La erosión institucional de la provincia ya no se limita a la protección y continuidad de los burócratas que ostentan el poder: funcionarios, jueces o legisladores. La bizarría política tucumana alcanzó esta semana su clímax, con el asesinato a sangre fría de una joven que había denunciado 13 veces a su acosador: la corrupción del sistema ofició de cómplice en el crimen.
Esta vez no fue la escandalosa denuncia por tráfico de influencias contra un vocal de la Corte como Daniel Leiva, realizada por otro juez como Enrique Pedicone. Esas cuestiones de compulsa en el poder son casi incomprensibles para la gran mayoría de los tucumanos, sumidos en la pobreza a la espera de las dádivas estatales. Ya poco entienden los tucumanos las diferencias entre oficialistas, opositores, peronistas o bussistas. Ya todos son lo mismo a los ojos del “ciudadano de a pie”, expuestos a una inseguridad inédita en la historia provincial.
Pero quiso el destino que sea el mismo magistrado, Juan Francisco Pisa, el protagonista de todas de las dos decisiones que más perjudiciales para la institucionalidad y la seguridad de los tucumanos: la anulación de la validez de los audios de Pedicone para el proceso contra Leiva y el sobreseimiento de Mauricio Parada Pareja, el femicida de la profesora de inglés Paola Tacacho.
Este miércoles, la ministra de Gobierno Carolina Vargas Aignasse, confirmó una versión de prensa: la renuncia de Pisa ingresó el 15 de octubre pasado al Poder Ejecutivo. Es decir, antes del femicidio, pero después de haber “colaborado” en la protección de Leiva, el más oficialista de los miembros de la Corte Suprema, como también la de Osvaldo Jaldo, el más firme (casi incuestionable) candidato a suceder a Juan Manzur al frente del Gobierno de la Provincia.
El polémico magistrado había comenzado a tramitar la jubilación en 2019. Si Manzur le aceptara la renuncia, entonces Pisa podría retirarse de la profesión y gozar -de por vida- de ingresos equivalentes al 82 por ciento móvil de su salario, es decir, unos 400 mil pesos por mes. En cambio, si el gobernador decidiera por primera vez tomar una decisión con justicia, en contra de la corporación político-judicial de Tucumán, esperaría que la Legislatura analice los pedidos de juicio político y la denuncia penal contra el magistrado, en la primera muestra de compromiso con los tucumanos.
Pero en el oficialismo provincial han comenzado a desplegar su única e histórica estrategia de que toda crítica es un ataque disfrazado de la oposición, y por tanto se debe contraatacar, aunque esto implique que los tucumanos se hundan más en la pobreza y desprotección. Por todo esto, parece improbable que, por primera vez en décadas, los dirigentes pondrán punto final a esta crisis vergonzante, inédita, para la que fue una provincia rica, educada y pujante.