El proyecto, presentado tras el respaldo electoral, busca flexibilizar las relaciones laborales, reducir la litigiosidad y crear incentivos para la contratación. Incluye un régimen de créditos fiscales para empresas que generen nuevos puestos de trabajo.
Con el impulso político obtenido en las urnas, el Gobierno nacional presentó un ambicioso proyecto de reforma laboral que apunta a modernizar el sistema, dinamizar el mercado de trabajo y generar condiciones más favorables para la inversión y la creación de empleo formal.
Bajo el nombre de “Ley de Promoción de Inversiones y Empleo”, la iniciativa –presentada por la diputada Romina Diez y respaldada por legisladores de distintos bloques– introduce una serie de cambios estructurales en la Ley de Contrato de Trabajo, con el objetivo declarado de adaptar la normativa a las nuevas realidades productivas.
Estímulos concretos para la generación de empleo
Uno de los pilares más destacados de la reforma es la creación de un régimen de bonos de crédito fiscal para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo durante los primeros 18 meses de vigencia de la ley. El beneficio será escalonado: 100% para microempresas, 75% para pequeñas, 50% para medianas y 25% para grandes compañías. Esta medida busca incentivar de manera directa y tangible la expansión de la nómina formal en todos los estratos empresariales.
Mayor flexibilidad y previsibilidad para las PyMEs
En un gesto dirigido específicamente a aliviar la carga financiera de las pequeñas y medianas empresas, el proyecto permite que las MiPyMEs puedan pagar indemnizaciones o fallos judiciales laborales en hasta 12 cuotas. Según sostiene el oficialismo, esta disposición busca evitar que los costos de un despido pongan en riesgo la sostenibilidad de la empresa, fomentando así la contratación formal con mayor previsibilidad.
Modernización de las relaciones laborales
La iniciativa introduce una actualización de las convenciones colectivas, permitiendo la incorporación de esquemas más flexibles como bancos de horas o francos compensatorios, siempre respetando un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas. Además, se redefine el principio de irrenunciabilidad, otorgando mayor margen para modificar tareas o condiciones de trabajo de manera consensuada, siempre que no sean irrazonables.
En materia de licencias, se contempla que matrimonios o convivientes empleados en la misma empresa puedan coordinar sus períodos de vacaciones, una medida que apunta a conciliar la vida laboral y familiar.
Reducción de la litigiosidad y mayor certeza jurídica
El proyecto establece un nuevo esquema para el cálculo de intereses en créditos laborales –limitados al índice de precios más un 3% anual– y fija un tope del 20% para los honorarios judiciales por cuota litis. Estas medidas buscan descomprimir la conflictividad judicial y brindar mayor certeza tanto a trabajadores como a empleadores en los procesos legales.
Un debate con consenso previo
Desde el Gobierno se enfatiza que el proyecto se enmarca en los principios de la Ley Bases y es el resultado de discusiones mantenidas en el Consejo de Mayo, una mesa de diálogo que incluye a representantes gremiales, empresarios y funcionarios. Si bien se prevé un intenso debate legislativo y resistencias por parte de algunos sectores sindicales, el oficialismo confía en que la reforma sentará las bases para “un modelo más competitivo y sustentable”, atrayendo inversiones y promoviendo la formalización laboral en un mercado de trabajo que requiere, según argumentan, una urgente actualización.