El Tribunal de Cuentas de Tucumán advirtió que las 93 comunas rurales llevan sus operaciones en “registros contables precarios”, que el Instituto de Previsión y Seguridad Social cerró 2025 con un desequilibrio de tesorería de $6.626,24 millones y que la Caja Popular de Ahorros registró una pérdida de $21.672,87 millones en el ejercicio cerrado el 30 de junio. El dictamen forma parte del análisis de la Cuenta de Inversión 2025 y se plasmó en el Acuerdo Nº 3482, del 11 de septiembre, publicado el miércoles 16 en el Boletín Oficial.
El organismo presidido por Miguel Chaibén Terraf, con los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, aprobó la rendición de cuentas del Poder Ejecutivo luego de examinar la ejecución de recursos y gastos. Al mismo tiempo formuló observaciones al propio Ejecutivo y a los organismos responsables de la administración financiera, y emitió una opinión adversa sobre el Informe de Gestión Financiera Consolidada del Sector Público.
La Contaduría General de la Provincia había presentado la Cuenta de Inversión el 29 de mayo, dentro del plazo legal. El informe del Tribunal es el paso previo a la intervención de la Legislatura, a la que la Constitución provincial atribuye la facultad de aprobar o desechar las cuentas anuales. El control de legalidad y de técnica contable corresponde al Tribunal.
Las 93 comunas: rendición alta, sistema inexistente
Uno de los capítulos más extensos está dedicado a las comunas rurales. El Tribunal reiteró una observación que ya había formulado en ejercicios anteriores: esas jurisdicciones no disponen de un sistema que permita obtener información “confiable, precisa y oportuna”.
“Las comunas rurales llevan sus movimientos y/u operaciones en registros contables precarios, sin tener un sistema contable que permita obtener información confiable, precisa y oportuna”, señala el Acuerdo 3482.
El organismo consideró necesario advertir a la Contaduría General, en su carácter de órgano rector del sistema de contabilidad del Sector Público Provincial, sobre la estricta aplicación de los artículos 102 y siguientes de la Ley de Administración Financiera (Ley 6.970).
El documento agrega que las comunas no cuentan con los créditos presupuestarios asignados para ejecutar sus recursos con los límites legales pertinentes. Esa situación se vincula con la suspensión de las normas relativas al Presupuesto de Recursos y Gastos de las comunas mientras permanece vigente el Presupuesto provincial 2025, un mecanismo que el propio Tribunal ya había objetado cuando se aplicó al ejercicio 2024.
Pese a esa precariedad de base, el grado de presentación formal de los estados bimestrales fue elevado. El Tribunal analizó 558 estados contables correspondientes a las 93 comunas. De ese universo, 553 —el 99,10%— habían sido rendidos ante el organismo de control; dos, equivalentes al 0,36%, se encontraban en poder de las comunas; y tres —el 0,54%— estaban en poder de la Secretaría de Estado de Municipios y Comunas.
Los dos balances señalados como incumplidos correspondían a la comuna rural de Los Pérez y estaban vinculados con el quinto y el sexto bimestre de 2025. El propio informe aclara que habían sido presentados ante la Secretaría de Municipios y Comunas dentro de los plazos de la Ley 7.350 y que, después, fueron devueltos a la comuna para su regularización.
En la parte resolutiva, el Tribunal pidió a la Contaduría General que avance en la “implementación del Sistema de Contabilidad a todo el Sector Público y en particular a las Comunas Rurales”.
El control sobre las comunas es posterior y se ejerce a través de las rendiciones bimestrales. El Tribunal no tiene competencia sobre las 19 municipalidades. Esa arquitectura —autonomía relativa, suspensión presupuestaria reiterada y registros manuales o precarios— es la que el organismo describe como estructural, no como un incumplimiento aislado de un bimestre.
Un superávit de $21.245,79 millones y un pasivo de $715.826,64 millones
Más allá de las observaciones, la Cuenta de Inversión exhibió un resultado financiero positivo en 2025. Los recursos totales alcanzaron los $4.793.658,90 millones y los gastos totalizaron $4.772.413,11 millones. El superávit financiero fue de $21.245,79 millones.
Los recursos corrientes sumaron $4.718.814,48 millones y los gastos corrientes, $4.578.365,15 millones. El resultado económico —ahorro— fue de $140.449,33 millones, equivalente al 2,98% de los recursos corrientes.
La cuenta de capital, en cambio, cerró con un resultado negativo de $119.203,54 millones: los recursos de capital fueron de $74.844,42 millones frente a gastos por $194.047,96 millones. Al combinar ese déficit de capital con el ahorro corriente quedó la diferencia positiva de $21.245,79 millones. El informe concluyó que “no fue necesario recurrir al financiamiento para afrontar la totalidad de la inversión del período”.
Sobre un crédito vigente de $4.633.600,35 millones, los gastos ordenados a pagar alcanzaron los $4.269.930,82 millones, una ejecución del 92,15%. Del lado de los recursos, la recaudación efectiva fue de $4.274.218,16 millones, el 92,24% de lo previsto.
