El Ministerio de Seguridad de Tucumán deberá destinar más de $18,3 millones para disponer de apenas cuatro baños químicos en el Complejo Penitenciario Benjamín Paz. La contratación fue solicitada por el Servicio Penitenciario Provincial y quedó bajo análisis del Tribunal de Cuentas.
La operación quedó registrada en el Acuerdo N° 2773 del organismo de control. La empresa seleccionada para prestar el servicio es Basani – Bybsa S.A., que cobrará por el alquiler de las cuatro unidades destinadas “al uso de las personas que concurren diariamente” al establecimiento penitenciario.
El esquema establece un precio inicial de $320.650 mensuales por cada baño químico. El contrato tendrá una duración de 12 meses y contempla una actualización trimestral del 12%. Con ese mecanismo, el desembolso total previsto llega a $18.389.898,28.
La cifra abrió un interrogante sobre la relación entre el gasto y la alternativa de construir sanitarios permanentes. Con el mismo monto, la Provincia podría afrontar una obra de dimensiones reducidas que quedaría como infraestructura propia una vez finalizada la contratación.
De acuerdo con los valores publicados por la revista Arquitectura y Construcción, el costo del metro cuadrado construido con el sistema tradicional húmedo en Tucumán alcanzó los $2.167.306 en julio de 2026. Si se toma ese valor como referencia, los casi $18,4 millones destinados al alquiler equivalen al costo de unos 8 metros cuadrados de construcción.
A esto se suma otro dato. Especialistas del sector consultados por este medio estimaron que un baño básico puede construirse por algo más de $4 millones. “Si es público, te puede costar eso y sigue siendo de buena calidad”, explicó uno de los profesionales, que pidió mantener su identidad en reserva.
Otros cálculos vinculados con la construcción desde cero de baños domésticos, con materiales de primera calidad, también ubicaron el costo en valores similares a los que demanda el contrato anual de las cuatro cabinas.
La diferencia aparece en el largo plazo. El alquiler implica un gasto que deberá repetirse si la necesidad persiste, mientras que una obra de infraestructura quedaría incorporada al patrimonio provincial. Por eso, la contratación del Ministerio de Seguridad vuelve a poner bajo la lupa la conveniencia de destinar fondos públicos a soluciones temporales frente a alternativas de carácter permanente.
En este caso, los $18,3 millones no corresponden a una obra ni a la adquisición de equipamiento: representan el costo de un año de alquiler de cuatro baños químicos, con una cláusula de actualización que eleva de forma considerable el valor inicial del servicio.
