El directorio de Yacimientos Mineros Agua de Dionisio aprobó por unanimidad el 25 de junio la distribución de 22 millones de dólares correspondientes a las utilidades del ejercicio 2025, de los cuales la Universidad Nacional de Tucumán percibirá 8,8 millones, equivalentes al 40 por ciento, en tanto que Catamarca se quedará con el 60 por ciento restante, en el primer reparto bajo el esquema societario reconfigurado tras el retiro del Estado nacional. Estos recursos, provenientes de la producción de Farallón Negro, se suman a los 13,8 millones distribuidos por el ejercicio anterior y llegan en un momento en el que la casa de altos estudios continúa operando al margen del mandato expreso de la Ley 14.771, que destinaba el 40 por ciento de las utilidades líquidas y realizadas a la terminación de la Ciudad Universitaria en el cerro San Javier conforme a los planos ya aprobados.
El manejo histórico de estos fondos ha sido objeto de controversias judiciales y administrativas desde al menos 2008, cuando el entonces rector Juan Alberto Cerisola firmó un acta que declaró satisfecha la obligación de la ley y redujo la participación universitaria al 20 por ciento, lo que permitió disponer de sumas de libre disponibilidad sin la rendición de cuentas prevista para la obra en San Javier. Investigaciones posteriores, que incluyeron la condena de Cerisola a tres años y seis meses de prisión por desvíos de fondos y procesamientos a empresarios por sobreprecios en obras que sustituyeron el campus, confirmaron que se violaron los planos y el destino específico establecido en el artículo 18 inciso b de la norma, en una trama en la que también intervinieron exrectores como Rodolfo Campero y Mario Marigliano desde la representación de la UNT en el directorio de YMAD.
El saabismo, encarnado durante más de cuatro décadas por José Hugo Saab desde la Secretaría General del Rectorado, ha sostenido un esquema de control que facilitó la sustitución de la Ciudad Universitaria por un listado de obras dispersas equivalentes a 135.000 metros cuadrados, según el acuerdo que la universidad homologó para recuperar provisoriamente el 40 por ciento hasta alcanzar ese umbral. Una vez cumplido, la participación caerá al 20 por ciento y los recursos pasarán a ser de libre disponibilidad del Rectorado, en una continuidad que reproduce el patrón de discrecionalidad que durante años permitió que miles de millones de dólares destinados por ley a San Javier se desviaran hacia refacciones, cargos y gastos de funcionamiento sin el control que la norma original imponía.
La pregunta que se impone ante este nuevo ingreso de casi 9 millones de dólares es qué hará el saabismo con un dinero que, por el diseño del acuerdo vigente, vuelve a llegar sin la obligación estricta de destinarse a la obra que la Ley 14.771 ordenaba terminar. La opacidad histórica en la rendición de cuentas, documentada en causas federales que ratificaron el destino legal de los fondos y en declaraciones de funcionarios que admitieron la imposibilidad práctica de cumplir la ley tal como estaba redactada, sugiere que la discrecionalidad seguirá siendo la norma más que la excepción, mientras la universidad celebra el ingreso de divisas sin que se haya avanzado en la construcción del campus que Abel Peirano y la norma de 1959 proyectaron para San Javier.
