El juez penal Gonzalo Javier Ortega renovó esta semana sus requerimientos formales contra la conducción de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán para que justifique erogaciones que considera desproporcionadas correspondientes al ejercicio 2024, en un litigio que se superpone a la demanda de nulidad de asamblea impulsada por la jueza Ana María Iácono y que ya derivó en la recusación del magistrado que había intimado a abrir los libros.
El primer planteo data del 29 de mayo de 2026, cuando Ortega, que integró la entidad hasta su desafiliación formal el 16 de diciembre de 2024, solicitó a la presidenta Marcela Ruiz una rendición detallada de las cuentas de ese año y, en particular, precisiones sobre el rubro “Comestibles y cafetería”, que totalizó $22.760.206,78, incluyendo cuántos kilos de café se adquirieron y si se trató de cápsulas o de paquetes.
También cuestionó pagos por medicina prepaga a ASUNT por $2.352.236,54, a OSDE por $17.180.210,65 y a Swiss Medical por $39.161.098,98, a los que sumó consumos de farmacia superiores a los 10 millones de pesos y transferencias a la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino por $7.644.565,52; ante la falta de respuesta que considerara suficiente, el 27 de julio intimó a toda la Comisión Directiva con un plazo de diez días hábiles bajo apercibimiento de constituirlos en mora y acudir a la vía civil y penal.
La asociación rechazó las sospechas y sostuvo que Ortega ya no ostenta la calidad de socio, que el balance de 2024 fue aprobado por unanimidad el 16 de septiembre de 2025 y que el pedido excedía los derechos individuales y podía vulnerar la protección de datos personales de salud; en paralelo, el expediente 5166/26, originado en la demanda de Iácono contra la asamblea del 23 de abril de 2026, pasó de Pedro Yane Mana —quien había ordenado la entrega de la documentación de 2025 en 48 horas— a la jueza Inés de los Ángeles Yamuss de la nominación civil XII luego de la recusación sin causa formulada por la propia entidad.
La crisis institucional de la Asociación de Magistrados, que ya había sido objeto de denuncias de opacidad durante una década y de un escándalo electoral en octubre de 2025 que motivó la renuncia de Ortega y de la fiscal Mariana Rivadeneira a una postulación ante el Consejo Asesor de la Magistratura, se profundiza ahora con esta nueva pulseada contable en un contexto en el que una organización alternativa de jueces, fiscales y defensores logró desplazar a la conducción histórica de los órganos de representación gremial.
