El Senado dio media sanción el 17 de septiembre de 2026, por 41 votos a favor y 25 en contra, al proyecto que reemplaza la Ley 27.640 y eleva los cortes obligatorios de biocombustibles. El texto, que ahora espera tratamiento en Diputados, sube el bioetanol en las naftas del 12% al 15% a los doce meses de sancionada la norma y el biodiésel en el gasoil del 7,5% al 10%. En el etanol se mantienen seis puntos para la caña de azúcar y seis para el maíz; el 3% restante queda abierto a la materia prima que ofrezca mejor precio. La iniciativa deroga el esquema de cupos y precios máximos fijados por la Secretaría de Energía, introduce un mercado más competitivo con valor de referencia alineado al importado y fija una vigencia de quince años. Para Tucumán, el punto decisivo no es solo el aumento del corte: es quién producirá y controlará el alcohol que se mezcla en las naftas.
La Ley 27.640, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, reserva el mercado interno de biodiésel a empresas no integradas y prohíbe que las compañías que producen o destilan hidrocarburos sean titulares o participantes de plantas de biocombustibles. El nuevo dictamen no reitera esa prohibición de integración vertical y habilita el co-procesamiento de materia prima no fósil en las refinerías hasta un límite del 5% del producto final. En el etanol establece un tope del 20% del volumen anual de la mezcla obligatoria por empresa elaboradora. El debate que frenó el recinto en septiembre y sigue abierto en Diputados no gira sobre el aumento de los cortes —sobre el que hay consenso amplio entre provincias productoras—, sino sobre el reparto del mercado.
Qué cambia con el proyecto (media sanción del Senado)
El texto reemplaza la Ley 27.640 y eleva los cortes obligatorios: el bioetanol en las naftas pasa del 12 % al 15 % a los doce meses de sancionada la norma, y el biodiésel en el gasoil del 7,5 % al 10 %. En el etanol se mantienen seis puntos para la caña de azúcar y seis para el maíz; el 3 % restante queda abierto a la materia prima que ofrezca mejor precio. Se deroga el esquema de cupos y precios máximos fijados por la Secretaría de Energía, se introduce un valor de referencia alineado al importado y se fija una vigencia de quince años.
El debate de fondo (no es solo el aumento del corte)
La Ley vigente reserva el mercado interno de biodiésel a empresas no integradas y prohíbe que las compañías petroleras o refinadoras sean titulares de plantas de biocombustibles. El nuevo dictamen no reitera esa prohibición de integración vertical y habilita el co-procesamiento en las refinerías (hasta 5 % del producto final). En el etanol establece un tope del 20 % del volumen anual de la mezcla obligatoria por empresa elaboradora. El núcleo de la discusión es quién captura el crecimiento del mercado y bajo qué condiciones.
Por qué importa para Tucumán
Más caña destinada al alcohol reduce la oferta de azúcar físico y tonifica el precio. Con las compras de Ingenios de Tucumán SA (Concepción, La Corona y, de concretarse, La Trinidad) se concentra capacidad de destilación cerca de infraestructura logística petrolera (Refinor/YPF). El proyecto no decide solo cuánto alcohol irá a las naftas: decide si Tucumán consolida una matriz energética propia o si esa capacidad queda subordinada a las refinadoras que hoy están obligadas a comprar el producto y mañana podrán producirlo o contratarlo en bloque.
En el biodiésel la tensión enfrenta a las pymes no integradas regionales con las grandes aceiteras integradas. Las 25 plantas nucleadas en la Cámara de Empresas Pymes Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) abastecen hoy el corte obligatorio interno —cerca de 900.000 toneladas anuales— y también exportan. Compran el aceite de soja. Están radicadas en Santa Fe, Buenos Aires, La Pampa, Entre Ríos y San Luis, y sostienen alrededor de 1.500 empleos directos y varios miles indirectos. Las grandes aceiteras, que controlan la materia prima desde el campo hasta la planta y producen para exportación, reclaman acceso al mercado interno. El dictamen les abre gradualmente ese espacio: las no integradas conservarían un cupo protegido que se reduce de 6,5% hasta fines de 2028 a 5,5% en 2029, 5% en 2030 y 4% desde 2031 hasta 2036. El resto se negociaría libremente. CEPREB advierte que el esquema concentra la producción en un puñado de aceiteras y amenaza la continuidad de las plantas regionales. Propone, en cambio, elevar el corte al 12% o 12,5% y dividir el mercado en segmentos diferenciados. Las aceiteras defienden aprobar el texto del Senado sin modificaciones.
Con el Bioetanol hay consenso
En el bioetanol el consenso es mayor. El aumento del corte amplía la demanda de alcohol de caña y de maíz. Para la industria tucumana significa destinar entre 600.000 y 640.000 toneladas de azúcar equivalente por año al biocombustible, según estimaciones del Centro Azucarero Argentino. El 3% libre y el tope del 20% por empresa son las válvulas de competencia. El gobierno provincial y el sector sucroalcoholero celebran la previsibilidad de quince años y la posibilidad de inversiones en destilerías y deshidratadoras.
