Florencia es una joven profesora de inglés que hoy siente (y equivocadamente) que cometió un error fatal. Le dio clases de forma virtual a un joven y, desde entonces, su vida es un calvario.
La joven no para de ser acosada desde aquel día. De alguna forma, su acosador logra vulnerar todas sus cuentas de redes sociales personales y comunicarse con ella. Recibe mensajes intimidatorios y amenazas de todo tipo. Está harta. Está desesperada. Ya no sabe qué hacer.
Es así que el 25 de febrero de este año acudió a la Unidad Especializada en Violencia Familiar y de Género II, en donde dejó asentada la denuncia luego de que el acosador se presentara sorpresivamente en su domicilio sin invitación y sin que ella le haya brindado su dirección. Sin embargo, ni esa acción logró detener al joven denunciado.
“Tengo que vivir encerrada”, le confesó Florencia a TN. Ocurre que el joven acusado es miembro de una familia muy ligada al poder político provincial, y actualmente cuenta con un amparo a su favor para que su identidad no sea revelada bajo ningún punto de vista. Mientras tanto, la joven acosada vive con miedo de salir a la calle porque la guarda policial que le designaron solo se encarga de vigilarla cuando se encuentra en su domicilio y no fuera de él.
“La custodia es domiciliaria, yo tengo que estar encerrada porque en la calle tendría que moverme sola y ya ante las últimas amenazas, que fueron de muerte, no puedo salir a la calle”, dice. Asegura que tiene miedo de que el acosador se fugue, se le pierda totalmente el control, porque sería condenarla a ella a seguir encerrada siempre.
Las coincidencias con el caso de Paola Tacacho son innegables. Hubo un intento de un fiscal de archivar la denuncia de Florencia. La joven confiesa que el letrado –que debía investigar al denunciado- le recomendó no avanzar con la investigación y comprarse un arma. Gracias al apoyo de organizaciones feministas y de la familia Tacacho, frustraron el primer intento de archivo y la causa, lentamente, continúa su curso casi sin cambios desde febrero.
Con nuevo fiscal, la Justicia pidió una junta médica para evaluar al joven. Su familia alega que tiene un problema cognitivo, y que no puede valerse por sí mismo y su abogado logró posponer una primera reunión. Aseguran que una junta médica podría desequilibrarlo emocionalmente y que es discriminatorio. Al segundo llamado, el joven no se presentó.
“Me estoy deteriorando muchísimo, encerrada en mi casa hace muchos meses, mi familia tiene que venir a visitarme, mis amigos… quiero poder volver a vivir mi vida, ver a mi familia cuando quiera, poder volver a trabajar, terminar con mis ataques de pánico. Es muy difícil ya no tener vida social, laboral, de pareja, de nada. Tener que estar entre cuatro paredes porque si salís a la calle quedas al descubierto”, agrega.
“Le pido a la familia que se ponga a derecho, que respeten la justicia, que tenga algo de empatía, de que hay una persona que no se fue de vacaciones como ellos, que no puede hacer su vida normal como ellos, que me ayuden a recuperar mi vida”, concluye.