Los escándalos por los oscuros negocios de la Caja Popular de Ahorros durante la gestión cisnerista no terminan nunca. Pero ahora el involucrado es uno de los abogados más prestigiosos de la Argentina, el ex Procurador del Tesoro durante el gobierno de Mauricio Macri, Bernardo Saravia Frías. Este letrado, quien según el diario La Nación tuvo “un rol fundamental en la estrategia jurídica argentina en la causa por YPF” que terminó en una de las mejores noticias en la historia de los litigios argentinos en los Estados Unidos, aparece ahora en una causa que habría causado un millonario perjuicio a la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
El Tribunal de Cuentas de la provincia declaró la nulidad absoluta e insanable de un contrato por 300.306.456,75 pesos celebrado entre la Caja Popular de Ahorros y el estudio Saravia Frías Abogados S.C. La contratación, impulsada durante la gestión anterior vinculada al diputado Carlos Cisneros, fue calificada por el organismo de control como de “actividad judicial inexistente, superpuesta y/o de imposible cumplimiento”, según publicó El Tucumano.
Según el Acuerdo N° 2855 del Tribunal de Cuentas, el contrato se formalizó el 10 de diciembre de 2024 mediante la Resolución N° 032/25, suscripta por el entonces subinterventor Miguel Darío Amatti y el gerente general interino Pablo D. Díaz Sanche. El objeto era la representación de la entidad ante el Banco Central de la República Argentina para impugnar una multa de 108 millones de pesos ya abonada con anterioridad y gestionar trámites vinculados a servicios de pago (PSP y PSC). La auditoría determinó que esos trámites son gratuitos, virtuales y de libre acceso, sin requerir presencia física ni honorarios de esa magnitud. Los valores horarios pactados resultaron cinco veces superiores a los del sumario y los honorarios, fijados en dólares, superaron el monto de la propia sanción.
Qué dice el Acuerdo N° 2855 del Tribunal de Cuentas
El 6 de agosto de 2026 el Tribunal de Cuentas de Tucumán tomó conocimiento de la Resolución de Intervención N° 504/26, que declaró la nulidad absoluta e insanable del contrato celebrado con el estudio Saravia Frías Abogados S.C. y ordenó la inmediata suspensión de todo pago.
Según el propio organismo de control, se abonaron efectivamente $300.306.456,75 al estudio porteño. El total facturado superó los $308 millones, de los cuales más de $7 millones correspondieron a traslados y viáticos (con facturas por $3.087.912,08 que ni siquiera obran en el expediente).
El Tribunal destaca que los honorarios se pactaron en dólares y resultaron sustancialmente superiores a la multa de $108 millones que el estudio debía impugnar… y que ya había sido pagada antes de la contratación. Además, se cobraron costos por trámites ante el Banco Central que son gratuitos y virtuales, a un valor horario aproximadamente cinco veces mayor al del propio sumario.
Entre los vicios señalados figuran: falta de competencia de los funcionarios que firmaron el contrato, improcedencia de la contratación directa sin motivación suficiente, elusión deliberada del control preventivo y, especialmente, ausencia de prueba alguna de que se hayan prestado servicios reales, útiles y comprobables. La propia Caja Popular calificó la actividad como “judicial inexistente, superpuesta y/o de imposible cumplimiento”.
El Tribunal de Cuentas se reservó expresamente el examen de las responsabilidades patrimoniales y exigió la remisión completa de las pruebas y de la información sumaria una vez concluida, a fin de determinar el eventual perjuicio al erario público.
El Tribunal detectó, además, superposición de tareas con el abogado Fernando Maresca, que prestaba servicios similares por honorarios inferiores, y irregularidades en gastos de logística: de más de 7 millones de pesos liquidados por traslados y viáticos, faltan facturas por 3.087.912,08 pesos. La actual intervención de la Caja Popular, a cargo de Guillermo Norry, ordenó una información sumaria para determinar responsabilidades disciplinarias y el Tribunal exigió la remisión de pruebas para eventuales juicios de responsabilidad patrimonial.
