La Justicia Federal de Comodoro Py abrió una causa contra el diputado nacional Carlos Aníbal Cisneros por la presentación de siete declaraciones juradas patrimoniales en las que, según la denuncia, consignó datos falsos y omitió información que la ley le obligaba a declarar. La causa quedó radicada bajo el número CFP 5488/2026 en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 4, a cargo del juez Ariel Oscar Lijo.
A la presentación la formuló el periodista Julio Rafael Valenzuela. Invoca el artículo 268, inciso 3, segundo párrafo, del Código Penal (falsedad y omisión maliciosa de datos en declaraciones juradas de funcionarios), en tantos hechos como declaraciones se presentaron entre 2019 y 2025, y subsidiariamente el artículo 293. Cisneros es diputado nacional por Tucumán desde el 10 de diciembre de 2019 (mandato renovado en 2023) y dirigente de la Asociación Bancaria.
Según las propias declaraciones juradas del legislador, sus bienes pasaron de $2.266.226,63 al inicio de 2019 a $705.393.952,81 al cierre de 2025. En términos nominales se multiplicaron unas 311 veces. El patrimonio neto declarado al cierre de 2025 alcanza los $700.334.234,48. La denuncia señala que los $112.821.000 consignados como “ingresos no alcanzados” en 2021 y 2022 carecen de detalle alguno, y que en 2025 unos $121,6 millones de la diferencia de valuación corresponden a una sola participación societaria sin identificar la sociedad.
El crecimiento patrimonial de Cisneros, medido en sus propias declaraciones, resulta de una magnitud superior al que registró Manuel Adorni desde que asumió funciones nacionales en diciembre de 2023. Según los análisis de Chequeado, Infobae, La Nación y TN sobre las presentaciones de Adorni ante la Oficina Anticorrupción, su patrimonio neto original al ingresar rondaba los $26,7 millones y cerró 2025 en $627,2 millones (bienes brutos de $944.575.052 menos deudas de unos $317,3 millones).
Ambos casos tramitan ante el mismo juez federal, Ariel Lijo. En el de Adorni, el fiscal Gerardo Pollicita dictaminó en noviembre de 2026 que no se había probado que el incremento se hubiera producido durante el ejercicio de la función pública y propuso que la causa deje de tramitar como enriquecimiento ilícito para pasar al fuero penal económico por posible evasión. La denuncia contra Cisneros, en cambio, se centra en la falsedad y omisión de datos en las declaraciones juradas (art. 268, inciso 3). La diferencia de escala es notable: en el caso Adorni el aumento nominal original fue de unas 24 veces, mientras que el de Cisneros alcanzó las 311 veces entre 2019 y 2025.
| Ejercicio | Bienes al cierre | Patrimonio neto | Ingresos netos | Ingresos no alcanzados |
|---|---|---|---|---|
| Inicio 2019 | $2.266.226,63 | $2.221.226,63 | — | — |
| 2019 | $8.306.249,94 | $3.506.249,94 | $2.025.962,86 | $0 |
| 2020 | $16.177.619,80 | $12.561.619,80 | $5.422.018,58 | $0 |
| 2021 | $40.615.489,07 | $37.003.489,07 | $7.313.865,92 | $53.133.000 |
| 2022 | $125.937.964,25 | $105.916.964,25 | $13.553.067,22 | $59.688.000 |
| 2023 | $176.331.397,48 | $176.251.397,48 | $36.495.116,07 | $1.762.716 |
| 2024 | $465.711.724,16 | $465.173.756,16 | $100.106.672,22 | $19.010.029 |
| 2025 | $705.393.952,81 | $700.334.234,48 | $150.284.176,74 | $25.965.517 |
Fuente: declaraciones juradas patrimoniales integrales de Carlos Aníbal Cisneros, sección “Evolución patrimonial”. Los ingresos no alcanzados de 2021 y 2022 no tienen detalle identificable.
La denuncia agrupa las irregularidades en cinco líneas, todas respaldadas por el cotejo de las declaraciones con informes de dominio del Registro Inmobiliario de Tucumán (expedidos entre el 8 y el 17 de junio de 2026) y con publicaciones del Boletín Oficial provincial.
Superficies que cambian de año a año. Los mismos inmuebles, con igual fecha de ingreso y valor, figuran con superficies distintas. Un ejemplo es la casa de Tafí del Valle: en la declaración de 2021 se consignó 300 m². El lote de la avenida Presidente Perón, en Yerba Buena, se declaró como propio al 100% en todos los ejercicios, pero el Registro indica que Cisneros solo tiene usufructo vitalicio parcial sobre la parte de sus tres hijas; la nuda propiedad pertenece en un 50% a ellas y en el otro50 % a Patricia S. F. Valiente (cónyuge de su cuñado, Hugo Ledesma). En 2021 y años siguientes ese lote apareció con 300 m². Un country en Yerba Buena pasó de 1.400 m² a 1.440 m² dentro del mismo ejercicio 2020 y luego se redujo sucesivamente a 300 m², 340 m² y 100 m² en declaraciones posteriores.
