Según publicó Clarín, la jefa del oficialismo en el Senado busca recomponer el diálogo con el PRO, el radicalismo y los sectores provinciales. La intención es convocar a una sesión para la última semana de agosto, con la Ley Hojarasca como uno de los principales proyectos y con la posibilidad de sumar más de 60 pliegos judiciales.
Sin embargo, los aliados pretenden que el temario también contemple sus propias iniciativas. El reclamo expone una tensión cada vez mayor dentro del esquema que sostiene al oficialismo en el Congreso: los bloques dialoguistas aportan votos para las iniciativas de la Casa Rosada, pero ahora exigen espacio para sus proyectos.
Tucumán ya le puso un límite al Gobierno
El antecedente más reciente fue la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. El Senado convirtió en ley el proyecto con 37 votos a favor y 33 en contra, pero el oficialismo tuvo que retirar dos capítulos del texto original para conseguir la mayoría necesaria.
Primero quedó afuera la reforma que flexibilizaba la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Después, durante el debate, también se eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego. Las dos decisiones estuvieron vinculadas con la falta de votos que enfrentó el oficialismo y con la resistencia de gobernadores y senadores de distintos bloques.
En ese episodio, las senadoras tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila tuvieron un papel central. Antes de la votación, el gobernador Osvaldo Jaldo había anticipado que ambas rechazarían la iniciativa y había fijado una postura contundente contra la posibilidad de ampliar la participación de capitales extranjeros en la compra de tierras argentinas.
«Yo lo que creo que la gente puede venir a invertir, lo que no se puede venir a apropiar de nuestras tierras», sostuvo Jaldo. La posición del gobernador se combinó con el rechazo de las senadoras tucumanas y con las objeciones de otros mandatarios provinciales, un escenario que dejó al Gobierno sin los votos para sostener el capítulo sobre tierras.
El oficialismo terminó por retirar esa parte del proyecto antes de la votación. Luego, Beatriz Ávila y Sandra Mendoza votaron en contra de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que finalmente quedó limitada a las reformas sobre desalojos, expropiaciones y digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble.
La discusión sobre el Manejo del Fuego siguió un camino similar. Durante el debate, el Gobierno comprobó que tampoco reunía los apoyos suficientes para modificar ese régimen y decidió retirar el capítulo antes de la sanción. De esta manera, la ley que impulsó el oficialismo perdió dos de los puntos más cuestionados de su versión original.
El reclamo de Sandra Mendoza
Ese antecedente adquiere relevancia frente al escenario que describe Clarín para las próximas semanas. La senadora Sandra Mendoza, hoy más cercana al gobernador Osvaldo Jaldo, aparece ahora entre los legisladores que impulsaron reclamos vinculados con el endeudamiento y que buscan que esos temas tengan lugar en la agenda del Senado.
El planteo surgió desde Convicción Federal, a partir de una iniciativa del senador catamarqueño Guillermo Andrada. La propuesta recibió el acompañamiento de la jujeña Carolina Moisés y de Mendoza, en un reclamo que busca que el Gobierno explique su política de endeudamiento y sus efectos sobre distintos sectores de la economía.
En paralelo, el peronismo también busca avanzar con un régimen de desendeudamiento y una emergencia crediticia por 24 meses. A eso se suman iniciativas sobre pequeñas y medianas empresas y financiamiento para infraestructura, en una agenda que pretende incorporar cuestiones económicas y sociales a la discusión parlamentaria.
La participación de Mendoza vuelve a colocar a Tucumán dentro de una negociación nacional en la que los bloques provinciales buscan mayor margen frente a la Casa Rosada. El reclamo llega después de una votación en la que las senadoras tucumanas ya mostraron que no necesariamente acompañarán las reformas impulsadas por el oficialismo.
Beatriz Ávila también reclama una agenda propia
El otro nombre tucumano que aparece en el informe de Clarín es el de Beatriz Ávila, quien presentó un proyecto sobre biocombustibles junto con José Carambia, Natalio Gadano, Alejandra Vigo, Carlos Espínola y Flavia Royón.
El reclamo forma parte de las iniciativas que los bloques provinciales pretenden incorporar al temario del Senado. El Gobierno también presentó una propuesta para modificar el régimen vigente, con un aumento de los cortes obligatorios de biodiésel y bioetanol y una extensión del marco regulatorio hasta diciembre de 2031.
El debate tiene una importancia particular para Tucumán por el peso de la industria azucarera y del bioetanol en la economía provincial. Ávila, senadora que le reporta de manera directa al gobernador tucumano, busca que el Senado discuta una iniciativa propia sobre el sector, en lugar de limitarse al proyecto elaborado por la Casa Rosada.
Su posición también debe leerse a la luz de lo ocurrido con la Ley de Inviolabilidad. La senadora tucumana no acompañó la sanción de esa norma y, antes de esa votación, junto con Mendoza, sostuvo el rechazo al capítulo sobre la venta de tierras rurales a extranjeros.
El Gobierno necesita votos, pero los aliados quieren condiciones
El problema para Bullrich no pasa solo por conseguir mayorías. También debe evitar que los bloques que hasta ahora facilitaron el funcionamiento del Senado se conviertan en un obstáculo permanente para la agenda oficial.
El radicalismo reclama espacio para sus proyectos. El PRO pretende avanzar con Ficha Limpia. Los sectores provinciales presionan por biocombustibles y otros senadores buscan incorporar iniciativas sobre financiamiento, infraestructura y pequeñas empresas. La Casa Rosada deberá negociar si pretende sostener una agenda legislativa que depende de acuerdos con fuerzas que no integran el oficialismo.
Dentro de las propias filas libertarias también aparecen diferencias frente a algunas reformas impulsadas por Federico Sturzenegger. La modificación de la Ley de Sociedades, por ejemplo, genera resistencia entre senadores libertarios y aliados, lo que anticipa nuevas discusiones dentro de las comisiones.
La situación adquiere mayor peso político porque el Gobierno necesita sostener una mayoría legislativa si pretende avanzar con nuevas reformas y construir un escenario favorable para la reelección de Javier Milei. Los aliados, por su parte, ya demostraron que pueden condicionar el contenido de los proyectos cuando consideran que afectan intereses provinciales.
Un senador aliado resumió el malestar con una frase que expone la tensión interna: «El Gobierno no manda un proyecto para la gente. La verdad es que no sé cómo esperan que Milei sea reelecto con esta estrategia», según publicó Clarín.
La discusión recién comienza, pero Tucumán ya dejó una señal en el Senado. Sandra Mendoza y Beatriz Ávila no acompañaron la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y su posición formó parte del escenario que obligó al Gobierno a retirar los capítulos sobre extranjerización de tierras y Manejo del Fuego. Ahora, ambas vuelven a aparecer en una negociación donde los aliados reclaman que la Casa Rosada también escuche y trate sus propios proyectos.