El pasivo provincial al 31 de diciembre de 2025 quedó consignado en $715.826,64 millones. Esa cifra se integraba, entre otros conceptos, por $180.372,22 millones de stock de deuda pública provincial; un saldo acreedor de $208.811,17 millones en una cuenta corriente del Banco Macro; $302.712,58 millones en órdenes de pago no canceladas al cierre del ejercicio; $3.298,67 millones de intereses de deuda pública a pagar; $20.063,70 millones de fondos de terceros; y $568,30 millones de otras cargas fiscales.
Previsión Social: tesorería en rojo y un Mayor que no se cruza
Entre los organismos descentralizados, la auditoría dejó observaciones sobre la Caja Popular de Ahorros, el Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST), el Departamento Producción de Institutos Penales, la Dirección Provincial de Vialidad y la Dirección de Recursos Hídricos, entre otros.
En el IPSST, el Tribunal consignó que el Estado del Tesoro mostraba un activo corriente inferior al pasivo corriente, con un saldo negativo de $6.626,24 millones. Además observó dificultades para controlar los movimientos entre cuentas bancarias: el libro Mayor no permite vincular determinadas transferencias con las operaciones que aparecen en los extractos. Esa falencia impide, en los términos del artículo 10, inciso 3, de la Ley de Administración Financiera, el cruce elemental entre registración interna y movimiento bancario.
La observación sobre Previsión Social no es nueva. En la Cuenta de Inversión 2024 el Tribunal ya había señalado que el organismo no cumplió con la presentación de la totalidad de los estados contables previstos en la resolución de cierre de ejercicio de la Contaduría General y que el Mayor de las cuentas bancarias no reflejaba el número de operación o comprobante de las transferencias.
La Caja Popular: pérdida de $21.672,87 millones y abstención de opinión
Sobre la Caja Popular de Ahorros, el Acuerdo 3482 consignó un dato de resultado y una limitación de auditoría. El Estado de Resultados del período anual finalizado el 30 de junio de 2025 arrojó una pérdida de $21.672,87 millones, frente a una pérdida de $8.791,47 millones en el ejercicio anterior.
Como la fecha de cierre de sus estados contables difiere de la de la Administración Provincial —la Ley 6.295 fija el 30 de junio para la Caja—, la Delegación Fiscal consideró que existía una limitación significativa y se abstuvo de emitir opinión sobre los estados contables del ejercicio. El Tribunal recomendó, en consecuencia, completar esos estados y los del Departamento Producción de Institutos Penales.
Esa abstención se inscribe en una secuencia de dictámenes sobre la misma entidad. El 24 de noviembre de 2025, el Acuerdo Nº 5183 había sostenido que los balances de la Caja “no presentan razonablemente la información”. El Acuerdo 3482 no resuelve esas causas: las deja fuera del alcance de una aprobación genérica de la Cuenta de Inversión.
Lo que el Tribunal pidió al Ejecutivo
Tras el análisis, el Tribunal aprobó el informe sobre la Cuenta de Inversión 2025 y dispuso remitirlo al Poder Ejecutivo para su posterior elevación a la Legislatura. Recomendó adoptar las medidas necesarias para regularizar las situaciones observadas. En particular: mejorar la registración integral de recursos y gastos; adecuar los códigos correspondientes a fondos nacionales; completar los estados contables de la Caja Popular y del Departamento Producción de Institutos Penales; implementar el sistema de contabilidad en todo el sector público, con mención específica a las comunas rurales; exponer la totalidad de los conceptos que integran la deuda pública provincial; incorporar al Informe de Gestión Financiera Consolidada a los organismos descentralizados que no consolidan y a las empresas y sociedades del Estado; y regularizar los anticipos pendientes de rendición al cierre del ejercicio.
El organismo dejó establecido que la eventual aprobación, expresa o tácita, de la Cuenta de Inversión no inhibe el ejercicio de su jurisdicción sobre las situaciones que recibieron opiniones adversas, favorables con salvedades o respecto de las cuales los auditores se abstuvieron de emitir opinión.
En esa línea, dio intervención a su Asesoría Jurídica para determinar cuáles de los temas detectados ya son materia de comprobaciones sumarias o juicios de responsabilidad y cuáles constituyen situaciones nuevas, y para establecer el trámite de las opiniones adversas, de las salvedades y de las abstenciones.
El cuadro que deja el Acuerdo 3482 es, por eso, dual. Las cuentas agregadas del Estado provincial cierran 2025 con superávit financiero y con una ejecución presupuestaria superior al 92%. Al mismo tiempo, el control posterior describe tres zonas en las que la información no es, según el propio Tribunal, confiable ni completa: las 93 comunas, que rinden en papel o en registros precarios; Previsión Social, cuya tesorería opera con activo corriente inferior al pasivo y con un Mayor que no se cruza con los bancos; y la Caja Popular, cuya pérdida se duplicó con creces y sobre cuyos estados la Delegación Fiscal no emitió opinión.