Unidades no individualizadas y subvaluadas. Las seis unidades funcionales del complejo Terrazas Park se adquirieron mediante dos escrituras de tres unidades cada una. Cada unidad se escrituró a $9.000.000, es decir $27.000.000 por escritura y $54.000.000 en total. Cisneros las declaró como dos partidas únicas, valuadas en $8.964.000 y $11.856.000 respectivamente, y con fechas de ingreso que no coinciden con las escrituras. En la rectificativa de 2025 corrigió las fechas pero mantuvo la agrupación en dos partidas.
Bajas sin acto y fechas falseadas. Tres inmuebles desaparecen del patrimonio declarado sin consignar venta, precio ni destino de los fondos. Las fechas de adquisición declaradas no coinciden con las escrituras en varios casos. En 2024, dentro del mismo instrumento, las superficies de Tafí, el lote de Perón y los departamentos de Terrazas Park aparecen con cifras distintas al inicio y al cierre.
Sociedades y empleo no declarados. Desde 2023 se suprime la identificación de la sociedad que concentra cerca de la mitad del patrimonio declarado. Se trata de Emprendimientos Argentinos S.A.S. (CUIT 30-71773795-0, Boletín Oficial de Tucumán N.º 30.289 del 18 de agosto de 2022), sociedad unipersonal de Cisneros constituida con un capital de $100.000. Su objeto social la faculta a designar agentes y permisionarios para comercializar juegos en el Hipódromo de Tucumán, con autorización de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia. Al cierre de 2022 Cisneros declaró esa participación en $45.100.000 (451 veces el capital suscripto), con origen “venta de activos” sin identificarlos. Al cierre de 2025 la valuó en $338.199.016, el 47,9 % del total de bienes declarados. Desde 2024 también se omite la participación del 50% en AYM Producciones S.A.S. En ningún ejercicio se declara la relación laboral con Banco Macro S.A., que ARCA y la Superintendencia de Servicios de Salud registran desde octubre de 2019.
La denuncia sostiene que Cisneros conocía los datos verdaderos porque en otros ejercicios los había declarado correctamente, y que el cotejo se acredita exclusivamente con instrumentos públicos. También ofrece como prueba entrevistas en las que el propio diputado reconoció haber recomendado al interventor de la Caja Popular (el doctor José Díaz, durante el gobierno de Juan Manzur) y que su sector propuso al subinterventor. En un tramo del programa El Avispero del 15 de junio de 2026, Cisneros explicó que las plataformas Pálpito Deportivo (autorizada en 2006) y Tucumán Apuesta (autorizada en 2021-2022 bajo el doctor Díaz) fueron las únicas habilitadas por la Caja Popular, y atribuyó a Manzur un compromiso con la Iglesia para no autorizar más plataformas por el riesgo de ludopatía (ver abajo).
La causa tramita en Comodoro Py porque las declaraciones se presentaron ante organismos nacionales con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el hecho afecta la función de control que la Ley 25.188 asigna a la administración pública nacional. El juez Lijo es titular del Juzgado Federal N.º 4 desde 2004. La denuncia pide la remisión de registros de ARCA, de la Superintendencia de Servicios de Salud y de autorizaciones de la Caja Popular vinculadas a Emprendimientos Argentinos S.A.S. y a las plataformas de apuestas.
La otra causa en la Justicia Federal
Pero esta denuncia no es la única causa que el diputado nacional enfrenta en la Justicia Federal. En Tucumán, en el marco de la causa Vélez, el Juzgado Federal N.º 2 (juez Guillermo Díaz Martínez) investiga a Cisneros, a la abogada Patricia Micaela Neme y a Federico Petraglia por la presunta comisión de trata de personas con fines de explotación laboral y funcional.
El expediente FTU 23/2026 se abrió después de que la justicia provincial sobreseyera a los cuatro exjugadores de Vélez Sarsfield acusados por Lourdes Parache de abuso sexual. El fiscal federal Rafael Vehils Ruiz sostuvo, en el dictamen que existía motivo bastante de sospecha de que Parache —empleada de la Caja Popular de Ahorros— había sido captada y sometida funcionalmente después del encuentro en el Hotel Hilton del 3 de marzo de 2024, para instrumentarla en una denuncia que terminó desestimada.
El 14 de septiembre de 2026 el juez Díaz Martínez citó a los tres a declaración indagatoria. Petraglia fue citado para el 28 de septiembre, Neme para el 29 y Cisneros para el 30, todos a las 9.30. Cisneros presentó el 28 de septiembre, a las 13.50, una declaración indagatoria por escrito en la que solicitó el sobreseimiento, ofreció prueba y formuló reserva de caso federal; sostuvo que Parache actuó con autonomía y patrocinio letrado propio. Neme y Petraglia también rechazaron los cargos.
A fines de octubre el fiscal Vehils Ruiz dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) para profundizar la investigación sobre el presunto sometimiento laboral de Parache. La causa sigue abierta; el juez aún no resolvió la situación procesal de los imputados y Cisneros conserva su inmunidad parlamentaria.
En el mismo juzgado tramita, además, una denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de activos y falsedad ideológica contra Cisneros, sus hijas y Petraglia, en la que se pidió la acumulación a la causa 23/2026 por conexidad.
A continuación, la nueva denuncia en Comodoro Py.
