Inminente definición sobre los jueces trasladados

Buenos Aires.- Luego de que la Procuración General de la Nación, conducida de forma interina por Eduardo Casal, dictaminara a favor de que la Corte Suprema defina la validez de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, el máximo tribunal de Justicia está en condiciones de expedirse sobre la cuestión de fondo y emitir su decisión final en los próximos días.

La Corte aceptó por unanimidad el recurso de per saltum y se espera que en el transcurso de este semana que se inicia o a más tardar la siguiente de a conocer su veredicto, del cual depende la continuidad o no en sus cargos de los tres magistrados trasladados en su momento por decreto del ex presidente Mauricio Macri.

Todavía no hay demasiadas pistas acerca de en qué sentido podría resolver el máximo tribunal, aunque sí quedó de manifiesto que tiene intenciones de definir rápido la cuestión. Prueba de ello es que emplazó al presidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, para que argumentara su posición, y luego también pidió a Casal que dictaminara al respecto.

Con un escrito firmado por Lugones, el Consejo de la Magistratura le pidió a la Corte que rechace el per saltum al considerar que se trasgredía el principio de división de poderes avasallando facultades del Poder Ejecutivo, y le solicitó que confirme lo que decidió el Senado y también el Gobierno a través de los decretos.

Por su parte, Casal dictaminó a favor del pedido de los jueces y consideró que «corresponde hacer lugar al recurso extraordinario por salto de instancia y revocar la sentencia apelada» por los tres magistrados.

Con los decretos del Gobierno de Cambiemos, Bruglia y Bertuzzi pasaron de ser jueces de tribunal oral a ser miembros de la Cámara Federal, mientras que Castelli pasó de un tribunal oral en San Martín a uno en Comodoro Py.

En junio pasado, el Consejo de la Magistratura emitió una resolución en la que consideraba que esos traslados y los de otros siete jueces y juezas fueron «irregulares», ya que no tenían acuerdo del Senado.

El Poder Ejecutivo envió la nómina de diez jueces al Senado para que resolvieran al respecto, y convocó a una audiencia pública a la que sólo se asusentaron Bruglia, Bertuzzi y Castelli. Allí, la Cámara alta rechazó sus traslados, lo que fue refrendado por el Poder Ejecutivo.

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