Quién es Bernardo Saravia Frías
Bernardo Saravia Frías es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, con máster en Derecho Empresarial por la Universidad Austral, Master of Laws (suma cum laude) por la University of Illinois y estudios de especialización en derecho comparado en Harvard Law School. Fue Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Hacienda y, entre 2017 y 2019, Procurador del Tesoro de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri. En ese cargo dirigió el Cuerpo de Abogados del Estado, integrado por más de cinco mil letrados, y tuvo intervención en cuestiones jurídicas estratégicas para el país, entre ellas la defensa en arbitrajes y litigios de alta complejidad, incluido el caso YPF en Nueva York (ver perfil en su sitio oficial).
En el ámbito privado es socio del estudio Saravia Frías Abogados, especializado en derecho constitucional, administrativo, regulación económica y financiera. Ha liderado reestructuraciones de deuda y defensas de acciones de clase. Es profesor de Derecho Constitucional Profundizado, Derecho Empresario y Derecho Bancario en la Universidad Austral y autor de libros y artículos sobre derecho público y políticas públicas.
En noviembre de 2025, Saravia Frías presentó un escrito institucional respaldando el pedido de juicio político contra el ministro fiscal Edmundo “Pirincho” Jiménez, impulsado en el marco de la causa Vélez. El letrado ya mantenía una relación profesional previa con Cisneros: el mismo año había patrocinado al diputado en una demanda contra el Estado Nacional, el ENRE y Transnoa S.A. por las torres de alta tensión en el predio del Club Banco Provincia, según documentó El Federalista. En columnas de opinión publicadas en La Nación ha defendido el disenso y la libertad de expresión como virtudes democráticas, aunque su intervención en la campaña nacional contra Jiménez omitió toda referencia a las investigaciones que pesaban sobre el propio Cisneros.
El entramado de abogados del cisnerismo
La misma red de letrados aparece en otras operaciones de la Caja Popular. El estudio Iezzi y Barone, de Gabriel Iezzi —columnista de Eduardo Feinmann en Radio Mitre y amigo declarado de Cisneros—, fue contratado por la gestión anterior para defender a la entidad en la demanda del exjugador Adrián Arregui, que reclama más de 450 millones de pesos (actualizables a más de 1.000 millones) por una lesión de 2019. El estudio no contestó la demanda ni invocó la falta de competencia del Tribunal del Trabajo de Quilmes, lo que generó, según la intervención actual, una situación de “indefensión total”. Los letrados atribuyeron la omisión a un “error involuntario”. La Caja ya había abonado más de 11 millones de pesos a otro exjugador, Santiago Tomás Basualdo, sin póliza, porque los futbolistas de San Martín nunca estuvieron asegurados por la ART provincial. La intervención de Guillermo Norry presentó denuncia penal por presunta asociación ilícita ante la Unidad Fiscal de Delitos Complejos (ver nota completa en El Federalista).
En la causa Vélez —la investigación por el armado de una denuncia de abuso sexual contra exjugadores de Vélez Sarsfield—, el abogado Fernando Burlando se sumó en diciembre de 2025 a la querella de Lourdes Parache, alineada con Cisneros y la abogada Patricia Neme. Burlando, de alta exposición mediática, juró ante el Colegio de Abogados de Tucumán y amenazó con una intervención federal a la provincia si se avanzaba contra el diputado. La Justicia investiga a Cisneros, Neme y otros por asociación ilícita, falso testimonio, estafa procesal y trata de personas con fines de explotación sexual. Neme, jefa de la Asesoría Letrada de la Caja Popular, figura además como abogada en sociedad con Saravia Frías en la demanda del Club Banco Provincia contra Transnoa, el ENRE y el Estado Nacional. Tanto Neme como el exinterventor José César Díaz percibieron sueldos durante licencias psiquiátricas mientras ejercían la abogacía privada.
Saravia Frías renunció en julio de 2026 a la representación de la Caja Popular ante el Banco Central, alegando falta de pago y parálisis de directivas de la nueva conducción. La versión fue difundida por Enterate Noticias, medio propiedad de Cisneros, que calificó la gestión del estudio de “éxito rotundo”. El Tribunal de Cuentas, en cambio, concluyó que se trataba de un contrato de imposible cumplimiento, celebrado eludiendo la licitación pública y el control preventivo, y destinado a abonar honorarios por gestiones que el propio Estado ofrece en forma gratuita y virtual.
