Jaldo envió un proyecto para que la Defensoría del Pueblo reciba sus fondos mensualmente como el Poder Judicial y la Legislatura

El Poder Ejecutivo de Tucumán remitió el 12 de noviembre a la Legislatura un proyecto de ley para incorporar a la Defensoría del Pueblo al mecanismo de transferencia de fondos previsto en la Ley 6930 de autarquía financiera, a partir del ejercicio presupuestario 2027. La iniciativa, firmada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía y Producción Daniel Abad, ingresó por mesa de entradas y solicita su tratamiento en el marco del artículo 69 de la Constitución provincial, con el objetivo de que el organismo reciba sus recursos con el mismo régimen que rige para los poderes Legislativo y Judicial y el Tribunal de Cuentas.

En la nota de elevación el Ejecutivo fundamenta el pedido en que la Defensoría “es un órgano con autonomía funcional y autarquía financiera, incluido en el Capítulo Segundo de la Constitución Provincial ‘Órganos de Control’ (arts. 81 a 86)”. Por ello sostiene que “a los fines de dotar de recursos financieros a la misma” resulta necesario tramitar su inclusión en el mecanismo de la Ley 6930 desde 2027. El proyecto consta de tres artículos: el primero dispone “Incorpórase en los artículos 1°, 2° y 4° de la Ley 6930 a la Defensoría del Pueblo”; el segundo establece que “la aplicación de la presente Ley deberá efectuarse respetando la autonomía funcional y autarquía financiera reconocidas a la Defensoría del Pueblo por el artículo 81 de la Constitución de la Provincia de Tucumán”; y el tercero es de forma.

La Ley 6930, sancionada el 24 de noviembre de 1998 y promulgada el 8 de febrero de 1999 durante la gobernación de Antonio Domingo Bussi, regula actualmente la percepción de recursos por los poderes Legislativo y Judicial y el Tribunal de Cuentas. Establece que la entrega de los fondos correspondientes a los créditos asignados por la ley de presupuesto vigente se efectuará mensualmente, con un mínimo equivalente al duodécimo de cada partida. Las administraciones de esos órganos deben emitir los libramientos de entrega dentro de los dos primeros días hábiles de cada mes, y el Ministerio de Hacienda debe asegurar el pago a través de la Tesorería General, que cancela la totalidad hasta el décimo día. Los fondos excedentes al cierre del ejercicio se transfieren a una cuenta corriente bancaria a nombre de cada administración y se constituyen en un fondo extrapresupuestario que puede utilizarse como refuerzo financiero.

El organismo está a cargo desde el 6 de marzo de 2026 de Agustín Fernández, electo por la Legislatura con 38 votos a favor, 6 para Claudia Boyanovsky y 4 abstenciones, sobre 48 presentes. Fernández, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, fue concejal e intendente de Aguilares durante tres mandatos consecutivos en la gobernación de José Alperovich y luego diputado nacional entre 2019 y 2023, donde presidió el Bloque Independencia que respondía al gobernador Jaldo. Su designación se produjo en sesión especial ordinaria presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, tras un proceso que partió de 45 o 46 postulantes y una terna final que también integraban José Alcaraz y Boyanovsky. El mandato constitucional es de cinco años, con posibilidad de un período consecutivo, y solo puede ser removido por juicio político.

El envío del proyecto coincide con el tratamiento del Presupuesto 2027, remitido a fines de octubre por Jaldo y Abad, que contempla gastos totales por $7,35 billones y un superávit fiscal de $304,5 millones. Ese proyecto incluye, en su artículo 29, una disposición que establece que las modificaciones presupuestarias dispuestas por los organismos descentralizados y autárquicos y por los poderes Legislativo y Judicial deberán ajustarse a los lineamientos de la ley de presupuesto y normas concordantes. En años anteriores el Ejecutivo había intentado vincular las transferencias mensuales a la recaudación efectiva, pero la comisión legislativa modificó esa propuesta para mantener el régimen legal vigente. En los últimos meses el Gobierno autorizó refuerzos salariales para la Legislatura (entre ellos $1.300 millones en octubre) y para el ámbito judicial, y en agosto de 2026 había dispuesto un incremento de $70 millones para gastos de funcionamiento de la Defensoría mediante el Decreto 1834/3 (SH).

La Constitución provincial, en su artículo 81, define a la Defensoría como “un órgano unipersonal e independiente, con autonomía funcional y autarquía financiera, que no recibe instrucciones de ninguna autoridad”. Sus atribuciones, enumeradas en el artículo 82, comprenden la defensa, protección y promoción de los derechos humanos y demás derechos e intereses individuales, colectivos y difusos frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública provincial y municipal o de prestadores de servicios públicos, con actuaciones gratuitas para el ciudadano. El organismo fue creado en 1995 por la Ley 6644 y tiene su sede en Balcarce 64. La inclusión en el régimen de la Ley 6930 no modifica su status constitucional, pero sí el mecanismo concreto de percepción de los recursos que le asigne la ley de presupuesto.

El proyecto queda ahora a consideración de la Legislatura, en un año en el que el debate presupuestario ya anticipa tensiones entre el Ejecutivo y otros poderes por el alcance de las facultades de modificación de partidas y por el manejo de organismos autárquicos. La sanción de la iniciativa, si prospera, equipararía a partir de 2027 el flujo mensual de fondos de la Defensoría del Pueblo con el que ya tienen el Poder Judicial, la Legislatura y el Tribunal de Cuentas.

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