Si en la causa que terminó en el sobreseimiento por el hecho de la habitación 407 hubo escenas que la propia prueba volvió inverosímiles, lo que sigue en la Justicia federal es absolutamente inadmisible. Según publicó el portal El Tucumano, el jueves 1 de octubre Lourdes Parache se presentó en los tribunales de calle Las Piedras con Juan Andrés Robles, el abogado de los tres imputados por la presunta trata en su perjuicio. La Fiscalía no le recibió la declaración. El Juzgado Federal N° 2 tampoco. Nadie la separó de esa defensa. No hay otra lectura de esa mañana: el poder económico del círculo que se investiga entró al expediente con la presunta víctima del brazo, y el fuero se limitó a no labrar el acta.
La causa es la FTU 23/2026, caratulada por infracción a la ley 26.364. Los acusados de haber perpetrado el delito son el diputado Carlos Cisneros, su ex abogada Patricia Micaela Neme y el empleado de la Caja Popular de Ahorros Federico Petraglia. El fiscal Rafael Vehils Ruiz pidió las tres indagatorias. El juez Guillermo Díaz Martínez las citó. El 30 de septiembre, en el acta de Petraglia, el juzgado leyó la hipótesis casi completa: captación posterior al encuentro del Hilton, tres momentos, sometimiento funcional y una estructura de tres personas con reparto de roles. El silencio de Petraglia cerró esa ronda y dejó a Parache más sola.
El encuentro de la habitación 407, la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2024, no es el objeto de la imputación. La Corte Suprema de Tucumán, por sentencia 1343 del 11 de septiembre, dejó firme el sobreseimiento de Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla. El hecho existió y no fue delito. Lo que el fuero federal investiga es lo que vino después: si la voluntad de Parache, empleada de la Caja, fue captada para sostener un relato y servir a un fin ajeno. El dictamen lo encuadra en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal. No exige un traslado ni un encierro. Exige una interferencia en la autodeterminación, por abuso de autoridad laboral, coerción fundada en el temor a perder el puesto y aprovechamiento de la vulnerabilidad.
El mismo estudio, los dos lados
Robles no llegó el jueves como un letrado ocasional. En marzo de 2024 era uno de los abogados de Parache, en el estudio de General Paz 576, junto a Neme y a Franco Venditti: el mismo domicilio allanado el 30 de septiembre de 2025. Pidió en público veinte años de prisión para los jugadores. El 23 de diciembre de 2025 se apartó por escrito de la audiencia decisiva y después reapareció en el Tribunal de Impugnación. El 11 de septiembre de 2026 patrocinó, con José César Díaz, la queja que la Corte rechazó. Diecisiete días más tarde firmó, como asistencia técnica, el escrito de Cisneros. El 29, el de Neme. El 30 acompañó a Petraglia, que lo ratificó y sumó a Emilio Mrad. El Tucumano reconstruyó la mañana del 1 de octubre: alrededor de las 10.30, Robles y Parache, visiblemente nerviosos, pasaron primero por la Fiscalía Federal y después por el Juzgado N° 2. En ninguna de las dos oficinas quisieron recibir la declaración, por la incompatibilidad de la defensa.
La ley provincial 5.233, artículo 7, inciso 1, prohíbe patrocinar a ambas partes en forma simultánea o sucesiva. Eso es derecho de la matrícula. La causa mira otra cosa. Los descargos del 28 y del 29, firmados por el mismo Robles y con párrafos enteros en común, necesitan que Parache haya podido decidir. Cisneros negó haberla captado, condicionada o explotada, dijo que nunca fue su empleador y que solo la acompañó como dirigente de La Bancaria. Neme escribió que su condición de imputada no importa renuncia al secreto de Parache, y recordó que el 6 de febrero de 2026 la joven compareció con Díaz «sin revocar» su designación. Los dos usan una comparecencia «con letrado propio» como prueba de autonomía. Ninguno recogió el mensaje del 7 de noviembre de 2025, a las 13.43, en el que Parache escribió que estaba «prisionera», «sin poder de decisión» y obligada a «cumplir órdenes sin preguntar ni chistar».
Lo que el Protocolo obliga, y el fuero no hizo
El Protocolo de Palermo, complementario de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, define la trata por una acción, un medio y una finalidad de explotación. El medio incluye el abuso de poder y el abuso de una situación de vulnerabilidad. El apartado b) del artículo 3 es terminante: el consentimiento no cuenta si medió cualquiera de esos medios. La explotación, en el mínimo del instrumento, alcanza los servicios forzados y la servidumbre. La fiscalía traduce eso al caso como sometimiento funcional: usar a la persona como instrumento para fines ajenos. El artículo 6 manda asistirla para que su palabra entre al proceso por un canal que no sea el de los investigados, y esforzarse por su seguridad mientras esté en el territorio. El artículo 9.1.b) pide protegerla de una nueva victimización.
La ley 26.364, que es la carátula, baja ese deber al derecho interno: información, patrocinio jurídico gratuito y especializado, resguardo de la integridad. El Programa Nacional de Rescate existe para designar un abogado que no sea el de los imputados. Con la hipótesis ya leída en el acta del 30 de septiembre, el fuero tenía que verificar con quién llegaba Parache antes de dejarla hablar. Rechazar la declaración fue lo correcto y fue insuficiente. Correcto, porque recibirla habría convertido el conflicto en prueba de descarga, la misma que Cisneros ya esgrimió. Insuficiente, porque Parache se fue como entró. No hay, en lo publicado, designación de asistencia distinta ni medida de protección frente a la estructura de tres que el dictamen describe.
La complicidad, en el sentido penal, no se declara en una crónica: exige dolo, y eso lo tiene que probar la causa. Lo que está a la vista es la continuidad del medio. El cisnerismo, en la reconstrucción que este medio ya publicó, no necesita trasladarla. Necesita su relato, sus silencios y su firma. Neme es la abogada que, según el mensaje citado por la fiscalía, le «hizo dar cuenta» de que había sido abusada, y a quien la pericia del teléfono de Milagros Castellote atribuye el borrado de mensajes del 8 de abril de 2024. Petraglia es el operador que el 4 de marzo de 2024, a las 19.30, pidió las cámaras del Hilton, dos días antes de la denuncia. Cisneros es, en el dictamen, quien tenía la jerarquía sobre la empleada de la Caja. Robles es la firma que unifica los tres descargos y, el jueves, la que volvió a ponerla delante del tribunal.
Mientras esa firma sea la de ella y la de ellos, la instrumentalización no se interrumpió con la citación. Se presentó a declarar. En el legajo provincial S-077592/2025, caratulado por falso testimonio, estafa procesal y otros delitos, Parache figura además como imputada, junto a Cisneros, Neme, Petraglia, Venditti y otros. La autonomía que los descargos federales necesitan para cerrar la trata es la misma que, del otro lado, la deja sola frente a la falsa denuncia. El jueves el fuero federal frenó el acta y no la separó de quien la llevaba. Eso es lo que el Protocolo llama una nueva victimización, y lo que la causa, si la hipótesis se sostiene, tiene que leer como el delito todavía en curso.
Lo que queda claro es que si Parache fue víctima de trata, aún no ha logrado cortar ese vínculo. Sus presuntos victimarios son quienes todavía mantienen el control sobre la joven quien no ha podido, siquiera, conseguir un espacio libre de la influencia del diputado y la poderosa organización sindical que la ha captado. Ni la familia (o amigos) ni la Justicia ha propiciado la ruptura con el control ejercido que permitiría un juicio justo para Lourdes.
