La discusión por el futuro de los biocombustibles volvió a ocupar un lugar central en Tucumán. La II Cumbre de Bioetanol reunió a funcionarios, legisladores, empresarios y especialistas. El encuentro dejó una conclusión clara: el sector considera agotado el actual marco normativo y reclama una nueva ley que permita ampliar la producción, atraer inversiones y sostener el empleo.
Sin embargo, el debate legislativo enfrenta un obstáculo. Las diferencias entre los distintos actores de la cadena del biodiésel trabaron el consenso necesario para avanzar con un proyecto integral. Frente a ese escenario, los representantes del bioetanol ya pusieron sobre la mesa una alternativa: separar la discusión y avanzar con una ley específica para el etanol.
La posibilidad tomó fuerza durante los distintos paneles de la cumbre. Tucumán, Salta, Jujuy y Córdoba coinciden en la necesidad de una reforma. El reclamo une a las provincias vinculadas a la producción de alcohol a partir de la caña de azúcar y a las regiones que elaboran bioetanol con maíz.
Tucumán y el peso de la industria sucroalcoholera
La senadora nacional Beatriz Ávila planteó la necesidad de actualizar las reglas para una actividad que ganó peso dentro de la economía tucumana durante los últimos años.
La legisladora recordó la experiencia del Plan Alconafta y el posterior desarrollo del marco legal para los biocombustibles. También expuso cifras que reflejan la expansión del sector. En los últimos 15 años, la superficie de caña de azúcar pasó de unas 280.000 hectáreas a cerca de 420.000 hectáreas.
Según los datos expuestos durante la cumbre, la producción de alcohol se triplicó en la zafra 2025 y el bioetanol absorbió el 25% de la materia prima del sector sucroalcoholero, con una participación superior al 29% en los ingresos brutos de la actividad.
Ávila defendió una suba del corte obligatorio de bioetanol en las naftas hasta el 18%, por encima del porcentaje incluido en otras propuestas. También recordó el impacto que tuvieron decisiones tomadas desde el poder central sobre la industria azucarera del Norte.
El debate adquiere especial importancia para Tucumán. La producción de azúcar y alcohol sostiene una extensa cadena económica y laboral. Por eso, los referentes del sector insisten en que una modificación de la ley debe contemplar las particularidades regionales y garantizar previsibilidad.
Un plan B para no quedar atrapados en la discusión
Patrick Adams, referente de la Cámara de Bioetanol de Maíz, fue uno de los dirigentes que expresó con mayor claridad la preocupación por la demora parlamentaria.
“Esta vez lo que vamos a pedir claramente es que se trate una ley de bioetanol, que se desdoble el proyecto. Que incluya todo lo que es la mezcla exclusivamente para el etanol, que establezca lo que ya discutimos con el Gobierno nacional, con los legisladores y con Patricia Bullrich (autora del proyecto principal)”.
El planteo apunta a separar al bioetanol de las diferencias que existen dentro del negocio del biodiésel. Adams sostuvo que el sector del etanol ya logró acuerdos con otros actores de la cadena y cuestionó que esa falta de consenso termine por frenar todo el proyecto.
“Si el sector no logra un consenso que permita un tratamiento legislativo, no te digo unánime, pero que fluido, nosotros vamos exclusivamente por el proyecto de etanol y vamos a impulsar ese que sabemos que tiene consenso absoluto y total (de Bullrich)”, afirmó.
En ese sentido, remarcó que el bioetanol cuenta con respaldo para avanzar en un esquema que contemple un aumento de los cortes, la incorporación de vehículos flex y un mercado libre por encima del porcentaje obligatorio.
El modelo brasileño apareció como una de las principales referencias. Adams destacó que el desarrollo de los vehículos flex permitió ampliar de forma considerable la demanda de etanol. Además, el proyecto en debate habilitaría programas específicos en cada provincia.
“Tucumán, Salta, Jujuy van a poder establecer, por ejemplo, un E17 para la provincia. Van a poder mandar todas sus flotas oficiales al etanol, van a poder transformar su flota a autoflex”, explicó.
El biodiésel, el principal obstáculo
Las dificultades no están relacionadas con la necesidad de aumentar los cortes obligatorios. Según Verónica Geese, asesora y ex secretaria de Estado de Energía de Santa Fe, ese punto cuenta con acuerdo dentro de la actividad.
El problema aparece en otro terreno. La estructura de la cadena del biodiésel presenta diferencias entre grandes y pequeñas empresas, además de relaciones comerciales más complejas entre productores y proveedores de materia prima.
“Dentro de la cadena hay productores de biodiesel que son a la vez proveedores de la materia prima para fabricar biodiesel de otras empresas. Entonces, esa falta de similitud entre el bioetanol y el biodiesel hace que para el biodiesel sea más difícil ponerse de acuerdo”, sostuvo.
Geese advirtió que la reforma debe evitar daños sobre la estructura productiva durante una etapa de transición. “Entonces, con una ley de transición ¿por qué destruir industria?”, planteó.
También reconoció que la situación política en el Senado sumó incertidumbre al tratamiento del proyecto. “Hoy el Gobierno nacional tiene ese proyecto en la mesa. Hay que ver si ellos quieren avanzar”, afirmó.
El diputado nacional Andrés Leone también consideró que el conflicto del biodiésel no debería bloquear una salida para el resto de los biocombustibles. “Tiene que haber un plan B, porque un biocombustible no puede frenar el desarrollo de otro”, expresó.
La experiencia internacional y una oportunidad para el Norte
El escenario global reforzó los argumentos a favor de una nueva legislación. Durante la cumbre, especialistas de Brasil y de la región analizaron el avance de los combustibles renovables y el crecimiento de la demanda internacional.
Marcia Valeria de Souza Alves, coordinadora de Etanol y Biometano del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, recordó que el desarrollo del etanol en su país nació como respuesta a la crisis petrolera de la década de 1970.
“El etanol comenzó por necesidad; en la crisis del petróleo del 79 el país enfrentaba una fuerte dependencia energética externa y el etanol fue utilizado como alternativa para reducir nuestra vulnerabilidad”, explicó.
Para la funcionaria brasileña, la discusión excede la cuestión ambiental. “Diversificar las fuentes de energía no es apenas una cuestión ambiental: es también una cuestión económica y de soberanía energética”.
Agustín Torroba, secretario ejecutivo de la Coalición Panamericana de Biocombustibles Líquidos, destacó el crecimiento de la producción agrícola y cuestionó el histórico enfrentamiento entre alimentos y energía.
“Las materias primas crecen mucho más rápido que la población, dejando atrás ese viejo debate de Europa de alimentos versus energía”, sostuvo.
También puso el foco en las posibilidades que tiene el Norte argentino. La disponibilidad de maíz y caña, junto con las ventajas de transporte y la infraestructura industrial existente, abre una oportunidad para ampliar la producción de alcohol.
“El alcohol está en el norte versus la nafta que hay que mover más de mil kilómetros; hay claramente una ventaja de renta de localización”, señaló.
La expansión de los combustibles sostenibles para la aviación también aparece como una posibilidad a futuro. Torroba afirmó que la demanda mundial puede crecer de forma significativa durante las próximas décadas.
La Cumbre de Bioetanol dejó así una presión concreta sobre el Congreso y el Gobierno nacional. Tucumán y las provincias productoras reclaman una definición. Si el biodiésel no logra resolver sus diferencias, el sector del etanol ya prepara su propio camino para evitar que la nueva ley vuelva a quedar paralizada.
