Buenos Aires.- El Gobierno admitió que no tiene en agenda efectuar un cuarto pago de $ 10.000 a los más de 8,8 millones de beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) dispuesto al inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) como suerte de respuesta a la abrupta caída de ingresos en los sectores más desprotegidos.
Este lunes, el Gobierno convocó a empresarios, sindicalistas y referentes de organizaciones sociales y movimientos populares a una reunión ampliada del gabinete económico que semanalmente sesiona en la Casa Rosada para mostrar que el Pacto Social planteado en diciembre pasado sigue vivo, y exhibir así el apoyo de los sectores productivos y los trabajadores luego de varias semanas con malos resultados para la gestión de Alberto Fernández, tanto en materia económica como por los encontronazos con la Corte Suprema de Justicia, el campo, la oposición e incluso los medios de comunicación.
El fin de semana había circulado que la convocatoria al Pacto Social definiría los detalles de la cuarta ronda de acreditación del IFE. Sin embargo, la propia ANSeS debió aclarar que no era así. De hecho, el organismo que encabeza Fernanda Raverta dejó entrever días atrás que el «IFE 4» se diluiría al comunicar el cronograma de pagos de este mes, que empieza este jueves 8 de octubre, sin un calendario con pagos para los monotributistas categoría A y B, empleadas domésticas, trabajadores informales o desocupados, y beneficiarias de la AUH que forman el universo de beneficiarios, informó El Cronista Comercial en una nota firmada por Ismael Chabay.
Las razones que llevan a postergar cualquier mecanismo de asistencia en lo inmediato son de dos índoles: una económico-fiscalista, por la tremenda erogación que esto ocasiona (se estima que un mes de IFE equivale a tres del ATP dedicado a empresas), y otra de naturaleza epidemiológica y sociolaboral: muchos funcionarios entienden que tal como fue diseñado, ahora no tiene sentido continuar el IFE porque en muchas zonas donde se regrese a la (nueva) normalidad, los beneficiarios han retomado su actividad y ya cuentan con ingresos propios.
A la vez, el Gobierno reconoce que no tiene los elementos metodológicos, el tiempo ni los recursos para «peinar» la base de beneficiarios y discriminar entre los que sí pudieron volver a trabajar y aquellos que no. La situación sanitaria en cada provincia también incide, y de allí que se deba trabajar minuciosamente para llegar al más vulnerable. De allí que necesiten la connivencia de los sectores sociales para garantizar paz mientras se resuelve el asunto.
La contrapropuesta de la Casa Rosada pasa, en cambio, por poner cuanto antes en marcha las transferencias dinerarias que impactan fuertemente en el empleo de mano de obra a través de proyectos de infraestructura, rutas y más, y que implican una contraprestación del ayudado. Para esto, apuntan a fortalecer los programas «Argentina Hace», «Argentina Construye» y «Potenciar Trabajo», que ejecutan los ministerios de Obras Públicas, Desarrollo Territorial y Desarrollo Social, respectivamente, casi $ 90.000 millones -el costo aproximado de una ronda del IFE, y alentar al empresariado local a invertir en proyectos o instrumentos financieros como los que fueron presentados la semana pasada para desinflar la presión sobre el dólar.
