El Tribunal de Cuentas fijó un cargo de $223 millones a autoridades de Santa Cruz y La Tuna

Enrique Aragón y Bruno Augusto Mothe fueron declarados responsables por una rendición que permaneció sin regularizar. El monto observado pasó de $128 millones a $223,5 millones y deberá actualizarse hasta su pago.

Una nueva resolución del Tribunal de Cuentas de Tucumán puso bajo la lupa el manejo de fondos públicos en las comunas rurales. El organismo declaró patrimonialmente responsables a las autoridades de Santa Cruz y La Tuna y estableció un cargo fiscal solidario por $223.527.990,91.

La medida alcanzó al comisionado comunal Enrique Aragón y al secretario habilitado Bruno Augusto Mothe. El expediente se originó por una observación correspondiente al tercer bimestre de 2024 que no fue regularizada durante el proceso de control.

El Tribunal dispuso, además, que el monto continúe actualizado hasta el momento del efectivo pago. También ordenó la intervención del Departamento Judicial para avanzar con el cobro y, si corresponde, con la ejecución del cargo.

La resolución se conoció pocos días después de otro informe del organismo sobre las 93 comunas rurales de la provincia. En ese documento, el TC advirtió sobre las dificultades que persisten en los sistemas utilizados para registrar las operaciones y administrar los recursos públicos.

El Tribunal señaló que estas jurisdicciones trabajan con “registros contables precarios” y que no disponen de herramientas que permitan obtener información “confiable, precisa y oportuna”.

Una observación que casi duplicó su monto

El expediente se inició a partir del Comprobante de Observación N° 2.721, correspondiente al tercer bimestre de 2024. En esa instancia, el monto pendiente alcanzaba los $128.158.808,14.

La falta de regularización llevó al Tribunal a disponer, mediante el Acuerdo N° 669 del 13 de marzo de 2026, el inicio de un juicio de cuentas contra Aragón y Mothe.

Ambos funcionarios se presentaron en el expediente y constituyeron domicilio. Luego se abrió la causa a prueba y participaron las áreas de Instrucción y de Contaduría Fiscal General.

La Contaduría Fiscal General realizó una nueva actualización al 31 de julio de 2026. El cálculo llevó el monto pendiente a $223.527.990,91, casi $95,4 millones por encima de la suma original.

Tras las distintas instancias del proceso, el Tribunal concluyó que las observaciones continuaban sin regularización. Con esa base, consideró cumplidas las garantías vinculadas con la defensa y el debido proceso.

Así, mediante el Acuerdo N° 3.589, del 18 de septiembre, clausuró el juicio de cuentas, declaró la responsabilidad patrimonial de Aragón y Mothe y fijó el cargo fiscal en forma solidaria.

El contexto de las 93 comunas rurales

La resolución se suma a los reparos que el Tribunal de Cuentas expresó este mes sobre la administración contable de las comunas rurales.

Al analizar la Cuenta de Inversión del ejercicio 2025, el organismo destacó que las 93 jurisdicciones alcanzaron un nivel elevado de presentación de rendiciones: el 99,10% de los estados bimestrales fueron rendidos.

Sin embargo, el Tribunal marcó una diferencia entre el nivel de presentación y la calidad de los registros utilizados. El informe advirtió sobre las limitaciones de los sistemas contables y la falta de información con estándares adecuados de precisión y oportunidad.

El caso de Santa Cruz y La Tuna aporta un ejemplo concreto a ese diagnóstico general. La falta de regularización de una observación terminó con una declaración de responsabilidad patrimonial y un cargo superior a los $223 millones.

Ordenaron avanzar con el cobro

La resolución también estableció los pasos posteriores. El artículo tercero del Acuerdo N° 3.589 ordenó dar intervención al Departamento Judicial para avanzar con el cobro del cargo fiscal.

El Tribunal encomendó esa tarea a la abogada fiscal Mónica Ruesjas, quien deberá procurar el pago de la suma fijada y, si resulta necesario, promover su ejecución.

Los $223.527.990,91 no representan un monto definitivo, ya que la resolución estableció su actualización hasta la fecha en que se concrete el pago.

El acuerdo lleva las firmas del presidente del Tribunal de Cuentas, Miguel Chaiben Terraf, y de los vocales Sergio Miguel Díaz Ricci y Marcelo Vidal.

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