participación política.
La causa central, que investiga el presunto abuso sexual ocurrido hace más de un año, continúa su curso mientras se acumulan las denuncias cruzadas entre las partes involucradas, complejizando aún más un caso que mantiene alta repercusión pública.
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