Una jubilada de 74 años sufrió una estafa digital por más de $10 millones tras recibir un mensaje de WhatsApp de falsos empleados del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST). La maniobra quedó bajo investigación de la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de Diego Hevia.
El contacto comenzó a través de una línea de WhatsApp que utilizaba el logo del organismo y la identificación «Atención Personalizada». El supuesto operador le informó a la mujer que debía validar sus datos para conservar la cobertura del 100% en los medicamentos que consumía.
Durante la comunicación, el delincuente le pidió fotografías de los remedios. Luego le solicitó las claves de acceso al home banking del Banco Macro y a su cuenta de Tarjeta Naranja. La víctima explicó ante las autoridades que no tenía experiencia en el uso de plataformas digitales y entregó las credenciales.
La maniobra tuvo consecuencias inmediatas. Los estafadores solicitaron un préstamo express de $10 millones a nombre de la jubilada, con acreditación en su cuenta sueldo del Banco Macro. Poco después, el dinero pasó a la billetera virtual Naranja X y desde allí fue distribuido hacia distintas cuentas bancarias.
La víctima también detectó el faltante de $248.000 que tenía como ahorro personal. Con ayuda de familiares y vecinos, acudió a la Comisaría Seccional 9° y realizó la denuncia.
La investigación fiscal ya permitió identificar a tres personas vinculadas de forma directa con la maniobra. Entre ellas figura quien habría realizado el contacto inicial y los titulares de las cuentas que recibieron el dinero. Según la pesquisa, estos sospechosos aparecen además en otros expedientes judiciales por estafas con un mecanismo similar.
El abogado querellante, Juan Guerrero, pidió que se avance con la imputación por estafa mediante suplantación de identidad. También advirtió sobre otra modalidad utilizada por este tipo de organizaciones: inducir a las víctimas a instalar aplicaciones de acceso remoto, como Supremo Mobile Assist, para obtener el control del teléfono.
La situación económica de la jubilada sumó otro elemento de preocupación. El préstamo genera cuotas de unos $700.000 mensuales, mientras que sus haberes apenas superan el millón de pesos.
Ante este escenario, la querella inició gestiones urgentes ante la entidad bancaria para intentar frenar el cobro de las cuotas del crédito obtenido mediante la maniobra fraudulenta. La causa continúa bajo investigación de la fiscalía especializada.
