Beneficiarios de la Obra Social del Personal de la Industria Azucarera (OSPIA) denunciaron serias irregularidades en la prestación de servicios esenciales y en la administración de los recursos del organismo. El reclamo se tramita en la Justicia Federal a partir de una denuncia penal presentada por José Manuel Quesada contra el presidente de la entidad, Juan Ramón Correa, el tesorero Carlos Castillo y otros directivos, por presunta administración fraudulenta y malversación de fondos. Según la acusación, desde 2021 habría funcionado un esquema de desvío de aportes de los trabajadores azucareros hacia firmas privadas vinculadas a allegados de la conducción, mediante sobrefacturación médica, proveedores fantasma, extracciones en efectivo y movimientos patrimoniales injustificados.
La causa adquiere especial gravedad al contrastar las sospechas financieras con la severa pérdida de cobertura que sufren los afiliados. De acuerdo con registros de la Superintendencia de Servicios de Salud, OSPIA redujo su padrón de 60.000 a 20.000 afiliados, pese a haber percibido más de $7.000 millones durante 2026 a través del Fondo de Integración para Discapacidad. Familias afectadas señalaron que deben interponer amparos judiciales para frenar desafiliaciones arbitrarias —incluso en casos de pacientes electrodependientes o postrados— y denunciaron demoras sistemáticas en el pago a prestadores que ponen en riesgo la continuidad de los tratamientos.
