El Poder Ejecutivo de Tucumán dio un paso clave hacia la operatividad del Registro Público Provincial de Ficha Limpia mediante la designación del equipo técnico que administrará el control de inhabilidades de funcionarios y candidatos a cargos electivos. A través del Decreto N° 2.043/14 (SGyRI), publicado en el Boletín Oficial, el gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la incorporación de siete agentes en carácter de personal transitorio con categorías salariales que van de la 18 a la 22. La medida busca cubrir las necesidades de gestión de la repartición, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Estado de Gobierno y Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Las designaciones alcanzaron a Daniel Adrián Espeche, Eduardo Leovino González Bejerano, Matías René Giménez Bueso, María Lourdes Ortega, Juan José Racedo, Marta Luciana Sánchez Tello y Cecilia Verónica Correa. Según lo estipulado en el instrumento legal, refrendado por el ministro Regino Amado y el secretario Raúl Albarracín, las erogaciones salariales serán afrontadas con las partidas presupuestarias específicas vigentes de la Secretaría de Gobierno. De este modo, la oficina técnica completó la fase inicial de conformación de su planta para asumir las tareas de verificación del cumplimiento de la Ley N° 9.977.
La incorporación de personal sucede a la aprobación formal de la estructura orgánica del organismo, establecida mediante el Decreto Acuerdo N° 31/1. Dicha norma aprobó el Manual de Organización, delimitó las competencias operativas y configuró las instancias de coordinación con la Fiscalía de Estado, el Poder Judicial y la Junta Electoral Provincial. El esquema contempla un Departamento de Actualización Registral —a cargo del procesamiento informático y la emisión de certificados— y una Subdirección específica dentro de la Fiscalía de Estado destinada al control de legalidad y al intercambio interinstitucional de datos.
La puesta en marcha del Registro cobra relevancia institucional de cara al calendario electoral, dado que el sistema tendrá su primer test de aplicación masiva en las elecciones provinciales fijadas para el 9 de mayo de 2027. La Ley de Ficha Limpia inhabilita para el ejercicio de cargos electivos y la función pública a personas con condenas por delitos dolosos confirmadas en segunda instancia, así como a quienes se encuentren inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Para postularse, los aspirantes deberán presentar una declaración jurada respaldada por las certificaciones emitidas por la nueva entidad pública.
