En la década del setenta y los primeros años de la del ochenta, el río Salí era el balneario popular del Gran Tucumán, un espacio donde las familias se congregaban bajo el puente de Banda del Río Salí con la misma concurrencia que en El Cadillal durante los veranos, y donde se pescaban dorados y otras especies de gran tamaño que hoy ya no se registran en ese tramo urbano.
Fotografías de la época muestran a cientos de personas bañándose, nadando o sentadas en las orillas de piedras, con el agua todavía cristalina fuera de los picos de zafra, y el ambientalista Sergio Pérez, presidente de la Federación de Organizaciones Ambientales de Tucumán, recuerda que conoció el río a fines de los setenta «cuando era un balneario cristalino y pescábamos hasta dorados, y estaba lleno de vida y de biodiversidad», con restricciones solo durante la época más intensa de la industria azucarera, tras la cual el cauce se recuperaba.
Esa memoria colectiva de un río apto para el baño y la pesca comenzó a erosionarse a fines de los setenta con la llegada de residuos urbanos y desechos industriales que alteraron el color y el olor del agua, al tiempo que la falta de controles permitió que la degradación avanzara sin frenos sobre un tramo de unos diez kilómetros de alta densidad poblacional entre los canales Norte y Sur.
Según una nota de Federico Türpe en La Gaceta, en 1996, durante el Primer Encuentro Argentino de Ecología y Medio Ambiente realizado en Termas de Río Hondo, el ingeniero tucumano Antonio García, entonces jefe del Departamento de Control Sanitario de la ex Dipos, ya advertía sobre el impacto en ese recorrido por el Área Metropolitana, con valores de demanda bioquímica de oxígeno, oxígeno disuelto y pH que mostraban el agravamiento diario, y detallaba los principales vertedores: el canal Norte con efluentes cloacales de asentamientos e industriales de cítricos, tres frigoríficos, las descargas de los ingenios Concepción y San Juan, los canales Sur y San Cayetano, la planta depuradora de San Felipe y los efluentes cloacales sin tratamiento de Banda del Río Salí.
Treinta años más tarde, un estudio técnico coordinado por el ingeniero Mario Amado del equipo del legislador José Seleme, con muestras tomadas el 13 de mayo de 2026 bajo certificación notarial y analizadas de forma cegada por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, confirmó la multiplicación exponencial de la contaminación, especialmente de coliformes fecales de origen humano y animal.
Tomando como referencia los límites de las legislaciones nacional y provincial, La Aguadita registró 75 veces el máximo permitido, el puente Ingeniero Barros alcanzó 2.400 veces (con 240.000 NMP/100 mL), el puente Lucas Córdoba 750 veces y la zona de las canteras 430 veces, mientras que los metales y compuestos químicos no arrojaron valores significativos, y las muestras se realizaron en época de lluvias y antes de la zafra, por lo que los registros podrían ser superiores en períodos secos o de plena actividad industrial.
Las causas se concentran en las descargas cloacales deficientes de plantas como la de Las Talitas, que recibe líquidos de esa ciudad, Tafí Viejo y Villa Carmela, en el bajo porcentaje de viviendas conectadas a redes sanitarias en comunas y asentamientos ribereños, y en los canales urbanos que recogen efluentes clandestinos o pluviales, a lo que se suman los aportes industriales históricos de los ingenios.

El legislador Seleme impulsó el proyecto de ley «Miremos al río», que describe un estado de emergencia ambiental en buena parte de la cuenca, se agrava en el Gran Tucumán donde se concentra cerca de un millón de habitantes, y propone cuatro ejes de saneamiento hídrico, recuperación del ecosistema ribereño, gestión de riesgos e integración urbana, con atención especial a los barrios y asentamientos de las riberas expuestos también a crecidas.
La imagen de otros tiempos, con el Salí de los años setenta repleto de bañistas bajo el puente, contrasta de manera directa con el riesgo sanitario actual, donde la exposición a esas aguas puede favorecer trastornos gastrointestinales e infecciones en piel, ojos y oídos, especialmente en niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, y donde el tramo evaluado sigue siendo utilizado para la pesca y otras actividades de contacto.

