La entrada en vigencia del Régimen Penal Juvenil comenzó a mostrar sus primeros efectos concretos en Tucumán. Un caso ocurrido en Tafí Viejo puso en escena las nuevas reglas: un adolescente de 14 años quedó imputado por tentativa de hurto luego de un intento de sustracción de una motocicleta en el barrio Lomas de Tafí.
El episodio ocurrió el lunes. Cuatro jóvenes ingresaron a una vivienda y empujaron una moto que se encontraba estacionada. El propietario advirtió la situación y los enfrentó. Los sospechosos escaparon, pero vecinos lograron retener a uno de ellos.
Según las versiones sobre el episodio, el adolescente recibió golpes antes de la llegada de la Policía. Los efectivos lo aprehendieron y lo pusieron a disposición del fiscal Carlos Saltor, quien dispuso su traslado al Centro de Admisión y Derivación.
En ese lugar se confirmó que tenía 14 años. El adolescente manifestó que no tenía documentación y las autoridades recomendaron que recibiera atención médica.
El caso adquirió una relevancia particular por las características del nuevo régimen. La reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años permitió que el adolescente quedara formalmente sometido a una investigación penal, algo que no habría ocurrido bajo el esquema anterior para una persona de esa edad.
Además, el expediente abrió una investigación por un delito de menor gravedad. La tentativa de hurto contempla una pena de entre un mes y seis meses. Bajo el régimen anterior, este tipo de hechos no daba lugar a una causa penal cuando la escala no superaba determinados parámetros.
Ahora, el fiscal puede avanzar con la investigación y ordenar medidas destinadas a reunir elementos para el expediente. En este caso, Saltor dispuso la búsqueda de registros de cámaras de seguridad y testimonios vinculados con el episodio.
La causa también plantea otra diferencia del nuevo sistema: no implica que el adolescente quede privado de su libertad. Con los elementos reunidos, la Fiscalía deberá definir si corresponde avanzar hacia una audiencia de formulación de cargos o si resulta posible una alternativa procesal, como la suspensión del juicio a prueba.
El hecho de que el adolescente no registre antecedentes podría favorecer el acceso a esta última alternativa. En ese escenario, además, la víctima tendrá participación, ya que el Ministerio Público deberá conocer su postura frente a una eventual salida alternativa y analizar posibles mecanismos de reparación.
La resolución tampoco apunta a una pena de prisión. El adolescente permanecerá en libertad y un juez de Niños, Niñas y Adolescentes podrá establecer reglas de conducta, restricciones de acercamiento y medidas de reparación. Tanto el menor como sus padres o tutores deberán recibir información sobre esas obligaciones.
El desafío para la Justicia tucumana
El caso también expuso una discusión que comenzó a ganar espacio entre abogados y operadores judiciales: cómo absorberá el sistema el aumento de expedientes derivados de la nueva normativa.
La aplicación del régimen generó reuniones entre autoridades y operadores para ajustar los mecanismos de trabajo. Uno de los principales interrogantes pasa por la necesidad de contar con fiscalías y defensorías especializadas.
El abogado penalista José María Molina consideró que esa posibilidad es concreta. Según explicó, “es una gran posibilidad que ello ocurra. El Régimen no sólo implica la baja de la edad de imputabilidad, sino que ahora los menores deberán responder por todos los delitos que cometan”.
Molina también advirtió que el nuevo esquema implicará una mayor intervención judicial. A su criterio, el sistema deberá reorganizarse porque los procesos para adolescentes cuentan con plazos más breves.
Una mirada similar planteó Javier Lobo Aragón (h), quien sostuvo que “la nueva norma va a someter a procesos penales a más adolescentes, por lo que necesariamente habrá una carga más importante en el trabajo judicial”. El abogado puso además el foco en la necesidad de analizar cada caso según la edad del adolescente y su contexto familiar.
La discusión no se limita a la estructura de los tribunales. La abogada penalista Candelaria Hernández planteó que la reforma puede quedar reducida a una respuesta punitiva si no existe una política estatal complementaria. En ese sentido, afirmó: “Si no se acompaña su implementación con políticas de prevención en las escuelas, en los barrios, con equipos interdisciplinarios, con el fortalecimiento de las familias y oportunidades reales de inclusión, el riesgo es terminar judicializando situaciones mucho más complejas que un hecho delictivo”.
Para Hernández, el abordaje debería incorporar políticas vinculadas con el desarrollo integral de los adolescentes y no concentrarse únicamente en la respuesta penal.
El expediente de Lomas de Tafí aparece así como una primera muestra de las consecuencias prácticas del nuevo régimen en Tucumán. La Justicia podrá intervenir desde los 14 años incluso ante delitos de menor escala, pero el cambio también obliga a revisar recursos, especialización y mecanismos de prevención.
La implementación abre, de esta manera, un doble desafío para la provincia: adaptar el funcionamiento de la Justicia a un mayor número de procesos juveniles y evitar que la respuesta penal se convierta en la única herramienta frente a los conflictos que involucran a adolescentes.
