El Gobierno de Tucumán autorizó una nueva ampliación del Presupuesto 2026 del Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA). El refuerzo alcanza los $785 millones y se financia con una mayor recaudación de los derechos de habilitación anual que percibe el propio organismo.
La decisión quedó establecida en el Decreto N° 2.094/3, con fecha del 4 de septiembre y publicación en el Boletín Oficial este lunes 28. La norma habilitó el incremento a partir de mayores recursos registrados en el concepto denominado “Derechos de Habilitación Anual IPLA”.
El destino de los fondos quedó definido dentro del propio decreto. $500 millones fueron asignados a asistencia social al personal, mientras que $270 millones corresponden a viáticos. Los $15 millones restantes serán utilizados para útiles de escritorio, oficina y enseñanza.
La partida de asistencia social concentra así el 63,7% del refuerzo presupuestario. Los viáticos representan otro 34,4% del total. El monto restante equivale al 1,9% de la ampliación.
Un refuerzo que surge de recursos propios
El decreto no establece una transferencia extraordinaria del Tesoro provincial. El incremento se sustenta en una mayor disponibilidad del recurso 12313, correspondiente a los derechos de habilitación anual que recauda el IPLA.
El Poder Ejecutivo apeló para ello a las facultades previstas en el artículo 13, inciso a), de la Ley N° 9.942, que corresponde al Presupuesto General 2026. Esa norma permite ampliar las partidas cuando los ingresos superan las previsiones originales o aparecen nuevas fuentes de financiamiento.
La legislación establece además que estas modificaciones deben ser comunicadas posteriormente a la Legislatura provincial.
El decreto también exceptuó los fondos de algunas restricciones fijadas por el Decreto N° 1/3 (SH)-2026, relacionadas con las partidas de bienes de consumo y servicios no personales.
El IPLA ya recibió otros $170 millones
La ampliación de septiembre no fue la primera modificación presupuestaria que recibió el organismo durante este año.
En julio, el Gobierno había autorizado otro incremento de $170 millones, también con recursos provenientes de los derechos de habilitación anual. En esa oportunidad, $160 millones fueron destinados a equipos de transporte, tracción y elevación, mientras que los $10 millones restantes tuvieron como destino el equipamiento informático.
Con ambas modificaciones, el presupuesto del IPLA acumula al menos $955 millones en ampliaciones durante 2026 financiadas a partir de mayores ingresos por derechos de habilitación anual.
El nuevo decreto lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo y fue refrendado por el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, y el secretario de Estado de Hacienda, Adrián Dicker.
La ampliación llega en medio de la disputa por la intervención
El refuerzo presupuestario se produce mientras el IPLA atraviesa una disputa judicial por la continuidad de su intervención administrativa, una situación que se extiende desde hace más de 26 años.
El organismo tiene unos 164 empleados, distribuidos entre su sede central de San Miguel de Tucumán y las delegaciones de Alberdi y Concepción. Su función incluye la fiscalización, el control y la regulación del expendio de bebidas alcohólicas en la provincia.
A mediados de agosto, la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo ordenó poner fin a la intervención mediante la sentencia N° 653. El fallo otorgó un plazo de 60 días corridos para avanzar hacia la normalización institucional y conformar un Directorio integrado por un presidente y dos vocales, según lo establecido por la Ley N° 7.243.
El Gobierno provincial, que en un primer momento expresó su intención de acatar la resolución, después presentó un recurso de casación a través de Fiscalía de Estado para cuestionar aspectos centrales de la sentencia.
Los propietarios de salones de fiestas y otros establecimientos que impulsaron la demanda también apelaron. Su planteo original no se limitó al fin de la intervención: además solicitaron que se declare la inconstitucionalidad de la Ley N° 7.243, norma que sostiene el funcionamiento del IPLA.
La Cámara rechazó ese pedido. Por ese motivo, el expediente llegó a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, que deberá resolver los planteos mientras el organismo continúa bajo la intervención de Dante Loza.
