La Legislatura tucumana aprobó este jueves la creación de la Fiduciaria de Tucumán S.A.U. y el Fondo de Garantía de Tucumán (FOGATUC). Se trata de un proyecto impulsado por el Ejecutivo provincial con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para el sector privado y abaratar el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMES).
Si bien desde el oficialismo esperaban que la iniciativa obtuviera el respaldo unánime de la Cámara, el proyecto cosechó 33 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones.
El debate, que duró aproximadamente una hora, se centró en la defensa de la propuesta oficialista y en la necesidad de contar con nuevas herramientas de financiamiento para las PyMES, en el actual contexto económico. Por su parte, los legisladores que se abstuvieron o votaron en contra señalaron que la Caja Popular de Ahorros podría haber desarrollado esas funciones, aunque actualmente se encuentra intervenida.
Carlos Gallia, legislador de Proyecto Tucumán y miembro informante del proyecto, fue el primer orador. En su exposición, destacó la importancia de crear una “herramienta totalmente distinta y regulada por las normas del Banco Central”, que contará con un aporte inicial de mil millones de pesos. Para el legislador, se trata de “justicia distributiva y justicia social” y de “darle a los empresarios la llave para su inversión”.
Posteriormente, Claudio Viña, legislador de Nueva Fuerza, cuestionó que la Fiduciaria sea complementaria a la Caja Popular y sostuvo que ambas estructuras podrían superponerse. “Es evidente que se mimetiza con la Caja Popular, y no es en defensa de la Caja Popular. Sería momento de rediseñar el rol de la Caja Popular”, afirmó.
Por su parte, Hugo Ledesma, de Activar Frente Lealtad y dirigente vinculado a la Caja Popular, lamentó que la entidad no pueda ofrecer esta herramienta de financiamiento. Según sostuvo, la propia institución podría haber asumido esa función: “podría haber creado y administrado esta SAU”.
“Estas provincias tuvieron que hacer esto porque no tenían Caja Popular. No pienso que haya un impedimento legal para que haya sido la Caja Popular”, agregó.
Los legisladores José Cano, del Frente Pueblo Unido, y Silvia Elías de Pérez, de Valores Tucumán, también cuestionaron la iniciativa. Ambos coincidieron en que la Caja Popular cuenta con las herramientas necesarias para otorgar créditos y garantías a las PyMES.
“La Caja tiene todas las herramientas que esgrime este proyecto. Pero está intervenida, y al estar intervenida es un brazo ejecutor del ejecutivo”, sostuvo Cano.
Elías de Pérez, quien solicitó abstenerse en la votación, destacó que se hubiera retirado el artículo 4 del proyecto. De lo contrario, consideró, “era la creación de un Caja Popular paralela”. Sin embargo, reconoció la necesidad de contar con una herramienta de este tipo: “las pymes necesitan de este fondo y la Caja Popular podría darselo”.
“Pensé que salía por unanimidad”, señaló, con sorpresa y cierta ironía, el legislador de Nuevo Espacio Popular, Gerónimo Vargas Aignasse. “Todos destacan este proyecto y resaltan la necesidad de financiar al pymes”, remarcó en respuesta a las críticas de quienes cuestionaron la propuesta. Además, aclaró que “el gobernador le hizo por una cuestión de prudencia, para cuidar la Caja Popular”.
La discusión dejó en evidencia uno de los principales cuestionamientos de la oposición: la decisión del Gobierno provincial de crear una nueva estructura financiera en lugar de aprovechar las capacidades de la Caja Popular de Ahorros. Desde el oficialismo, en cambio, defendieron la iniciativa como una herramienta específica para facilitar el acceso al crédito de empresas que no cuentan con garantías suficientes para obtener financiamiento bancario.
La Fiduciaria de Tucumán S.A.U. tendrá a su cargo la administración de fondos fiduciarios y podrá intervenir en distintas modalidades de fideicomisos, incluidos los de garantía. Su conducción estará a cargo de un directorio de tres miembros. El FOGATUC, por su parte, funcionará como un fideicomiso destinado exclusivamente a promover la actividad económica provincial. Podrá otorgar garantías a personas, empresas y organizaciones de la sociedad civil con actividad o sede principal de sus negocios en Tucumán, así como a quienes se radiquen en la provincia mediante el financiamiento garantizado. La ley establece un fondo de riesgo inicial de mil millones de pesos, con aportes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), y reserva el 15% de esos recursos para garantías destinadas a micro y pequeñas empresas. El Ministerio de Economía y Producción será la autoridad de aplicación, con facultades de administración, control y fiscalización.