En ese marco se inscribe el crecimiento de Ingenios de Tucumán SA. La compañía, constituida en diciembre de 2025 con Santiago Blaquier como presidente, adquirió el Ingenio Concepción, en Banda del Río Salí, por alrededor de 100 millones de dólares. En 2025 ese establecimiento molió 2.719.008 toneladas de caña y cuenta con destilería y deshidratadora. El 4 de septiembre de 2026 cerró la compra del Ingenio La Corona, en la ciudad de Concepción: 934.949 toneladas de caña, 39.300 toneladas de azúcar y 25.500 metros cúbicos de alcohol en la zafra 2025. La empresa describió la operación como un refuerzo de su posición alcoholera. Avanza además sobre el Ingenio La Trinidad, en Chicligasta (1.821.062 toneladas en 2025), operación que fuentes de la compañía califican de muy avanzada y postergada hasta después de la presente zafra. Los tres establecimientos molieron juntos cerca de 5,5 millones de toneladas en 2025, el 22% de la caña del país. La empresa proyecta llevar esa molienda a entre 6 y 7 millones de toneladas.
La concentración de capacidad de destilación ocurre mientras el marco regulatorio discute la posibilidad de que las refinadoras participen, directa o indirectamente, en la producción de biocombustibles. YPF controla desde octubre de 2025 el 100% de Refinor, operación valuada en unos 25 millones de dólares. Con ella asegura el poliducto que une la terminal de Montecristo, en Córdoba, con el nodo de Banda del Río Salí, a metros del Ingenio Concepción, y una red de más de 70 estaciones de servicio en Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. La compañía anunció también el reacondicionamiento de la planta de Campo Durán, en Salta, para producir biocombustibles a partir de caña de azúcar con destino exportador. El presidente de YPF, Horacio Marín, expresó apoyo al proyecto que encabezó Bullrich y señaló que no pretende “romper el mercado” ni poner nerviosos a los pequeños productores. Un holding con tres destilerías habilitadas, en un predio servido por infraestructura logística petrolera, queda en condiciones de abastecer, asociarse o contratar de largo plazo con las refinadoras una vez que la norma lo permita.
El gobernador Osvaldo Jaldo enmarcó el debate en términos de política energética regional. Tras la sesión del Senado, reclamó que la Nación mire al Norte con la misma intensidad con que mira al shale de Neuquén. “Si se pone mucho esfuerzo en el sur del país, en lo que es Vaca Muerta, para tener petróleo y energía, creo que tienen que empezar a mirar al Norte, porque nosotros también producimos combustible. El bioetanol es combustible, se mezcla con las naftas y se le vende al público”, dijo. El 5% adicional de mezcla, agregó, no es un gasto fiscal: se exportaría un poco más de petróleo de Vaca Muerta y se dejaría ese margen al etanol y al biodiésel. “Necesitamos que el Gobierno Nacional nos dé el mismo tratamiento que a aquellas provincias que tienen minería o petróleo”. El efecto sobre el mercado azucarero es directo: más caña destinada al alcohol reduce la oferta de azúcar físico y tonifica el precio que buscan ingenios y cañeros.
Jorge Feijóo, presidente del Centro Azucarero Argentino, estimó que asegurar la demanda de etanol implica destinar entre 600.000 y 640.000 toneladas de azúcar por año al alcohol. Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial de Tucumán y socio del grupo Los Balcanes —que muele del orden de 4 millones de toneladas y destina cerca del 70% de su facturación al alcohol—, sostuvo que la provincia no tiene petróleo ni litio funcionando y que su columna vertebral es el azúcar.
En Tucumán operan catorce ingenios. Diez producen alcohol hidratado y siete deshidratan para biocombustible. Al 11 de septiembre, a 129 días de zafra, la provincia llevaba 11.361.082 toneladas de caña bruta, 850.770 de azúcar físico y 178.972.253 litros de alcohol, con 14 plantas moliendo y 9 destilando. Los Balcanes proyecta una destilería de maíz para no parar cuando termina la zafra. Arcor sostiene La Providencia. Otros establecimientos mantienen capacidad de destilación. El tope del 20% por empresa y el 3% libre son los límites formales a la concentración. Con Concepción, La Corona y, de concretarse, La Trinidad, Ingenios de Tucumán se acerca a ese máximo en el mercado de la mezcla obligatoria. El 3% libre y la exportación quedan como válvulas.
El ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el gerente general del IPAAT, Jorge Etchandy, celebraron la media sanción y hablaron de “inversiones en puerta” para ampliar destilerías en Tucumán, Salta y Jujuy. La previsibilidad jurídica de quince años habilita esas decisiones. El debate de fondo, sin embargo, sigue siendo el mismo que enfrenta a las pymes del biodiésel con las grandes aceiteras: quién captura el crecimiento del mercado y bajo qué condiciones. En el etanol de caña la geografía es tucumana y la escala la marcan los ingenios que ya destilan. El proyecto no decide solo cuánto alcohol irá a las naftas. Decide si Tucumán consolida una matriz energética propia —un mini Vaca Muerta de biomasa— o si esa capacidad queda subordinada a las refinadoras que hoy están obligadas a comprar el producto y mañana podrán producirlo o contratarlo en bloque. La Cámara de Diputados tiene la palabra.