El Concejo Deliberante de Yerba Buena aprobó una ordenanza que establece controles toxicológicos obligatorios para los funcionarios del Ejecutivo municipal y los concejales. La norma ya recibió la promulgación correspondiente y, según anticipó el edil Mauricio Argiró, los primeros análisis podrían realizarse desde octubre.
Argiró fue uno de los impulsores de la iniciativa junto con la concejal Garolera. El proyecto tuvo dos versiones iniciales que luego confluyeron en una única propuesta. “Este es un proyecto que se desarrolló ya hace un tiempo, presentado por la concejal Garolera, por una parte, y por otra parte por mí, y que luego pudimos confluir en una sola versión”, explicó.
La sanción de la ordenanza expuso además una fuerte división dentro del cuerpo legislativo. La propuesta consiguió los votos necesarios tras un desempate del presidente del Concejo Deliberante. En ese sentido, Argiró cuestionó la postura de sus pares que rechazaron la medida: “Ya fue tratada y fue aprobada, desgraciadamente aprobada por la mitad del Concejo, con la férrea oposición de la otra mitad, y bueno, el desempate del presidente a favor de nuestro proyecto”.
La norma ya quedó promulgada. Sin embargo, su puesta en marcha requiere una etapa administrativa previa para definir la contratación del servicio encargado de realizar los estudios. Por ese motivo, el concejal estimó que los controles comenzarían en octubre. “Eso ya ha sido promulgado y va a ser de aplicación, entiendo yo que por una cuestión administrativa a partir de octubre”, afirmó.
Cómo serán los controles
El mecanismo tendrá carácter aleatorio y obligatorio. Argiró comparó el sistema con los controles antidoping que se realizan en el ámbito deportivo. “Lo más asimilable son los controles antidoping que se producen en el deporte”, explicó.
Los funcionarios y concejales no conocerán con anticipación la fecha exacta del análisis. La comunicación se realizará con 24 horas de anticipación, según detalló el edil. “Esto significa que es un análisis aleatorio, no te avisan cuándo, te avisan con 24 horas de antelación, lo cual no modifica nada la capacidad de detección del análisis”, señaló.
El sorteo determinará quiénes deberán presentarse para realizar el estudio. La obligación alcanzará tanto a integrantes del Ejecutivo municipal como a miembros del Concejo Deliberante. “Al azar se sortean tanto funcionarios como concejales para hacer ese test, y es obligatorio, no es voluntario”, remarcó Argiró.
Respecto del universo alcanzado por la ordenanza, el concejal fue específico: “Para los funcionarios del Ejecutivo y los concejales”.
La implementación dependerá ahora de la contratación del servicio especializado. Los estudios deberán realizarse en establecimientos determinados debido a sus características técnicas. “Por una cuestión administrativa de contratación de los análisis, porque son análisis muy específicos que se hacen en determinados lugares, entiendo que a partir de octubre se van a empezar a realizar”, sostuvo.
El planteo para ampliar la medida
Argiró también planteó que el mecanismo no debería limitarse al ámbito municipal. El concejal propuso extender los controles a otros organismos y poderes del Estado provincial.
“Sería muy interesante que se aplique en todo el Concejo Deliberante, en todas las intendencias, como te decía recién, en la Cámara de Legisladores y en el Ejecutivo Provincial”, afirmó.
Para el impulsor de la ordenanza, el objetivo central pasa por establecer un mecanismo de control sobre quienes ocupan cargos públicos y toman decisiones que afectan al conjunto de la sociedad.
En esa línea, resumió el propósito de la iniciativa con una definición concreta: “Es saber si quien está decidiendo por todos está en capacidad de hacerlo”.
